Del default a la búsqueda de inversiones extranjeras

Clarín. 28 de abril de 2016.

¿Qué ocurre cuando un país intenta establecer credibilidad con los mercados internacionales y reinstalarse en el mundo a través de sus proyectos de infraestructura?

Ahora que se ha cerrado el caso de los holdouts, el gobierno de Mauricio Macri ha salido a promover inversiones extranjeras. Se busca alentar la llegada de dólares para estimular la economía y generar trabajo, preferiblemente con tasas de interés bajas. Por esto se ha procurado préstamos de instituciones financieras internacionales para infraestructura.

Otro imperativo es restablecer la credibilidad con inversores privados. Hay un énfasis en las alianzas público-privadas (o PPP, por sus iniciales en inglés). Los PPP pueden ser simples contratos para la provisión de servicios por empresas privadas o esquemas más complejos en los que la empresa devuelve la obra o el servicio al estado después de un tiempo.

¿Qué ocurre cuando un país intenta establecer credibilidad con los mercados internacionales y reinstalarse en el mundo a través de sus proyectos de infraestructura?

Existen antecedentes instructivos, en el mundo, en la región y también en la Argentina. Durante la década del noventa muchos gobiernos implementaron programas privatización, especialmente en áreas de “bienes públicos”, como la infraestructura, o “servicios públicos”, como la energía y las telecomunicaciones. La privatización ofrece la promesa de “matar dos pájaros de un tiro”: se recibe el dinero de la venta y al mismo tiempo se mejora la calidad del servicio. A veces tal promesa se materializó, pero en demasiadas ocasiones el resultado fue pobre: regulación poco eficiente y compromisos de inversión no cumplidos (y a veces, también, precios más altos debido a la quita de subsidios estatales). Las consecuencias incluyeron la reacción de la opinión pública contra los gobiernos, que ya ni siquiera tenían el recurso del control de las empresas estatales.

La toma de decisiones muy rápida, como ocurrió en los noventa, puede producir resultados sub-óptimos en las políticas públicas. Estas consecuencias negativas pueden ser técnicas, económicas y, tal vez más importante, políticas. El fracaso de las iniciativas de PPP generaría enojo en los votantes y cinismo en cuanto a la capacidad tanto del sector privado como del público para llevar a cabo proyectos de infraestructura importantes.

Establecer marcos regulatorios claros y transparentes es clave para evitar estos resultados negativos. Un buen comienzo podría ser un régimen general de asociación estatal-privada que incorpore best practices y otros benchmarks internacionales.

Sin embargo, para evitar que los nuevos PPP tropiecen con las mismas piedras del pasado, debe considerarse que la infraestructura y los servicios públicos son un área de políticas públicas en el que es especialmente importante debatir las prioridades públicas en un proceso democrático y deliberativo. La clave del éxito puede estar en reemplazar el decisionismo de los noventa por un enfoque de construcción de consenso. Las reformas avanzarán más lentamente pero lo harán con mayor solidez institucional, sostenibilidad política y legitimidad social.