Ética pública: el conflicto de intereses, bajo la alfombra

Clarín. 21 de junio de 2018.

Aunque la ley de Ética Pública define claramente la obligación de transparentar todo conflicto de interés que experimenten los empleados de un ente público argentino, casi nadie declara nada.

No conozco código de comportamiento, ética y/o conducta que carezca de un apartado denominado “conflicto de intereses”, y no es casualidad. Si hay una problemática que puede dañar a una organización es el interés personal de alguno de sus integrantes por sobre el de la entidad. Y cuando escribo “alguno” podrían ser varios o muchos. De hecho, el conflicto de interés es uno de los dilemas éticos más comunes de hallar y más difíciles de erradicar.

En una de las muchas investigaciones en las que me ha tocado participar, mirándome fijamente, el defraudador me respondió: “Es obvio, si tengo que elegir entre lo mejor para mí familia o para la empresa, me quedo con mi familia”. Fue la última frase que pronunció, en las instalaciones donde perdió ese trabajo de gerente de Compras, quien hacía pagar a la empresa un 10% más por un material que compraba a una sociedad dirigida por su mujer y su cuñado.

¿Podría suceder esto en sector público? El conflicto de interés es inherente a las relaciones humanas, y no a la calidad de público o privado.

Conflictos van a existir siempre. Lo importante es la transparencia, es decir, la declaración de lo que se haga. Algunos son “aparentes”, y si bien podrían parecer inofensivos, esa apariencia es dañina. También pueden ser “potenciales”: hoy no representan problemas, pero mañana las condiciones podrían cambiar. Por último, los conflictos e interés pueden ser "reales".

Todo esto se resuelve con una eficaz política que, entre otras cosas, pida la revelación de situaciones que podrían representar conflicto, con potencial de perjudicar a la entidad. La revelación de los conflictoses una actividad clave para regular el comportamiento de los integrantes de una organización.

En marzo de 2017 y con dos decretos, el Gobierno estableció el mecanismo para resolver posibles conflictos de intereses en juicios donde el Estado es parte, o cuando existen altos funcionarios relacionados con participantes de una licitación. Esto ocurrió, casualmente o no, tras las duras críticas y pérdida de imagen positiva del gobierno por los casos del Correo Argentino y la venta de MacAir a Avianca.

La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (en revisión desde hace algunos meses, pero plenamente vigente a la fecha), una especie de código de conducta para funcionarios públicos, en su artículo 13 expresa una serie de situaciones que define como “conflicto”, entre las cuales se encuentra “ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”.

También se refiere a la recepción de regalos, utilización de bienes o información del ente u organismo con fines personales, entre otras.

Sin embargo, los conflictos siguen y estadísticamente la mayoría no son declarados ni descubiertos. Las leyes pueden mejorarse, y eso ayudará.

Pero el comportamiento ético, en esencia, no es una cuestión de leyes. Se trata de hacer lo correcto, lo que está bien; ejercer la libertad de decir “no” cuando algo no corresponde. Se debe buscar construir un clima ético, del mensaje de líderes transformacionales dentro de las reparticiones públicas.

Esos que no son simples recopiladores de códigos y políticas firmadas y ya, sino que trabajan sobre valores, ejemplifican con historias, despejan dudas e inspiran a los demás a hacer lo correcto.

* Carlos Fernando Rozen es profesor de UCEMA y director de la Certificación Internacional de Ética y Compliance, que dicta junto con la AAEC