¿Debe eliminarse el déficit fiscal?

Infobae. 24 de marzo de 2017.

Un problema central, que nuestra economía viene arrastrando por años, proviene del déficit fiscal y los vencimientos de deuda. El endeudamiento y la emisión monetaria pueden considerarse su consecuencia. Con Macri, se ha pasado de la emisión descontrolada al endeudamiento.

Frente al problema del déficit, el Gobierno financia la caja fiscal mediante endeudamiento.

¿Tal estrategia es válida? En la medida en que sea sólo un transitorio mecanismo, para ganar tiempo, y siempre cuando el Gobierno vaya aplicando medidas de fondo para reducir el gasto, la estrategia parece viable. Porque tiene patas muy cortas.

Pero la historia argentina muestra la fuerte tendencia de los gobiernos al populismo; concretamente, a dormirse en los momentáneos laureles, abandonándose en el tiempo, sin tomar el toro por las astas. Ya en 1776, Adam Smith escribía: "El arte que más rápidamente aprenden los gobiernos es el de esquilmar el dinero de la gente".

Hoy no hay más lugar para aumentos en la presión tributaria. Por el contrario, debe bajarse.

No se pueden aumentar los impuestos para achicar el déficit. Llega un punto donde cualquier aumento en la presión impositiva se vuelve en contra de la recaudación y, por ende, tiende a incrementar el déficit.

Arthur Laffer mostró que la elevación de las alícuotas impositivas, a partir de un nivel determinado, puede terminar bajando la recaudación. En algunos casos, la reducción de una alícuota podría paradójicamente aumentar la recaudación. Si bien su análisis no responde a una verdad absoluta, la realidad es que contribuye a no caer en la atractiva tentación a resolver los problemas mediante nuevos impuestos.

El caso de los cereales es notorio. Luego de la eliminación de los derechos de exportación, la cosecha de maíz este año se acercará a 38 millones de toneladas, el mayor volumen maicero de la historia, pese a las inclemencias climáticas. Con el trigo también se comprueba un aumento extraordinario. El aumento en las inversiones en tecnologías ha dado sus frutos. Y el mayor movimiento económico, respecto a períodos previos, implica mayor recaudación.

Así las cosas, es necesario consensuar con los gobiernos provinciales y con la oposición una estrategia que permita ir abandonando el endeudamiento a través de una paulatina pero constante reducción del gasto. Se impone, para ello, reducir los planes sociales mediante una mejor asignación, abandonar gradualmente los subsidios a la energía y el transporte y trabajar sobre la posibilidad una reforma administrativa tendiente a racionalizar y redimensionar el aparato estatal. Muy difícil tarea, pero no imposible. Algo que exige, además de convicción, consensos y extrema habilidad política.

Al respecto, la semana muestra una buena noticia. El ministro de Hacienda nacional y sus pares de Economía de las provincias acordaron la redacción de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, para la aplicación de reglas conjuntas de control del gasto tendiente al equilibrio fiscal en 2019 y a "alivianar la carga tributaria". Es un comienzo alentador.

Cuando se sancione la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, probablemente en septiembre próximo, el efecto inmediato será únicamente político, a menos que se opere en serio sobre el gasto público. Porque acá está la madre del borrego.