Soplos de libertad: la segunda batalla de Tucumán y el desafío de la institucionalización

Por el Dr. Alejandro Corbacho, Director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de La UCEMA y el Dr. Jorge Streb, Profesor y Director de Investigaciones.

“La América no será libre sino cuando esté libre de libertadores (…) Nadie es libre en Sudamérica sino sus libertadores. Su libertad es tan inmensa, que no reconoce límites: de tan grande como es, se confunde con el poder ilimitado”.
Juan Bautista Alberdi, 1871.

A diferencia de los checoslovacos que sufrieron bajo la bota del autoritarismo soviético, nosotros necesitamos sacudirnos nuestros propios demonios nacionales: gobiernos electos democráticamente que se autoasumen como la encarnación del pueblo, que no toleran el disenso porque se proclaman dueños de la verdad, obstruyendo así los debates que toda sociedad libre y abierta necesita para florecer. La sociedad argentina optó ahora por una bocanada de aire fresco. El desafío es que no termine como la Primavera de Praga.

La dificultad para tolerar la libertad para expresarse sin reparos es una característica que compartimos con Iberoamérica. El pasado febrero, Evo Morales perdió un referendo que hubiera posibilitado una segunda reelección. Aceptó los resultados electorales declarando: “No somos un gobierno más, somos una revolución y en esa revolución hemos perdido una batalla, pero no la guerra”. ¿Cuál es su revolución? Buscar un nuevo mandato, es decir, un proyecto de poder personalista y mesiánico que vino acompañado por el asedio a la prensa independiente, estigmatizada como representante del “imperialismo extranjero”. En otras palabras, por criticarlo a Evo, los periodistas se convierten en traidores a la patria. Parafraseando a Alberdi, en la región nos sobran libertadores y nos faltan hombres libres.

Durante doce años de gobiernos kirchneristas signados por la violencia verbal, las amenazas y el acoso continuo contra enemigos construidos, el régimen por momentos se desbarrancó hacia lo que la ciencia política califica como una democracia parcial, incompleta o intolerante (iliberal democracy). A diferencia de la tradición de la democracia liberal que nutre nuestra constitución, esta se basa una concepción plebiscitaria del poder, donde las elecciones deciden un ganador que gobernará sin frenos ni contrapesos hasta que pierda una elección. Este proceso vino acompañado por profundos retrocesos en las instituciones republicanas. En 2006 el Congreso, con mayoría oficialista, aprobó la ley 26.124 de “superpoderes” que delegó de forma permanente en el Ejecutivo la facultad de modificar el presupuesto sin control parlamentario. El Gobierno también dedicó esfuerzos extraordinarios para crear un denso aparato de propaganda política oficial y paraoficial sostenida por el erario público. Esos espacios, que incluyeron la transmisión de partidos de fútbol, se dedicaron a exaltar la labor del Gobierno y de su líder sin dar lugar a otras visiones, opiniones o debates. Los distintos organismos de control de la administración del Gobierno fueron anulados o cooptados. El fortalecimiento del Estado se tradujo en la creación de empleo público para los militantes, mientras que la repartición de planes sociales en forma clientelar acarreó el peligro de transformar a ciudadanos en meros súbditos. Por último, el Gobierno intentó controlar a la Justicia llenando sus cargos con miembros de la agrupación que le respondía incondicionalmente, Justicia Legítima.

Estos comportamientos no son nuevos. En la historia argentina se suelen reivindicar los grandes liderazgos personalistas que quieren “refundar” el país a su imagen y semejanza. Para afianzarse en el poder, muchos de estos líderes han buscado la polarización política, recurriendo a un lenguaje confrontativo donde se oponen amigos y enemigos, patria y antipatria, buenos (nosotros) y malos (ellos). A partir de esta lógica maniquea muchos ciudadanos quedan deslegitimados.

A pesar de la desproporcionada importancia histórica que se les da a los personalistas que se basan en el verticalismo más absoluto, hay una rica tradición de signo opuesto, los liderazgos que se forjaron bajo la cooperación institucionalizada. Rescatamos tres momentos críticos de esta vertiente institucionalista: la Constitución Nacional de 1853, la ley electoral de 1912, y la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

La Constitución Nacional de 1853, inicialmente rechazada por la provincia de Buenos Aires, fue viable gracias a que Justo José de Urquiza aceptó supeditarse a un sistema de poder limitado, en lugar de buscar la suma del poder público como su antecesor Juan Manuel de Rosas. En el nuevo orden político, el presidente se sujetaba a los frenos y contrapesos del Congreso Nacional. No sólo eso, se avino a la cláusula constitucional por la cual el presidente duraba en su “empleo” el término de seis años y no podía ser reelecto sino con el intervalo de un período. La Constitución Nacional fue la base de la organización de la Argentina moderna, una vez que la provincia de Buenos Aires se incorporó al mismo y Bartolomé Mitre asumió la Presidencia de la Nación en 1862.

La reforma electoral de 1912, propulsada por el presidente Roque Sáenz Peña, instituyó el voto universal, secreto y obligatorio, e hizo que el sistema de gobierno con poder limitado se perfeccionara, acercándose a una democracia plena. El proceso sufrió numerosas interrupciones a partir de 1930, pero desde 1983 la democracia constitucional plena parece haber llegado para quedarse, con una continuidad de elecciones competitivas como nunca se había dado antes.

No obstante este avance, la democracia electoral no alcanzó. Las elecciones de 1946 fueron absolutamente competitivas (Juan Perón después reflexionaría que ganó la presidencia con toda la prensa en contra y tuvo que dejar el gobierno con toda la prensa a favor). Sin embargo, las elecciones fueron seguidas por la paulatina eliminación de la libertad de prensa y el encarcelamiento y tortura de dirigentes de la oposición. Estos retrocesos fueron facilitados una vez que Perón removió en 1947 a cuatro de los cinco miembros de la Corte, resolviendo el problema de que “el Poder Judicial no habla el mismo idioma que los otros poderes” al poner en su lugar una corte peronista. Una vez que consiguió juntar una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para hacer la acusación, el juicio político fue un trámite porque tenía control absoluto del Senado. Por ello, la reforma constitucional de 1994 marca un tercer hito.

A cambio de la posibilidad de reelección inmediata del presidente, el Pacto de Olivos, entre el presidente Carlos Menem y el ex-presidente Raúl Alfonsín, introdujo una amplia reforma que permitió fortalecer la imperfecta independencia de la justicia. Hubo dos cambios claves que más tarde ayudarían a preservar la democracia. Primero, el requerimiento de dos tercios de los senadores no sólo para remover sino también para nombrar nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Segundo, la introducción de un tercer senador por provincia representante de la minoría.

A partir de la reforma de 1994 ningún presidente ha vuelto a tener el control de dos tercios del Senado. La necesidad de alcanzar este umbral de votos en el Senado impidió que el presidente Néstor Kirchner pusiera como miembro de la Corte Suprema a alguien como Carlos Zannini, a quién antes había nombrado presidente del Superior Tribunal de Justicia en la provincia de Santa Cruz. Por una razón similar, la presidente Cristina Kirchner no pudo remover al juez del tribunal supremo, Carlos Fayt, aunque armó un proceso investigativo en su contra en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. La Corte Suprema fue determinante para frenar el intento de Cristina Kirchner de crear, bajo la excusa de “democratizar la justicia”, una justicia que le fuera leal. De haberlo logrado, se hubieran limitado o terminado muchas de las libertades consagradas en el espíritu de la Constitución vigente, entre ellas la libertad de prensa. Sin embargo, el kirchnerismo pudo avanzar sobre el Consejo de la Magistratura, ya que una reforma legal de 2006 le dio poder de veto al presidente Kirchner tanto para nombrar jueces como para removerlos, en contra de la intención de la reforma de 1994: despolitizar los nombramientos y evaluaciones de desempeño de los jueces para que prime la idoneidad e independencia.

Desde la instauración democrática en diciembre de 1983, los procesos electorales se habían desarrollado sin cuestionamientos hasta que aparecieron los nubarrones de la manipulación electoral por el oficialismo. Se corrió el riesgo de falsear la voluntad del electorado y afectar la pureza del acto electoral sobre el que se asienta la legitimidad de los gobiernos. Estos intentos quedaron al descubierto en las elecciones provinciales en Tucumán, cuando el 24 de agosto del 2015 una multitud se concentró frente a la Casa de Gobierno tucumana reclamando al gobierno provincial por las escandalosas irregularidades cometidas durante los comicios realizados el día anterior. Los manifestantes fueron brutalmente castigados por la policía provincial en lo que la prensa calificó como “uno de los mayores episodios de represión en los 12 años de gobierno kirchnerista”. A diferencia de la Pascua de 1987, cuando la ciudadanía salió a las calles para defender la democracia y rechazar el alzamiento “carapintada”, la gente de Tucumán salió a las calles para protestar ante el fraude electoral cometido por el propio encargado de garantizar su integridad: el gobierno.

Los enfrentamientos de agosto último constituyen una “Segunda Batalla de Tucumán”. La primera ocurrió el 24 de septiembre de 1812 entre las fuerzas patriotas bajo el mando de Manuel Belgrano y el ejército realista que avanzaba desde el Alto Perú. Se dice que la victoria patriota en aquella primera batalla salvó la revolución. De igual modo, la segunda batalla “salvó” la democracia porque a partir de allí la ciudadanía tomó conciencia de la magnitud del posible fraude en los comicios nacionales, llevando a un aluvión de voluntarios para fiscalizar esas elecciones.

El desafío es transformar el impulso republicano de la ciudadanía que inclinó el resultado de las elecciones presidenciales del pasado noviembre para reencauzar el país por la senda institucional. Estamos ante lo que puede ser un cuarto hito histórico que permita a Argentina alcanzar el pleno estado de derecho, donde nadie esté por encima de la ley.