El Estado, un violador que nos juzga

El Cronista. 28 de diciembre de 2018.

Desde hace ya mucho tiempo, quizás demasiado, la sociedad argentina ha sobrevivido a un entorno donde lo colectivo ha sustituido a la lo individual. La respuesta del hombre de a pie frente a esta violación de sus derechos individuales ha sido tratar de maximizar su bienestar dadas las restricciones, regulaciones e intromisiones del Estado en su vida.

En otras palabras, el Estado nos ha estado cocinando a fuego lento durante mucho tiempo, tanto, que muchos ya se han acostumbrado a ello y han encontrado mecanismos imperfectos para poder sobrevivir. Este síndrome de Estocolmo donde se confunden la figura de víctima y el victimario nos lleva a considerar como normales situaciones que en otro momento nos parecerían absurdas y descabelladas.

Un Estado omnipresente, como el nuestro, genera incentivos a la aparición de mercados informales como una respuesta racional frente a la imposibilidad de poder disponer de nuestra propiedad y libertad. Este Estado "presente", que la progresía reclama a viva voz, es como un padre hipercontrolador que llega al absurdo de querer arrogarse el absoluto conocimiento sobre lo que deseamos y queremos con nuestras vidas. La respuesta frente al control abusivo de los padres es la mentira.

Es habitual, escuchar que aproximadamente, el 40% de nuestra economía es informal. Este dato que escandaliza a quienes vienen de entornos competitivos, casi ausentes en nuestras latitudes, es la respuesta racional de quienes somos violados sistemáticamente por el sistema impositivo actual.

De esta forma la pretensión de la corporación política de ampliar la base imponible, para apropiarse de la renta del sector privado productivo, mediante medidas como blanqueos o perdones de deudas impositivas, lleva el germen de su propia destrucción puesto que de no existir la economía informal no habría incentivos a generar riqueza o estos serían insuficientes, condenándonos a la miseria.

Hasta ahora, los políticos han llevado las de ganar, dado que con sus engaños y ficciones aprenden rápidamente a decir lo que deseamos escuchar desde la olla en la que nos están cocinando. En términos morales y éticos, un delincuente común es superior a la clase política. Es moralmente superior porque su escala de valores está bien definida para la víctima mientras que la escala de valores de la corporación política es líquida, es decir, se adapta a cada circunstancia, como aquella ley fiscal que dice que los líquidos se adaptan al recipiente que los contiene, es decir, hoy son radicales, mañana peronistas y en una semana se pintaron de amarillo.

Los delincuentes son éticamente superiores porque dada su escala de "valores" son consistentes individualmente con dicha escala, es decir, el ladrón no engaña, su regla es clara, viola la propiedad, la libertad y en algunos casos, incluso la vida. Por el contrario, el político, viola la propiedad, la libertad y en algunos casos la vida, pero recurre a ardides de psicópata social para generar culpa en la víctima. No sólo eso, sino que ha creado un sistema que lo convierte en juez de las mismas violaciones que él mismo causa.