Los impuestos son la peste. A mayor presión fiscal, menor eficiencia

Por Mariano Fernández, Profesor del Departamento de Economía, UCEMA.

Una discusión que parece estar adormecida en el debate público lo constituye la carga impositiva en Argentina. Queda claro que es un tema tabú para quién gobierna, pues es su base de sustentabilidad y para quienes se sostienen de la ayuda del Estado, ya sean empleados públicos o beneficiarios del amplio e ineficiente sistema de seguridad social en nuestro país.

Lo cierto es que en Argentina existe una profunda asimetría entre quienes pagan impuestos y no pueden evadir y entre quienes no los pagan o son beneficiarios en términos netos; es decir que reciben, mediante subsidios, más de lo que pagan de impuestos. Esta asimetría castiga a sectores generadores de riqueza que no consiguen despegar frente a la persecución permanente de la Oficina Federal de Ingresos Públicos en su avidez de recaudar.

Haciendo un relevamiento general sobre el sistema impositivo argentino vemos una compleja grilla de gravámenes que, en muchos casos, constituyen verdaderas aduanas secas. La existencia de poco más de 100 impuestos que abarcan las esferas nacionales, provinciales y municipales son prueba de la avidez de los distintos niveles de gobierno por aumentar sus ingresos fiscales sin importar el grado de distorsión que ello significa.

Si bien, dada la complejidad del sistema, es imposible esclarecer cuál es la verdadera carga fiscal sobre un contribuyente medio, al existir múltiples perfiles de contribuyente medio algunas cifras nos pueden poner blanco sobre negro para el foco de la cuestión.
Durante 2016 el Estado Federal recaudó aproximadamente un 31% del PBI nominal. Esto representa, en términos corrientes, cerca de 51936 pesos por habitante, algo así como 4328 pesos por mes.

Queda claro que quienes estamos en blanco hemos pagado mucho más que dicha cifra a lo largo del año. Si bien es casi imposible determinar en promedio cuánto, un cálculo general nos puede ilustrar al respecto.

Por ejemplo, un individuo cuyo sueldo bruto en el sector privado formal, durante 2016, ascendió a 70 mil pesos mensuales, paga aproximadamente 89 mil pesos de ganancias y 120 mil de cargas sociales y jubilación. Y estos no son todos los impuestos que paga, puesto que por cada peso que consume en blanco abona un 21% de IVA.

Más allá del ejemplo, lo que la política olvida es que un impuesto determina una pérdida de eficiencia para la sociedad. Esta menor eficiencia condiciona la generación de riqueza e hipoteca la posibilidad del emprendimiento de nuevos negocios.

Los impuestos generan una distorsión que se traduce en una menor cantidad de riqueza producida y en un nivel de precios más alto. Profundizar la presión fiscal solo agrava el problema, pues con menor crecimiento se acrecientan los problemas de financiamiento de los gastos del Estado.

Si queremos recuperar el sendero de crecimiento sostenido, es primordial entender que cada nuevo peso gastado en el Sector Público, ya sea en planes sociales o en salarios, significa que se dejará de producir en el sector privado una cifra mayor al peso redistribuido. Esta pérdida de eficiencia significa que las transferencias vía impuestos no son neutrales e imponen un costo de eficiencia sobre el sector generador de riqueza y, por ende, para toda la sociedad.