¿Cuánto ayudará al gasto público mejorar la matriz de energía renovable del país?

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Por Regina Ranieri

Ámbito. 19 de marzo de 2019

Durante 2018 las energías renovables fueron la principal estrella de las inversiones en Argentina. Fondos de inversión internacional, banca privada y multilateral, agencias de crédito a la exportación, bancos locales argentinos, el Banco Mundial y el Estado argentino han colaborado para que el país pueda contar con potencia renovable.

La Argentina asumió con la ley 27191 un programa progresivo de diversificación de la matriz energética, pretendiendo alcanzar al año 2025 un 20% de la matriz. Este crecimiento no solo requiere de la inyección de nueva potencia, sino también de obras de transporte eléctrico que permitan disponer esa generación limpia al alcance de las distribuidoras para que sean consumidas por los residentes e industrias.

En los últimos años la Argentina logró llevar a cabo cerca de 2GW de proyectos energéticos, gracias a las condiciones de garantías que dispuso el Ministerio, conformado por el Tesoro nacional y los fondos del Banco Mundial para “mitigar” el riesgo argentino, y la incertidumbre que conllevaría asumir un contrato a 20 años en dólares con CAMMESA.

Sin embargo, una particularidad que ha tenido nuestro sector es que casi el 80% de los adjudicatarios de proyectos de energías renovables han sido empresas locales: de fondos mayoritariamente nacionales, o bien empresas provinciales. Esto ha generado una desventaja competitiva a aquellas empresas internacionales que deberían lidiar con impuestos, permisos, aprobaciones municipales y acuerdos gremiales, entre otras condiciones para garantizar un retorno “coherente” a la inversión en nuestro país.

La continuidad del crecimiento de las energías renovables en la Argentina dependen exclusivamente de la inversión en obras de transporte eléctrico que permitan despachar la energía de las centrales renovables (principalmente eólicas y solares) hacia las distribuidoras y los respectivos centros de consumo. Sin inversiones significativas en la zona de Puerto Madryn o Bahía Blanca para eólica, Salta, Jujuy y Catamarca para solar, no parecería factible invertir en nuevos proyectos.

Los emprendimientos de energía renovable se ponderan por el potencial del recurso. En Argentina tenemos de las mejores condiciones naturales -radiación y viento- prácticamente duplicando los valores medios globales. Los costos de tecnología, debido al incremento de I+I+D por lo general se reducen, sobre todo en paneles fotovoltaicos respecto a los últimos cinco años, pero los valores actuales de deuda en el país parecerían imposibilitar el desarrollo sostenible de estas energías.

Más que gasto público que siempre debe hacerse con un plan estratégico de largo plazo, lo que nuestro país necesita son reglas claras, condiciones ciertas de inversión. En los últimos dos años, casi todas las grandes compañías internacionales han mirado nuestro país con mucho “hambre”, por la naturaleza de recurso que anteriormente anticipé. No obstante, varias empresas revirtieron sus planes de inversión ante los cambios de juegos, prórrogas, burocracias fiscales, aumento radical del riesgo país y otras “alarmas rojas”.

Hoy lo que nuestro país necesita es allanar el camino con políticas públicas de largo plazo. Considerando que todas las inversiones de este tipo requieren al menos dos a tres años de ejecución, es necesario que las decisiones estratégicas en expansión de red eléctrica estén consensuadas y no sean decisiones partidarias del gobierno de turno.

(*) Diplomatura en Desarrollo y Financiamiento de Proyectos de Energía Renovable, UCEMA.

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Regina Ranieri

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