Ética y compliance para el segundo año de gobierno

Infobae. 13 de enero de 2017.

A esta altura muchos en el ámbito profesional, tanto en sector público como privado, saben lo que es compliance. Es por ello que la introducción al presente artículo sólo esbozará una mínima definición (no oficial, tal vez por no existir ninguna bajo esos parámetros): compliance es una función en las organizaciones que se ocupa de la gestión de riesgos de cumplimiento, tanto de aspectos legales como también los temas relacionados con el comportamiento humano y la ética (lo que una organización decide cumplir por sí misma). El cumplimiento de pautas éticas y de comportamiento, y la legislación, son dos frentes de los cuales se ocupa lo que podemos llamar, entonces, en forma más abarcativa "ética y compliance".

En la región, el crecimiento de esta disciplina ha tenido un despegue significativo en los últimos años, apalancado por diversos motivos; uno de ellos es la corrupción. Sabemos que algunos casos de corrupción ligados a la política de los últimos años en nuestro país, de tan groseros que han sido ya se confunden entre expedientes que tramitan en Comodoro Py y los más renombrados programas televisivos de chimentos. De esta forma, uno de los logros más relevantes de nuestra sociedad durante el último año fue que se hablara de corrupción.

¿Es esto suficiente? Evidentemente, no. ¿Esto significa que la corrupción se ha acabado? Naturalmente, no, y no se requiere de ejemplos para afirmarlo. Bajar los niveles de corrupción merece un ejercicio de muchos años y un cambio cultural acompañado de modificación de leyes, condenas aleccionadoras, recupero de activos y, en general, que el corrupto advierta que el costo del delito es más alto que el supuesto beneficio percibido que obtiene al delinquir. Cuando hablamos de costo del delito, nos referimos a una fórmula que multiplica la probabilidad de ser condenado por el impacto que le produce dicha condena.

¿Y entonces qué debe hacer el Gobierno entrando en su segundo año de gestión? Lo primero que debe tener en consideración es que está frente a una oportunidad histórica que no puede ni debe dejar pasar. Que tiene una nutrida tercera línea de defensa cargada de miles de auditores internos en sector público (Sindicatura General de la Nación). No obstante, los compliance officer se cuentan con los dedos de una sola mano (ejemplo, Vialidad), y no llegan a cinco.

Un compliance officer debe educar a todos los colaboradores en pautas de comportamiento ético y, en especial, a los que peor mirada tienen de esta función. Tiene que persuadir a los diferentes integrantes de la organización de que opten por las conductas correctas y cumplan con las políticas pautadas. Es central que actúe como asesor de la dirección y, muchas veces, tenga la última palabra en decisiones estratégicas: "Esto no podemos hacerlo" o "hagámoslo pero de tal o cual forma". Actualmente, vemos que los organismos públicos están más que desamparados de esos guardianes de la reputación organizacional.

Una organización que no gestiona adecuadamente estos posibles problemas tendrá que afrontar sanciones cada vez más severas, tanto a nivel legal como social. Y un organismo público seguirá la misma suerte, ya no quedan dudas de ello. Acciones penales y civiles, eliminación de privilegios fiscales, inhabilitaciones, demandas de accionistas, cuestionamiento mediático e incluso la acción directa de la opinión pública. Si además se sancionara la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas para delitos de corrupción (hoy proyecto presentado en Diputados), compliance sería el escudo con el que las organizaciones contarán, a fin de mitigar riesgos de ser un vehículo para cometer actos criminales y, con ello, estar sujeto a gravísimas penalidades.

El Gobierno debe tomar conciencia de lo que nos ha enseñado Pareto y que, en materia de compliance, está más vigente que nunca: en el 20% de los organismos públicos, en el 20% de los funcionarios, en el 20% de los contratos, en el 20% de los proveedores-contratistas del Estado, se esconde el 80% de los casos de corrupción.

La mencionada ley de responsabilidad penal propone a los privados implementar un programa de integridad (de compliance), con herramientas tales como: función de compliance, código de ética, línea de denuncias, investigación a proveedores y socios de negocios, gestión de riesgos de cumplimiento. Esperamos que advierta que, con sólo reemplazar el 10% de sus auditores internos por compliance officers, la ecuación comenzará a invertirse.