Una alternativa a los "trapitos"

La Nación. 12 de febrero de 2016.

El último y lamentable incidente de "trapitos" genera múltiples propuestas de solución. Algunas pasan por legislación que prevea castigos para este tipo de proceder; otras, por "regular" la actividad, y aun otras, por intensificar el control de la policía en los lugares donde ocurren con más frecuencia los incidentes. El debate por momentos áspero y contundente que se observa por televisión no permite un análisis cuidadoso del problema de fondo. Por ejemplo, si se "regula" la actividad, ¿qué características tendrá esta regulación? ¿Qué recursos serán necesarios para que se cumpla?

Buscar solución al "problema de los trapitos" requiere prestar atención al conflicto económico subyacente. Una pregunta relevante es la siguiente: ¿en qué se diferencia una playa de estacionamiento privada del estacionamiento de "acceso libre" de las calles de la ciudad? Continuando con lo anterior, ¿por qué no existe "problema de trapitos" cuando uno deja el auto en una playa privada, pero sí existe un serio problema al dejarlo en ciertas zonas de la ciudad? La respuesta a las preguntas anteriores parecerán obvias; sin embargo, van al fondo del problema planteado: en última instancia, el conflicto (en algunos casos violento) que se observa resulta del "acceso libre" por parte de dueños de vehículos y de aquellos que se adjudican la potestad de controlar. Incentivos distorsionados generan el comportamiento que se observa. El problema de los lugares públicos para estacionar no es más que una variante de la llamada "tragedia de la propiedad común" ("tragedy of the commons"), tema ampliamente tratado en la literatura económica.

La tragedia anterior se genera por el acceso irrestricto que caracteriza a ciertos recursos. Acceso irrestricto deriva en ausencia de reglas de uso y, en última instancia, en sobreexplotación y conflicto. Al usar el recurso, una persona no toma en cuenta el impacto que su uso tiene sobre otros usuarios. Lo anterior no ocurre cuando el recurso es controlado por alguien que internaliza los costos y beneficios asociados al uso; en este caso, es en el mejor interés de quien controla diseñar reglas que optimicen el uso del recurso, ya que es él quien captura los beneficios de estas reglas.

La ciudad tiene miles de "playas de estacionamiento" sobre las que no se ha definido derecho de propiedad alguno. Resulta lógico que existan serios conflictos entre quienes quieren usar estas "playas". A modo de comparación, imaginemos la existencia en la ciudad de departamentos sin títulos de propiedad cuyo usufructo es asignado a quien llega primero o quien tiene más fuerza física. Este ejemplo, aún absurdo, es en muchos aspectos similar al de los espacios de estacionamiento en la ciudad.

Resolver el "problema de los trapitos" requiere licitar derechos de control sobre espacios de estacionamiento en calles. Los potenciales interesados en gestionar estas "playas" (cosa que en última instancia los estacionamientos en calles son) ofertan un precio por hacerse cargo de sectores de la ciudad. Los sectores se asignan al mejor postor que cumpla con requisitos adicionales considerados necesarios. El franquiciado cobra una tarifa a los autos que estacionan en su sector. Elige quiénes harán el control y cómo les pagará.

Las ventajas del sistema anterior son evidentes. La ciudad obtiene recursos por el uso del espacio público. Los espacios disponibles se asignan por precio, un mecanismo objetivo e impersonal. Los "trapitos" desaparecen, pues son expulsados por los propios "dueños" (temporarios) de los espacios licitados. El "exceso de demanda" se reduce, ya que se hace más caro estacionar. Aumenta el uso de taxis y colectivos y se reduce el de vehículos particulares. Algunas parejas hasta eligen caminar unas cuadras para ir a cenar a Palermo Hollywood.