El carro va detrás del caballo

La Nación. 20 de diciembre de 2016.

La discusión sobre el ingreso mínimo universal (IMU) está de moda en las economías avanzadas. Recientemente, el IMU fue propuesto en Suiza a través de un referéndum y fue rechazado por la mayoría, pero varios otros países como Canadá y Holanda están considerando su implementación. El principal argumento a favor del IMU es que el avance tecnológico, tanto en la industria como en los servicios, está haciendo que gran parte de la población sea económicamente irrelevante.

El debate sobre el IMU llegó a la Argentina. Recientemente, el economista Eduardo Levy-Yeyati, asesor del presidente Macri, propuso su implementación en la Argentina con el argumento de que el IMU es una "herramienta de distribución de la abundancia tecnológica" que debería adoptarse en el país. Primero porque estamos rezagados en la adopción de tecnología. Segundo porque con la Asignación Universal por Hijo y los planes sociales existentes no estamos tan lejos de ofrecer un IMU. Un clásico non-sequitur.

Lo primero que hay que tener en cuenta al plantear el IMU es que la Argentina se encuentra en una situación completamente diferente a la de los países avanzados. Todavía tenemos una economía protoindustrial que es incapaz de generar crecimiento sostenido (menos aún abundancia). Además, sobre un total de 42 millones de habitantes hay 20 millones que viven directa o indirectamente del Estado (incluyendo jubilados, empleados públicos y beneficiarios de subsidios). Aproximadamente 8,5 millones de personas reciben más de 100 planes sociales a nivel provincial y nacional. Cada vez hay más. Además, a diferencia de otros países donde se plantea establecer el IMU, en nuestro país la educación primaria, secundaria y universitaria, y los servicios de salud son gratuitos, y el transporte público y el consumo de energía están subsidiados (al menos en el AMBA). Y a pesar de todo esto, la tasa de pobreza sigue aumentando.

Hay otra cuestión fundamental en relación al IMU que muchas veces se pasa por alto. No sólo se trata de que cualquier adulto perciba un ingreso mínimo que satisfaga sus necesidades básicas, sino también de que esa persona realice alguna actividad productiva para la sociedad. Entregar dinero sin contraprestación corroe valores esenciales para el progreso. Es la antítesis de la cultura del trabajo que propone recrear el presidente Macri. En su versión más básica, el IMU no sólo fomentaría el populismo y el paternalismo estatal, sino que además crearía una casta de individuos económicamente irrelevantes y vulnerables a la manipulación política.

El problema fundamental de la Argentina no es cómo distribuir riqueza, sino cómo crearla. Para esto último necesitamos reglas de juego estables, plena vigencia del derecho de propiedad, un Estado eficiente y financiable con un nivel de impuestos razonable, estabilidad monetaria y apertura al resto del mundo. Una vez alcanzados estos objetivos se podría ofrecer el IMU como parte de una reforma integral del gasto social que reemplace los cientos de planes existentes, que en su mayoría se manejan sin control, equidad o transparencia, por un impuesto negativo al ingreso. Así no sólo se eliminarían el clientelismo y la corrupción imperantes, sino que también se crearían incentivos económicos para que los recipientes de la ayuda estatal puedan escapar de la dependencia. No pongamos el carro adelante del caballo.