Corrupción y una economía que no levanta

Dapena

Por José Dapena

Clarín5 de octubre de 2018 

La corrupción implica hacer trampa. Un contratista que no es el más eficiente, acuerda pagar un precio mayor por una contratación con el Estado, y a cambio del favor entrega un porcentaje de lo que recibe en pago; una licitación se arma a la medida de un proveedor; o alguien recibe un pago por omitir aplicar la ley…. Por lo que la corrupción también implica ineficiencia, mayores costos y por ende menores oportunidades de empleo y crecimiento, a través de hacer trampa, sobre todo a quienes pagan impuestos.  

La corrupción en lo que respecta al Estado proviene del hecho que los funcionarios manejan dinero de terceros, y surge de la existencia de un marco regulatorio y normativo, y del grado de discrecionalidad que dicho funcionario o empleado estatal tiene para decidir en qué medida aplicar esas normas o leyes. Mientras más injerencia del Estado hay, más regulación existe y más espacio para la posibilidad de corrupción.Sin embargo, también requiere de protocolos de transparencia débiles (que dificultan visibilizar esas decisiones discrecionales), y mecanismos judiciales no del todo apropiados (en términos que no se pagan las consecuencias de las decisiones discrecionales y por ende no se teme a las mismas).

En las últimas décadas, el Estado ha incrementado su peso en la economía argentina, lo que ha derivado en una situación de mayor espacio potencial para la corrupción. Este mayor peso del Estado en la economía no ha sido gratuito, ya que se encadena con una mayor carga impositiva para un sector significativo de la población, que inclusive resta rentabilidad a las potenciales inversiones, genera conflictos de interés y provoca un desincentivo a la contratación de empleo. Los impuestos representan las expensas que pagan quienes viven y hacen negocios en Argentina, y el contrato social significa que se pagan impuestos para atender los gastos comunes del país. Sin embargo, si ese gasto común es poco transparente o es discrecional, genera rechazo en la sociedad, y provoca escepticismo respecto de la motivación para pagar impuestos. Este rechazo de la sociedad da lugar a un segundo acto de corrupción, que es la evasión impositiva. No pagar los impuestos es hacer trampa también, aunque encuentra su supuesta legitimación en ese rechazo al uso que se hace de los fondos públicos.

Aún con mayor carga impositiva, el Estado tiene un desequilibrio en sus cuentas públicas, lo cual ha sido la norma casi excluyente en los últimos 60 años, generando crisis recurrentes que en cada manifestación sumergen a una parte de la población en problemas económicos. Y en cada crisis, se han subido o creado impuestos de manera transitoria que se vuelven permanentes. Por ello el desafío es disminuir el peso y la función del Estado en la economía, para limitar los grados de libertad de quienes deben tomar decisiones, hacer transparentes los procesos de contratación estatal de manera de evitar la trampa, y contar con un sistema judicial que aplique y castigue severamente los actos de corrupción, sobretodo haciendo foco en el lavado de dinero, ya que el objetivo de la corrupción es enriquecer al funcionario tramposo.

Esto permitiría disminuir la carga impositiva, liberar el espacio para la iniciativa privada, y sobretodo establecer un contrato social entre pagadores de impuestos y funcionarios de gobierno y empleados estatales. Ningún país se ha desarrollado de manera consistente en el tiempo haciendo trampa.

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