Ejecutivo

La reciente vigencia de la ley 27.401, que atribuye -por primera vez- en nuestro ordenamiento jurídico, responsabilidad penal por la comisión de ciertos delitos contra la Administración Pública y el soborno transnacional, sobre las personas jurídicas privadas, ha impactado significativamente en el mercado de negocios Argentino, al imponer a tales entidades la adopción de una serie de políticas y procedimientos internos tendientes a la prevención, detección y remediación de irregularidades y posibles prácticas corruptas en las que aquellas hubieran tomado intervención (por acción u omisión), ya sea en forma directa (a través de sus administradores o representantes), o mediante la actuación de “terceros” (socios de negocios o intermediarios), según el caso.

Este nuevo Programa Ejecutivo, concentrado en cómo tales entidades deberían (con prescindencia que persigan -o no- un fin de lucro) adecuarse a los principales pilares que ha estatuido esta legislación, se enfocará en el análisis de sus principios, como también en identificar cuáles aspectos debería incluir el diseño e implementación de un programa de integridad anti-corrupción. Responderá, entre otros, a los siguientes interrogantes:

  • ¿Cuáles son los pilares sobre los que se sustenta la aplicación de la nueva legislación?;
  • ¿Cuáles incentivos generaría la adopción de una estrategia de cumplimiento por parte de las personas jurídicas privadas locales, en el ámbito de su organización interna, mediante el diseño e implementación de un programa de integridad anti-corrupción?;
  • ¿Cuáles son los escenarios de atribución de responsabilidad penal contra los entes ideales -al amparo de la ley 27.401-, que abarcaría dicha legislación?;
  • ¿Qué elementos podría incluir estructuralmente un programa de integridad anti-corrupción?;
  • ¿Cómo debería instrumentarse un proceso por el cual se implemente por primera vez un programa de integridad anti-corrupción en el ámbito de una compañía PYME Argentina?;
  • ¿En qué consistiría la celebración de un “acuerdo de colaboración eficaz”, y cuáles serían sus consecuencias jurídicas?; y,
  • ¿Cuáles aspectos de índole estrictamente penal deberían evaluarse, ante la circunstancia que las personas jurídicas privadas locales sean investigadas y juzgadas en forma independiente con relación a la situación de aquellas personas humanas que hubieran actuado como autores o partícipes necesarios en la comisión de alguno de los delitos comprendidos por la ley 27.401?

¿Quiénes podrían participar?

Profesionales con diversos perfiles de formación que decidan adquirir conocimientos y una capacitación inicial en temas de “cumplimiento” de esta nueva legislación anti-corrupción, a los fines de su implementación en el ámbito interno de personas jurídicas privadas locales. Citamos -además- en forma no taxativa los casos de empresarios, emprendedores, administradores societarios, abogados, contadores públicos, “oficiales de cumplimiento” (compliance officer) en materia anti-corrupción, representantes de Cámaras Empresarias y organizaciones no gubernamentales (ONG), entre los de mayor relevancia.