Los (des) incentivos para invertir en la Argentina

La Voz del Interior. 9 de mayo de 2016.

Sin empresas, no hay oportunidades; y sin ellas, no hay crecimiento posible, ya que poco puede suplantar la iniciativa pública a los emprendedores privados.

Uno de los principales desafíos que encuentra el nuevo Gobierno es lograr que la economía se vuelva más competitiva y eficiente, de manera de generar empresas y emprendimientos que redunden en crecimiento y empleo, con empresarios dispuestos a invertir capital con una expectativa de adecuada rentabilidad en función de los riesgos de negocios.

Sin empresas no hay oportunidades, y sin ellas no hay crecimiento posible ya que poco puede suplantar la iniciativa pública a la privada. Sin embargo, ese desafío se choca con la realidad, que pivotea en cuatro grandes dimensiones.

La primera dimensión proviene de los aspectos impositivos. Aunque la presión fiscal se encuentra entre las más altas de la historia como porcentaje del PIB, el Gobierno enfrenta un déficit fiscal originado en la anterior administración, que se monetiza y genera inflación. Esto dificulta, en el corto plazo, cualquier política de reducción tributaria debido a sus posibles consecuencias sociales.

Impuestos nacionales como IVA, Ganancias (que de manera distorsiva se aplica sobre ganancias nominales y no reales); provinciales, como Ingresos Brutos (que en su momento debería haber sido suplantado por el IVA), Inmobiliario y tasas municipales conspiran de manera significativa contra la rentabilidad y, por ende, contra la inversión.

En un análisis que realicé se muestra que el promedio de rentabilidad medida en dólares para un inversor en acciones de empresas locales en los últimos 10 años fue de 4,8 por ciento, mientras que en empresas estadounidenses fue 4,5 por ciento. Con un nivel casi empatado de rentabilidad realizada, ¿dónde preferiría invertir un inversor, en función del riesgo? ¿En Estados Unidos o Argentina? La respuesta es obvia.

En segundo lugar, se considera la generación de trabajo. En aras de defender a los empleados, la legislación dificulta la contratación y se frenan avances tecnológicos que, tarde o temprano, afectarán la manera en la que el común de la gente se desempeña laboralmente. Entonces, la respuesta primitiva es impedir el cambio en lugar de potenciar la educación. Con ese criterio, se seguiría repartiendo leche en carros para que los cuentapropistas dueños de ellos mantengan su fuente de trabajo.

Por otro lado, los costos laborales para quienes están en blanco son significativos, tanto para la empresa como para el empleado (por cada 100 pesos de sueldo, el empleador paga alrededor de 140 y el trabajador recibe 70). Mientras, los beneficios para quienes están en el mercado informal son casi inexistentes.

En tercer lugar, están los costos financieros. Con una inflación de dos dígitos anuales y una moneda débil es imposible construir un mercado de crédito o capitales a largo plazo. Esto dificulta cierto tipo de inversiones que, por su escala, requieren de períodos de tiempo significativos de inversión y repago.

Finalmente, se llega a la dimensión de los costos de transporte. Los costos internos son casi similares a los de mayor distancia al exterior, lo que conspira contra la movilidad de los factores y el aprovechamiento de las oportunidades de negocios.

Como resultado, por ejemplo, los feedlots deben establecerse cerca de los campos de maíz para que el costo de transportarlo no incida demasiado en el de engorde. Esto no significa subsidiar el transporte (ya hemos visto el efecto de los subsidios en el mercado de energía) pero sí apuntar a hacerlo más eficiente y con mayores sustitutos.

Cualquier empresario reconocerá gran parte de sus problemas en estas dimensiones, que de alguna manera explican los (des) incentivos a invertir.

* El autor es director del Departamento de Finanzas de la Universidad del Cema.