La irracional salida del Acuerdo de París

Clarín. 5 de junio de 2017.

Trump sacará a Estados Unidos del Acuerdo de Paris (AP). Su país es, después de China, el segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero. Se calcula que, aún si se cumplieran los compromisos globales bajo el AP, la temperatura mundial aumentaría al 2100 entre 2,7 y 3,7 grados respecto de la época pre industrial, y no los 2 grados necesarios para que el cambio del clima no tenga consecuencias catastróficas. Por eso, lo que se necesita es más acción y no un golpe en la mesa. Eso queda claro con las declaraciones de figuras como el Papa Francisco y otros presidentes como Merkel o el flamante Macron.

Nadie puede meterse en la cabeza de Trump, pero sí se puede pensar en las posibles consecuencias de su decisión. Algunas de estas permitirían amortiguar la situación.

En primer lugar, esta medida va a poder concretarse el 4 de noviembre de 2020. El artículo 28 del AP señala que recién pasados tres años de su entrada en vigencia (esto fue el 4/11/16), un país puede abandonarlo y, para eso, debe dar un año de preaviso. Las próximas elecciones presidenciales serían el 3 de noviembre de 2020. Para ese momento ya habrá un nuevo presidente electo, que no necesariamente sea el mismo. Aún no es una salida definitiva, pero sí posterga el esfuerzo que debería hacer hoy Estados Unidos.

En segundo lugar, la gobernanza del clima es diversa. No hay una única institución internacional que la defina. Si bien un problema global como este debería ser manejado por un sistema central mundial, las dificultades en ponerse de acuerdo han llevado al advenimiento de todo tipo de instituciones, por ejemplo a nivel de gobiernos subnacionales. Los Estados de California, Oregon, y Washington tienen fuertes políticas de mitigación de emisiones. Estas seguirían vigentes ya que no dependen del gobierno federal.

En tercer lugar, Trump dijo que sale del AP por defender el trabajo en su país. Pero empresas del sector privado como Apple, Shell o Walmart han manifestado su apoyo al AP por considerar que protege su competitividad al balancear los esfuerzos de los distintos países en la acción climática y aclarar las políticas a venir. Puede ser que el presidente no tenga tan claro cuáles son las consecuencias económicas de su decisión. Por ejemplo, dice que defiende a la industria del carbón, pero varios especialistas en energía han dicho que la pérdida de empleos en dicha industria no es atribuible al AP sino a la baja de los precios del gas natural y las mejoras en las tecnologías de energías renovables. Tampoco considera que los productos norteamericanos puedan recibir sanciones comerciales por parte de países más cumplidores. Ese costo económico podría tal vez hacerlo reconsiderar.

Estados Unidos ya había quitado su apoyo al Protocolo de Kyoto porque implicaba compromisos cuantificados de reducción solamente para las naciones desarrolladas y no para todas. Esa barrera había desaparecido con el acuerdo alcanzado en Paris. Ahora Trump logró reconstruirla con la forma de un alto muro.