Confiscatoriedad impositiva sin ajuste por inflación

Por Julián Siri (Profesor de Finanzas - UCEMA) y Fabricio Latrónico (CPN y Lic. en Dirección de Empresas – UCEMA).
Revista UCEMA, septiembre de 2015.

El abuso de la potestad del Estado para cobrar tributos puede generar un daño sobre los contribuyentes a través de la confiscación, lo que es un atropello sobre la propiedad privada al no ir en concordancia con la capacidad contributiva de las personas y las empresas.

Cualquier atropello de dichas características está vedado por la Constitución Nacional en el artículo 17, al proscribir las confiscaciones, y se vuelve a remarcar en el artículo 28 que alerta que esta garantía no podrá ser modificada por ley. La Corte Suprema de Justicia se ha expedido en más de una ocasión sobre cuál es el límite razonable de cualquier impuesto que grave la renta o la propiedad, sosteniendo que más de un 33% es confiscatorio.

En la actualidad la presión tributaria formal en nuestro país se ubica entre el 47% y 62% para el caso de los asalariados, que figuran dentro del sistema impositivo, aunque el alto índice de evasión hace que la presión tributaria efectiva alcance al 35% del Producto Bruto Interno. Estos niveles son un récord histórico y, si se los compara con el 12% de 1990 o el 18% de 2000, nos llaman dolorosamente la atención.

Por otro lado, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 664/03 prohibió la realización del ajuste por inflación e instruyó a todos los organismos de control a rechazar cualquier balance o declaración jurada que esté ajustada.

¿De qué manera nos afecta la imposibilidad de aplicar el ajuste por inflación?

En el caso de las personas físicas, estas no se ven alcanzadas (en el mismo grado que las personas jurídicas) por el efecto confiscatorio del ¨combo¨ Impuesto a las Ganancias (IIGG) + Inflación, a menos que sean habitualistas (personas que se dedican habitualmente a la compra y venta de un tipo de bienes con alta frecuencia, o que dicha actividad sea su actividad económica principal). Pero en el caso de personas jurídicas la distorsión generada es notoria.

Supongamos el caso de un inmueble adquirido en el año 2001 a un valor de U$S 80.000 (AR$80.000 en su momento), que es vendido en 2015 a U$S 120.000. La ganancia económica en esta transacción sería de U$S 40.000. Alcanzados por el régimen de IIGG debería pagarse el 35% de eso: U$S 14.000 o AR$128.100, su equivalente en moneda local al cambio oficial (9,15). Pero lamentablemente esto no es así, ya que el precio de venta que tomaría la AFIP sería AR$ 1.098.000, arrojando una supuesta ganancia de AR$ 1.018.000 y un pago correspondiente al impuesto a las ganancias de AR$356.300. Tras haber obtenido una ganancia bruta de AR$ 366.000 lo que nos impondría la AFIP es un pago equivalente al 97,3% de la ganancia percibida.

Esto no ocurre únicamente con la compra/venta de inmuebles sino que alcanza a otros tipos de inversiones como maquinarias y patentes, pasibles de ser transferidas después de haber estado en manos de la empresa durante cierta cantidad de períodos fiscales. De manera similar afecta a las industrias cuyos productos pueden llevar varios períodos fiscales entre que se proyectan, se fabrican/construyen y finalmente se venden, como los astilleros, la construcción edilicia, y las industrias aeronáutica y ferroviaria.

La situación se produce porque el costo de estos productos va quedando desactualizado a medida que avanza su producción, debido a que mensual y anualmente el costo nominal acumulado de un producto va quedando por debajo de la suma del costo de reposición actual de los materiales necesarios para la fabricación y del valor de las horas hombre al costo actual de la mano de obra. Al reflejar un costo menor al real (que sería el reflejado actualizando los valores de inventarios al costo de reposición actual), al momento de liquidar impuestos la diferencia entre costo y precio de venta dará un resultado sobredimensionado, lo que implicará pagar IIGG por dicha venta a más del 35% del resultado.

Hay que tener en cuenta que en muchos casos, y especialmente en estas industrias, el efecto se ve amortiguado cuando la venta se realiza antes de comenzar su producción y los pagos se efectúan junto con los gastos correspondientes a su producción.

Otra cuestión ocurre con el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (GMP), tributo que se paga durante los períodos fiscales en los que las empresas tienen quebranto fiscal. Estos pagos pueden ser imputados contra saldos de impuesto a las ganancias obtenidos en períodos futuros. Aunque en menor medida que en el caso anterior, la no actualización de estos tributos, al momento de ser utilizados como pago a cuenta de IIGG, desalienta las inversiones a largo plazo ya que pasan a ser un costo que se recupera parcialmente.

Las industrias que requieren ciertos años de inversiones antes de empezar a obtener ingresos tienen varios años de quebranto fiscal y pagan GMP durante sucesivos períodos. La inflación hace que, año tras año, parte de esos pagos que deberían mantenerse como activos, ya que podrían usarse para cancelar futuros impuestos, vayan pasándose a pérdida antes de poder ser utilizados. Si bien esto no se da por la imposibilidad de ajustar por inflación, ya que jamás se tuvo en cuenta el efecto que podría tener la inflación sobre el saldo acumulado de pagos de GMP al ser tenido en cuenta para ser imputado contra el IIGG, vale destacarlo ya que es otra distorsión generada por la inflación sobre un tributo que es considerado accesorio al IIGG, dado que sólo se paga en ejercicios en que la base imponible de éste no genera un saldo a pagar.

Frente al cambio de Gobierno que se acerca, debemos preguntarnos si queremos seguir permitiendo que se violen nuestras garantías constitucionales o si exigiremos que los tributos se cobren con razonabilidad y sin confiscatoriedad. Canadá ha demostrado que reduciendo sus impuestos no sólo ha logrado un incremento en el crecimiento del país y el ingreso por habitante sino que también pudo aumentar la recaudación impositiva. Es momento de revertir todas las distorsiones que dificultan la actividad económica lícita y libre para permitir que los sectores productivos generen la riqueza que ha sido truncada por el Gobierno, en su afán redistributivo, a través de decretos tale como el 664/03.