Ley pyme: los negocios no se hacen por ley

Infobae. 25 de abril de 2017.

En Argentina la actividad parlamentaria está por demás sobrevaluada. Gran parte de la población asigna un valor extraordinario a la sanción de leyes que mejoren el bienestar de la sociedad. Bajo esta creencia, cuantas más leyes sean sancionadas en el Congreso, mayores serán las oportunidades de que Argentina mejore su calidad institucional y finalmente comience a crecer.

Esta afirmación es, en gran parte, falsa. El intrincado sistema legal de Argentina no sólo establece costos administrativos y burocráticos e impositivos muy altos, sino que también presenta asimetrías al designar casi un régimen específico a cada tipo de industria.

Un ejemplo de esto es la reciente sanción de la ley 27264 o ley pyme. El intento de crear un marco legal que posibilite una recuperación productiva de pequeñas y medianas empresas es una alternativa más para establecer un régimen de privilegios de carácter arbitrario que discrimina al resto de las empresas en nuestro país.

Todo marco legal específico que establezca diferencias impositivas, legales y burocráticas sobre una industria en desmedro de otras no es más que un incentivo negativo sobre la economía al minar el equilibrio general. A modo de ilustrar la inoportunidad y la parcialidad de la ley, en su artículo 6 establece una reducción del impuesto al cheque, pero sólo aplicable a las empresas consideradas micro y pequeñas. En primer lugar, la definición es arbitraria y dependerá de cómo un iluminado defina esta clasificación, tornándola caprichosa y hasta casi ridícula. Por otro lado, determina un incentivo a que cualquier empresa no desee crecer más allá de la definición establecida en forma burocrática.

En otra sección de la ley se instruye a los organismos burocráticos a que establezcan una ventanilla única para el pago de impuestos. Nuevamente cabe preguntarse si es necesaria una ley para esto y qué sucede con las empresas no contempladas por la definición grotesca del burócrata.

En el régimen de fomento de las inversiones se establecen deducciones especiales al impuesto a las ganancias y se fijan porcentajes inicuos en relación con los ingresos declarados, que son diferenciales entre industria manufacturera y otras industrias. Y, llamativamente, encontramos que los automóviles son excluidos del régimen.

Con respecto a la devolución de impuestos, se crea un bono fiscal que permitirá la cancelación de impuestos nacionales frente a la posibilidad de tener un crédito fiscal en IVA. Desde ya que esta medida, de corte netamente fiscalista, no es una mejora relativa de un sector. En todo caso es una forma más eficiente para que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recaude sus impuestos.

Finalmente, y para no perder el foco del artículo, podemos destacar que, al crearse el registro de consultores Mipyme, queda claro que el objetivo final de la norma es de carácter impositivo. Mantener un registro de consultores es una forma adicional de establecer estrategias de control fiscal sobre las empresas y sus proveedores, y atenta contra la libertad de contratación y decisión de la propia empresa.

Lo analizado deja en evidencia que el espíritu de la ley atenta contra la libertad, establece criterios despóticos y tiene como finalidad incorporar a las pequeñas y medianas empresas a la vorágine fiscal.

Argentina no necesita nuevos y complejos marcos legales. Argentina necesita derogar leyes, bajar impuestos generalizados y deshacer trabas burocráticas. La intromisión del Estado es tal que hoy es casi imposible sostener un emprendimiento sin considerar seriamente la posibilidad de evadir.

Hasta que la clase política no se percate de que está para allanar el camino de la innovación y el desarrollo, esta ley y todas las de su espíritu sólo servirán para lavar la conciencia de quienes se creen que por decreto se pueden hacer negocios.