La nueva ley de defensa de la competencia

Infobae. 27 de octubre de 2016.

El proyecto para una ley de defensa de la competencia recientemente presentado por el oficialismo tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de los mercados de nuestro país. Para ello crea la Autoridad Nacional de la Competencia e incorpora la posibilidad de sanciones de hasta tres mil millones de pesos ajustables por índices de precios. Se crea, además, la Subsecretaría de Fomento a la Competencia. Al analizar esta nueva iniciativa, cabe focalizar atención no en los objetivos declarados sino en los medios o los procedimientos propuestos. En efecto, los medios a emplear pueden revelar serias deficiencias, aun cuando los objetivos no sean objetables.

El ejercicio de poder de mercado es directamente proporcional a las barreras que existan para el ingreso de nuevos competidores. Si estas barreras son bajas o nulas, toda "renta" a la cual una empresa accede es pasajera: su propia existencia genera un incentivo para ingreso de competidores, con la consiguiente erosión de rentas que esto cataliza. Cabe preguntarse entonces cuáles son los sectores de la economía argentina donde existen barreras de entrada y a qué se deben estas. Una evaluación de este tipo mostrará que en la mayoría de los casos las barreras se ligan con política pública y no con funcionamiento desregulado del mercado. Como ejemplo, la política de impedir cielos abiertos en el transporte aerocomercial, anunciada por el ministro Guillermo Dietrich, resultará en precios más altos para los pasajeros y menor déficit para Aerolíneas Argentinas. No es entonces "el mercado" el culpable, sino disposiciones, en última instancia, de funcionarios del Gobierno.

Las altísimas barreras arancelarias a las que está sujeto el comercio exterior argentino constituyen otra barrera que tiene obvios impactos sobre la competencia en los mercados domésticos. Así, el consumidor local paga precios que en algunos casos duplican o triplican los pagados por los mismos productos por consumidores de países vecinos (Chile y Perú, especialmente). El problema central aquí no es la "ineficiencia" de las empresas nacionales, sino la alta carga impositiva y burocrática que estas enfrentan, factores que se deben, en gran medida, a la necesidad de "proteger" un sector público hipertrofiado. En definitiva, nuevamente es la política pública la responsable de falta de competencia.

Junto con las barreras arancelarias, posiblemente la mayor distorsión a la competencia es la resultante de la legislación laboral existente en nuestro país. No admitir la negociación salarial descentralizada (por empresa) en los hechos implica dar poder monopólico a los gremios, reducir o eliminar la posibilidad de que sean los propios interesados (empresas y sus trabajadores) los que acuerdan condiciones de trabajo. El manejo de obras sociales por parte de los gremios implica, de hecho, una fuerte restricción a la competencia de estas para atraer a sus asociados. Menor competencia resulta en prestaciones no acordes con recursos asignados y desviación de rentas a líderes sindicales. Impedir —como se ha hecho recientemente— que McDonald's emplee jóvenes bajo condiciones de contratación flexibles es otra barrera cuyos costos (en términos de oportunidades perdidas) pueden ser enormes. En efecto, mucho mayores a los que resulten de la "fijación de precios" del yogurt o la polenta por parte de un hipermercado.

El proyecto de ley analizado aquí no resolverá el problema de falta de competencia en la economía argentina, más bien puede agravarlo. Por de pronto, centra atención en aspectos que son secundarios. El problema no es el monopolio de cadenas de hipermercados o empresas de energía, sino —y fundamentalmente— el de los gremios y del propio sector público. El proyecto de ley otorga enorme poder, que puede ser utilizado en forma discrecional. Imponer fuertes multas, regular decisiones de empresas, o directamente cerrarlas, traslada a los funcionarios responsabilidades que bien pueden exceder sus capacidades técnicas o disposiciones morales. Esto no es imposible bajo un Gobierno "razonable", pero puede, por supuesto, alcanzar dimensiones peligrosas en caso de que uno de tinte populista tome las riendas de la conducción del país.