La corrupción y la desigual distribución de la riqueza

Clarín. 1º de abril de 2018.

La corrupción atraviesa la sociedad. "Pero sus costos lo soportan los más pobres", dice la autora.

No resulta tan fácil definir la corrupción argentina, salvo en las situaciones más evidentes, dado que los comportamientos de los implicados varían y, en general, se ocultan de la vista de la población. Y, a pesar de que la mayoría de los análisis están referidos a instituciones gubernamentales y a sus integrantes, en cuyo ámbito se radica el mayor número de casos y también los más relevantes, se generan también casos de corrupción entre particulares, lo cual, por cierto, amplía los efectos de este fenómeno. Y este tipo de situaciones no son consideradas en las políticas orientadas a la lucha contra la corrupción.

En una encuesta realizada en octubre pasado, que recolectó más de 800 opiniones de ciudadanos de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, surgió que uno de cada dos habitantes piensa que la corrupción es inevitable, y que su principal causa es la deshonestidad de la sociedad en general. Curiosamente, la autopercepción de la muestra sobre su propio nivel de corruptibilidad fue sustancialmente diferente de la percepción transmitida cuando debió opinar sobre qué haría el resto de los habitantes en determinadas situaciones. Por ejemplo, ante la posibilidad de sobornar a un policía para evitar una multa, el 76% de la gente declaró que acepta la multa y la recibe sin intentar sobornarlo, mientras asevera que 8 de cada 10 de sus conciudadanos sobornarían al policía.

Veamos algunos casos locales para tomar dimensión de una muestra del dinero en cuestión. Actualmente Vialidad Nacional inició una demanda por daños y perjuicios contra Cristina F. de Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez (entre otros imputados) por la suma de $22.500 millones, a modo de resarcimiento por el daño originado en el desvío de fondos a favor de Austral Construcciones desde 2005 a 2015, sin ningún tipo de avances en las obras acordadas.

YPF contrató con Odebrecht una obra para construir una planta en Ensenada entre 2009 y 2013, con una subcontratación que elevó el costo inicial de US$190 millones a US$285 millones (aumento desmentido por la gestión Galuccio) y con un premio “final de obra” para el sindicato.

Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray (AFIP) defraudaron al Estado al no abonar a la AFIP el Impuesto a la Transferencia de Combustible, para la empresa Oil Combustible SA, por $8 mil millones que, por los recargos, intereses y multas, AFIP estima ahora en $17 mil millones.

La ramificación del fenómeno En Argentina se ha escuchado y visto bastante acerca de la corrupción en el sector público, con casos referidos a sobornos de funcionarios nacionales, extranjeros o pertenecientes a organizaciones internacionales; a la malversación y otras formas de desviación de recursos públicos por parte de un funcionario; a tráfico de influencias; abuso de poder en el ejercicio de las funciones propias del funcionario; el enriquecimiento ilícito; sobornos en el sector privado; blanqueo o lavado de bienes ilícitamente obtenidos por el funcionario y sus asociados.

A esta enumeración, desde ya incompleta, hay que sumarle los actos perpetrados por agentes privados sin intervención del sector público. Entre tales actos podemos mencionar la entrega de sobornos a dirigentes de empresas para obtener contratos y eliminar la competencia; los sobornos u otras prerrogativas para conseguir acceso a información privilegiada que facilite la obtención de algún tipo de beneficio. Y, a un nivel más popular, también caen en este conjunto los arreglos convenidos para definir los resultados de eventos deportivos. Y tampoco deben dejarse de lado los casos de corrupción cometidos por una sola persona.

Todas estas situaciones implican costos que inciden de manera muy negativa en los procesos de desarrollo de la economía. Resultan difíciles de medir pero las estimaciones indirectas, y necesariamente incompletas, indican que son considerables. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estima el costo anual de los sobornos en aproximadamente un 2% del PBI global. Y, en estudios realizados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se incrementaría ese porcentaje al 5%. Eso representa tan solo una parte de los costos, pues los sobornos únicamente constituyen una de las formas posibles de la corrupción.

Análisis basados en los Índices de Percepción de la Corrupción, elaborados por Transparencia Internacional, indicarían que la incidencia negativa en la economía afectaría mayormente a los sectores de menores recursos, menores niveles de conocimiento y menor poder. Dada la ausencia de igualdad de oportunidades para todos, a pesar de la ausencia de estudios y estadísticas, parecería haberse generado una suerte de círculo vicioso entre la corrupción, el reparto desigual del poder en la sociedad y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Retomemos lo señalado en los párrafos anteriores: con una muestra de solo tres casos, enseguida sumamos casi 40 mil millones de pesos que alimentaron aún más este círculo.

De acuerdo con las últimas estimaciones realizadas por Transparencia Internacional para el año 2017, Argentina está en el lugar 85 sobre 180 casos con un valor del índice igual a 39 (el Índice puede variar entre 100, ausencia de percepción de corrupción, y 0, que representa el más elevado nivel de corrupción percibida). Es interesante señalar que Uruguay es el país latinoamericano en la mejor posición (23), con un índice de 70. Le sigue Chile en el lugar 26 con un índice de 67. Brasil, que en el año 2016 superaba a la Argentina con un índice de 40 y en la posición 79, cayó al lugar 96 con un índice de 37. Debe señalarse que Argentina ha ido mejorando levemente su posición respecto de los años anteriores comparables. Respecto de 2016, su índice pasó de 36 a 39 y su posición de 95 a 85.

Estos resultados nos señalan la necesidad de combatir con más fuerza y convicción este fenómeno que afecta la economía del país y la situación de sus habitantes más vulnerables. La corrupción va destruyendo el tejido social de la sociedad y la confianza de la población en el sistema político y en sus dirigentes. Retornando a la encuesta presentada al inicio, un dato muy llamativo de la misma indica que el 30% de la población, bajo el supuesto de poder estar mejor que ahora, estaría dispuesta a tolerar la corrupción.

Parecería que en la Argentina se ha generado una suerte de “cultura de la ilegalidad” generalizada y con tolerancia hacia la misma para grupos que entienden que “la ley no cuenta para ellos”. Una breve síntesis de la percepción de la corrupción de sectores con mayores niveles de corrupción en Argentina indicaría a los partidos políticos, la policía, los funcionarios públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el sector empresario y los sindicatos como claves. No obstante, siempre pueden encontrarse integrantes de esos sectores posibles de ser calificados como honrados, virtuosos e insobornables. Esperemos que la balanza de la ética tienda a inclinarse finalmente hacia estos últimos. Llegó la instancia en donde tenemos que hablar del “ahorro generado” por evitar la corrupción. De hacerlo, estaremos seguros que menos costos económicos por corrupción transitivamente serán menos costos económicos para un real proyecto sustentable de país y para una mayor integración social de su población.