Desafíos para la universidad privada

La Nación. 6 de junio de 2016.

El número total de alumnos que cursan estudios universitarios en la Argentina ronda los 1,8 millones, de los cuales 393.000 (o sea algo más del 20 por ciento) están inscriptos en instituciones privadas. En la última década, la matrícula de las instituciones públicas creció menos del 1 por ciento por año, comparado con un 6 por ciento para las privadas. De mantenerse esta evolución, es de esperar el creciente protagonismo de las instituciones privadas en la oferta de educación superior.

El presupuesto total asignado a universidades públicas (2013) fue de 27.000 millones de pesos, equivalentes, al tipo de cambio "libre" del momento, a unos 2500 millones de dólares. El costo por graduado de las instituciones públicas ronda los US$ 40.000, cifra que supera el costo por graduado de la universidad privada más cara de la Argentina. Esta institución privada cuenta con estupendas instalaciones, moderna biblioteca y un destacado claustro académico.

En nuestro país, la universidad privada funciona sobre la base de la matrícula pagada por los alumnos: son inexistentes los programas de aportes públicos, tampoco hay mecanismos de desgravación impositiva para familias con hijos en instituciones privadas ni para empresas que decidan aportar recursos a éstas. La educación universitaria en la Argentina es muy distinta de la existente en los Estados Unidos, donde en la universidad privada múltiples fuentes de financiamiento complementan los pagos realizados por los alumnos.

¿Cuál es el rol de la universidad privada en el sistema de educación superior? ¿Tiene sentido que existan universidades privadas pequeñas (menos de 1000-1500 alumnos) cuando la demanda educativa de grandes centros urbanos puede estar atendida por macrouniversidades como la UBA (319.000 alumnos), la Universidad de La Plata (109.000) o la de Córdoba (108.000)?

La respuesta a los interrogantes anteriores es la siguiente: el principal justificativo de la existencia de universidades privadas resulta del valor de la descentralización, la diversidad y, fundamentalmente, la competencia interinstitucional. Estos tres factores son determinantes últimos de excelencia e innovación en el sector educativo.

El pequeño tamaño de la mayor parte de las universidades privadas tiene como consecuencia un estilo de gestión distinto del existente en las macrouniversidades públicas. En particular permite mayor flexibilidad, lo cual resulta en capacidad de adaptación a cambios en demanda de servicios educativos y en tecnologías.

El hecho de que la universidad privada se financie sobre la base del pago de matrícula por parte de los alumnos obliga a éstas a gestionar recursos en forma eficiente: la baja calidad, ya sea en lo relativo a experiencia educativa, procesos administrativos o infraestructura, es castigada en forma inmediata. La frase poco feliz pronunciada hace algunos años por un ex decano de la Facultad de Derecho (UBA), en el sentido de que la "universidad privada tiene clientes; la pública, alumnos", es no sólo injusta, sino profundamente equivocada: los que él califica como "clientes" son jóvenes, en general, perceptivos sobre el valor de lo que están recibiendo. En efecto, recordemos que el origen mismo de la institución universitaria resulta de esfuerzos privados y no de la acción del Estado. Y aún hoy importantes universidades, como Harvard, Chicago, Yale, Oxford y Cambridge, no son públicas, sino privadas. Y en la Argentina muchas universidades privadas muestran excelente desempeño no sólo en lo relativo a la inserción laboral de sus graduados, sino también en métricas como, por ejemplo, el porcentaje de éstos que concluyen estudios avanzados en el exterior.

La universidad privada argentina enfrenta una fuerte asimetría en cuanto a posibilidades de financiamiento: el padre que envía a su hijo a una universidad privada debe pagar dos veces por la educación de éste, una a través de impuestos, parte de los cuales se asignan al presupuesto educativo de la Nación, y la otra pagando a la universidad privada elegida. Esto es negativo: se coarta la posibilidad de transitar hacia un sistema educativo diversificado y descentralizado, factores que determinan los ritmos de innovación alcanzados. Y la innovación es, en definitiva, una condición necesaria para la "revolución educativa" a la cual apuntan los actuales funcionarios.