Venezuela, cada vez más lejos de la democracia

Clarín. 20 de octubre de 2017.

En las elecciones del domingo último, el gobierno de Venezuela declaró la victoria en 17 de los 23 cargos a gobernadores disputados e informó que el total de votos alcanzó al 54% contra 45% de la oposición. La participación electoral fue del 61%. Podría pensarse que el país es todavía una democracia, con competencia y alternancia entre gobierno y oposición. Pero el ejercicio sirve sólo para consagrar a un ganador predeterminado, el oficialismo.

La democracia política moderna integra a los gobernantes, que ejercen autoridad con reglas que obligan a rendir cuentas de sus acciones. También a los ciudadanos, esenciales en la medida que el mayor número posible puede ejercer sus derechos políticos libremente. Y, por supuesto, elecciones competitivas regulares, realizadas de modo imparcial y contabilizadas honestamente. La población debe tener, además, libre acceso a la información sobre las alternativas. Si estos atributos están ausentes, falta democracia y las elecciones se traducen en simple “electoralismo”.

La grave crisis económica de Venezuela produjo en diciembre de 2015 un giro político de gran magnitud. El chavismo fue derrotado en las elecciones legislativas. La oposición obtuvo 56,2% de los votos frente al 40,8% del oficialismo, con 74% de participación electoral. Sin embargo, ante una posible derrota, el presidente Maduro prometió defender la revolución “cueste lo que cueste”. Gobernaría en “unión cívico-militar”.

Y cumplió. No aceptó los resultados electorales y este año disolvió la Asamblea Nacional por “desacato”. Con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional Bolivariana, convocó a la elección de una Convención Constituyente.

Para esos comicios cambiaron las reglas electorales y se realizaron sin supervisión internacional: los candidatos representaron territorios y sectores sociales, no podían ser de partidos políticos y necesitaron el aval de firmas para ser habilitados. De 50 mil aspirantes, solo se habilitaron 6.120.

La participación electoral alcanzó al 41,5%. La nueva Constituyente asumió las competencias de la disuelta Asamblea. El calendario electoral continuó antojadizo. A las elecciones no programadas de la Convención en julio, le siguieron las elecciones a gobernador. Debieran haberse realizado en diciembre de 2016 y se reprogramaron para diciembre de 2017. La Constituyente finalmente las adelantó a octubre. Para evitar un resultado desfavorable, se aplicaron masivas políticas clientelares y las autoridades electorales ayudaron clausurando a último momento colegios electorales en áreas con mayorías opositoras.

Además el gobierno, que se retiró en 2012 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recurrió a la represión violenta contra las movilizaciones, y a la persecución implacable de la prensa crítica nacional y extranjera. No sorprende entonces que las elecciones recientes sean cuestionadas: constituyen una mera fachada electoralista mientras Venezuela se aleja cada vez más del verdadero estado de derecho.