Reflexiones sobre el Bicentenario

En 2016 la Argentina celebra los doscientos años de la declaración de su independencia. Dos siglos no es poco si se los compara con el grupo de países jóvenes independizados luego de la segunda posguerra. No obstante, para el observador atento, el país parece estar transitando un proceso continuo de maduración que se parece más a la etapa de la adolescencia que a la adultez. Es momento, entonces, para recorrer con una mirada retrospectiva y prospectiva su trayectoria y, así, encontrar los puntos de encuentro y desencuentro. La intención es ayudar a la construcción de un derrotero que conduzca a los argentinos a alcanzar un estado que permita vivir planamente en este rico y variado país en los siglos venideros.
En 1816 los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron declarar la independencia. Dar ese paso resultó más fácil que hallar una fórmula de gobierno aceptable para la mayoría de la población. Tras un largo período de conflictos civiles, luego de la Batalla de Caseros en 1852, se logró un acuerdo de convivencia fundacional: la Constitución. El documento fue promulgado el 1º de enero del año siguiente con el objeto de “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino (…)”.

Este acuerdo tuvo una amplia aceptación y fue el pilar sobre el que se construyó el Estado argentino moderno. Ayudó a un espectacular crecimiento económico, permitió alcanzar un elevado bienestar y facilitó el ascenso social para aquellos que eligieron asentarse en el país. En 1912 la República establecida por la Constitución fue perfeccionada por la Ley Sáenz Peña que introdujo el sufragio universal, secreto y obligatorio. Se afirma que para 1916, Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo democráticamente, no respondió a un programa escrito de propuestas o proyectos para gobernar sino que tuvo como bandera y programa el cumplimiento estricto de la Constitución. Aunque con altibajos a partir de 1930, este orden constitucional rigió la vida política del país hasta su reforma en 1949.

Bajo la presidencia de Juan Domingo Perón se impulsó una reforma constitucional para actualizar el documento, teniendo como justificación la realidad política y social del momento 1 . La misma incorporó en su preámbulo la dimensión de la cultura nacional y la justicia social: “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y la cultura nacional, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino; ratificando la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.

A los derechos individuales establecidos, agregó el derecho de reunión y la prohibición de las diferencias raciales. También incorporó lo que se conoce como derechos de segunda generación: de los trabajadores, la familia, la ancianidad y la educación. Puso límites al derecho a la propiedad privada, estableciendo que ésta tiene una función social. Del mismo modo, el capital y la actividad económica pasaron a estar al servicio de la economía nacional. La nueva constitución no contó con la misma aprobación que tuvo la anterior. Una parte de la sociedad la consideró partidista y no funcionó como facilitadora de la unidad. Una vez depuesto el gobierno peronista por la Revolución Libertadora, se derogó y se repuso la de 1853. Esta medida tampoco logró fomentar la convivencia y en 1957 se intentó nuevamente reformar la constitución original. La convención reformadora convocada para tal fin fracasó y terminó agregando sólo un artículo, el 14 bis. A los tradicionales derechos reconocidos en el artículo 14, el nuevo reconocía el derecho al trabajo: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes (…) el derecho de huelga (…) El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio (…) jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Una vez más la convivencia pacífica basada en un orden constitucional pareció convertirse en un bien casi inalcanzable y resultó imposible el establecimiento de un gobierno democrático estable. Recién durante la campaña electoral de 1983 la Constitución Nacional volvió cobrar relevancia. El candidato de la Unión Cívica Radical y futuro presidente, Raúl Alfonsín, le dio un nuevo protagonismo al recitar su preámbulo como una oración laica. Luego de tantos desencuentros, esas palabras se convirtieron en un bálsamo para reparar el lastimado tejido social.

A partir de esta nueva etapa, fue finalmente valorizada la forma de gobierno democrático como modo de vida político. En 1994 se dieron las condiciones para poner en marcha una nueva reforma constitucional. Esta sintetizó los distintos principios valorados por el arco más amplio de la sociedad. La ley que declaró la reforma se formuló a partir de un acuerdo entre fuerzas políticas conocido como “núcleo de coincidencias básicas”. Como resultado, los preceptos constitucionales anteriores fueron ratificados, pero se modificaron algunas instituciones y se incorporaron nuevas. Se introdujeron derechos conocidos como de tercera y cuarta generación. De este modo, la reforma de ese año no sólo modernizó la Constitución; le permitió también alcanzar una legitimidad de la que no gozaba desde los años 20.

Asistimos ahora a las celebraciones del Bicentenario de la Independencia. Las del primer Centenario ocurrieron junto con el inicio de una nueva etapa en la vida política del país. Sin embargo, en Tucumán lamentaron que los festejos se concentraron en Buenos Aires y que el entonces presidente, Victorino de la Plaza, no visitó la provincia.

A diferencia de aquellos, el Bicentenario contó con la presencia del presidente Mauricio Macri en la capital tucumana, junto con gobernadores provinciales, un nutrido número de funcionarios y una amplia participación popular. Pero la prensa destacó también ausencias: tres gobernadores, los de Santa Cruz, San Luis y Chubut, y ex presidentes argentinos que no fueron invitados. A pesar de haber transcurrido 33 años de democracia ininterrumpida, persiste aún una tensión subyacente que expresa una debilidad en el acuerdo de convivencia. En los últimos años resurgieron momentos de alta conflictividad política que muestran que todavía no hemos encontrado un equilibrio. Estas situaciones surgieron a partir de una dirigencia que buscaba perpetuarse en el poder a cualquier costo, una sociedad que toleró niveles elevados de corrupción y una pugna entre la búsqueda de la igualdad y la inclusión a expensas de la libertad. Al igual que Sísifo, estas conductas condenan a la sociedad a comenzar de nuevo cada vez. Como en el Centenario, el país se encuentra transitando una nueva etapa política. Quienes siguen el pulso de la sociedad señalan que no es fácil encontrar una tendencia clara pero son optimistas porque observan que los argentinos privilegian ahora un sistema de creencias más abierto al debate y un liderazgo político que permite el juego institucional: “la política se visualiza cada vez más como la manera de construir caminos para mejorar la vida de la gente, que como destrucción de enemigos para alcanzar la meta” 2.

Parecería que esta vez estamos mejor dispuestos para construir una vida que nos permita alcanzar el bienestar general y, al mismo tiempo, vivir en libertad como nos ha ido proponiendo el preámbulo constitucional. Esperemos que a partir de este Bicentenario lo logremos.