La política en medio del crédito agropecuario

Marcos Gallacher / UCEMA

Por Marcos Gallacher

Ámbito. 19 de mayo de 2020

Una reciente disposición del BCRA impide que los bancos otorguen financiamiento a productores agropecuarios que retengan mas del 5% de su capacidad de producción de trigo o soja. La medida busca forzar a productores a vender sus stocks de grano, en lugar de almacenarlos con vistas a venta futura. Los objetivos de la autoridad monetaria son (a) aumentar la oferta de dólares, descomprimiendo presiones alcistas de esta moneda y (b) canalizar los créditos a tasa subsidiada a quienes “realmente lo necesitan”, y no a aquellos que tienen capital en forma de inventario de grano.

El subsidio de tasa resulta en un precio inferior a la de equilibrio. El resultado es una demanda de crédito superior a la oferta. El crédito disponible se deberá entonces racionar de alguna manera. Que la forma de racionamiento elegida por el BCRA sea la mejor resulta discutible. Lo que no es discutible es que si el objetivo es generar crecimiento económico el crédito debería fluir a aquellas actividades y proyectos que tengan la mayor tasa de retorno (corregida por riesgo). Pero lo importante a analizar no es el criterio (arbitrario) de racionamiento sino las implicancias de reemplazar decisiones individuales y descentralizadas manejo de stocks por aquellas tomadas en una oficina del BCRA.

Cuanto vender y cuanto almacenar de cualquier mercadería (trigo, soja, planchas de acero, cemento) resulta una decisión importante para el funcionamiento del sistema de precios. “Obligar” a vender trigo “hoy” puede resultar en faltante futuro. La pregunta central es como minimizar la variabilidad de precios a lo largo del año, fruto de desajustes no previstos de oferta y demanda. Estabilizar precios requiere decisiones acertadas de mantenimiento de inventarios. Al respecto, los errores de estimación de condiciones de mercado de los próximos meses serán en general sustancialmente menores si las decisiones las toman los propietarios del inventario (por ejemplo trigo) que si las toma un funcionario, que carece de la información y (fundamentalmente) de los incentivos adecuados. Decisiones correctas de inventario reducen la probabilidad tanto de incrementos y descensos no previstos de precio. Contribuyen así a reducir riesgo de mercado.

Adicionalmente, que el productor venda su grano no garantiza que este grano “genere dólares”. El grano puede permanecer en el inventario de acopiadores o exportadores. Lo que pierde el productor por estar obligado a vender lo gana otro participante de la cadena ahora propietario del inventario. Pero aun cuando éste exporte el grano, los ingresos generados sólo contribuirían a “generar dólares” si los que exportaron mantienen su portafolio en moneda local, y no la conviertan a dólares. El problema es uno de demanda de moneda local, y no de quien es propietario del inventario.

En todo caso, “obligar” a vender permite anticipar la percepción por parte del fisco del impuesto representado por la suma de retenciones mas diferencial de tipo de cambio entre el oficial y el libre. Obliga entonces a pagar impuestos ahora, en lugar de hacerlo mas tarde. Esto puede causar considerable stress al productor, a cambio de beneficios reducidos o nulos para el ente recaudador.

Por otro lado, si el productor “A” no puede acceder a crédito bancario por disposiciones del BCRA, deberá financiarse o vendiendo su stock de grano, o acudiendo a canales no bancarios (aportantes de capital, proveedores, contratistas, acopiadores). En este último caso, mayor demanda de del productor “A” reduce la disponibilidad para el productor “B”. La restricción de capital sigue vigente.

Intervenir en el mercado de crédito con medidas como las analizadas aquí constituye una mala señal para empresarios e inversores. Esto reduce en forma marcada de oferta de diversas fuentes de capital al sistema financiero. Retracción en la oferta de capital resulta en incremento del costo del crédito, aun cuando se pretenda mantener este mediante una tasa subsidiada. En todo caso, el costo fiscal del subsidio será cada vez mayor ya que para un mismo volumen de crédito a tasa subsidiada, esta deberá incrementarse a fin de compensar la mayor tasa demandada por los aportantes de capital.

La función del sistema financiero es canalizar recursos desde ahorristas a inversores. Tasas de crédito subsidiadas, control político de la asignación de crédito con el manejo discrecional de este dan lugar a serias ineficiencias y lo que es también grave, a crecientes oportunidades para diversas formas de corrupción.

Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.

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Marcos Gallacher

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