Rusia al frente del nacionalismo sanitario

Mariano Turzi

Por Mariano Turzi

Clarín 13 de septiembre de 2020

Para sorpresa de muchos, la criticada vacuna de Putin superó las primeras pruebas. Algunos líderes mundiales le dan al remedio, un carácter geopolítico.

En 1833, el matemático aficionado William Forster Lloyd desarrolló la teoría “tragedia de los comunes”. Imaginemos un prado de propiedad común, abierto a todos los pastores de ovejas. Cada pastor tiene el incentivo individual de mantener la mayor cantidad de ganado posible en esos terrenos comunes. Pero esa lógica individual genera a nivel colectivo una situación trágica: la sumatoria de lógicas individuales resulta en un sobrepastoreo que colapsa el recurso para todos. Casi 200 años más tarde el dilema se repite, excepto que no es agricultural sino sanitario y no es local sino global. En agosto, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus remarcó la importancia de la solidaridad mundial para hacer frente a la crisis. “Si bien existe un deseo de proteger primero a su propio pueblo, la respuesta a esta pandemia tiene que ser colectiva”, dijo.

Esta situación se da cuando la vacuna rusa parece ser “segura” y “produce una respuesta inmunitaria”, según explica la revista científica The Lancet , que publica los primeros resultados correspondientes a las fases I y II de un ensayo clínico realizado con 78 personas sanas de entre 18 y 60 años e junio y julio. De este modo, la vacuna generó anticuerpos contra la proteína S del SARS-CoV-2 y también anticuerpos neutralizantes en todos los voluntarios que participaron en el estudio. Además, produjo una respuesta de linfocitos T, un tipo de célula del sistema inmunitario encargada de atacar y eliminar las células humanas infectadas. La vacuna fue muy criticada por la comunidad internacional cuando se supo que Rusia había patentado la licencia de una vacuna antes de publicar evidencias científicas ni realizar ensayos como corresponde.

La OMS instó a los gobiernos mundiales a participar en el Servicio Mundial de Vacunas (COVAX), un mecanismo destinado a garantizar el acceso justo de todos los países –ricos o pobres– a una inmunización eficaz. El COVAX busca consorciar esfuerzos de la OMS, organizaciones no gubernamentales y compañías multinacionales fabricantes de vacunas para acelerar el desarrollo de medicamentos para el tratamiento de Covid-19 y ponerlos a disposición de las personas en todas partes. Los países industrializados son el 15% de la población global pero acaparan el 82% del mercado global de vacunas. COVAX es un pilar multilateral del acelerador ACT, una plataforma de cooperación global para acelerar y ampliar la investigación, desarrollo, acceso y distribución equitativa de la vacuna y otras terapias y tratamientos contra el Covid-19. La alianza internacional cuenta con el apoyo de la Unión Europea y el compromiso de 8 mil millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates y el Wellcome Trust. EE.UU., Rusia e India han optado por no participar.

El 11 de agosto Rusia se convirtió en el primer país en aprobar una vacuna contra el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La vacuna fue llamada Sputnik V, una clara alusión al deseo ruso de recuperar un status y poder simbólico como el que obtuvo en los tiempos en que lideró el programa espacial. Fue desarrollada por el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya del Ministerio de Salud de la Federación de Rusia en colaboración con el 48º Instituto Central de Investigación del Ministerio de Defensa y el Instituto de Vectores del Servicio Federal de Vigilancia y Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano. Es financiada por el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), el fondo soberano de inversión del país. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Filipinas, India y Brasil esperaban unirse a los ensayos clínicos de Sputnik V a nivel local.

Así como los pastores racionales concluyen que la acción sensata es la individual, ello lo encierra en un sistema en el que –persiguiendo sus intereses individuales– precipitan la ruina colectiva. En el caso de la carrera global para alcanzar la vacuna contra el virus, encontrar la manera de compartir los suministros finitos de manera estratégica y global podría resultar en el interés nacional de cada país. La cooperación arrojaría mejores resultados que la competencia. Aunque la pandemia de Covid-19 llevaba en los primeros díás de septiembre más de 27 millones de casos y más de 900 mil muertes en todo el mundo, la respuesta fue mayormente nacional. Este “nacionalismo sanitario” se manifestó primero en las medidas adoptadas por los estados. Comprensiblemente, apuntaron a controlar el flujo de la enfermedad dentro de las fronteras: controles en los puntos de ingreso terrestres, aéreos y fluviales, cuarentenas extensas (en territorio y tiempo), reducción o prohibición del transporte, proscripción de actividades al aire libre o concentraciones sociales, testeos masivos, permisos de circulación y seguimiento de los infectados. La enfermedad llegó en un momento de baja cooperación mundial. Una combinación de desconfianza, percepción errónea y miedo está desintegrando las bases de la acción colectiva global.

Sumado a que el Covid-19 ha significado el mayor impacto sobre la economía global desde la Gran Depresión, la toma de decisiones se encuentra permeada por una sensación de urgencia que supone que el liderazgo colectivo será más lento e ineficiente. Pero fue gracias a la colaboración de una comunidad científica mundial vinculada a través de las tecnologías de la información y comunicación que se secuenció el genoma del nuevo coronavirus el 12 de enero, dos semanas después del informe de China sobre un grupo de casos. Ahora investigadores de todo el mundo comparten sus hallazgos en busca de una vacuna. Lo cual transforma la pandemia en tema que además de sanitario, es económico y político. La primera dimensión busca responder la pregunta acerca de quién pagará por la vacuna. Las empresas esperarán recuperar su inversión en investigación y desarrollo, costos de producción y distribución. ¿Debería una vacuna ser gratuita para algunos o para todos?

Las licencias o patentes impactan directamente el cálculo de ganancias de estos gigantes corporativos globales en un mercado que en 2018 superó los 40 mil millones de dólares. Paul Hudson, director ejecutivo de Sanofi, dijo que Estados Unidos tenía “derecho al mayor pedido anticipado” de una vacuna debido al acuerdo de inversión que la compañía firmó en febrero con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de Estados Unidos (BARDA). El director ejecutivo del Serum Institute de India, el mayor productor mundial de dosis de vacunas, dijo que la mayor parte de su vacuna “tendría que ir a nuestros compatriotas antes de ir al extranjero”. AstraZeneca informó que debido a la inversión de 79 millones de dólares del Reino Unido, los primeros 30 millones de dosis de la vacuna que está desarrollando con la Universidad de Oxford se asignarían a ese país.

En mayo, EE.UU. prometió 1.2 mil millones de dólares a la compañía para obtener al menos 300 millones de dosis, y la primera se entregará a principios de octubre. El acuerdo es parte de la Operación Warp Speed ​d​e la administración Trump para asegurar las vacunas para los estadounidenses lo antes posible. La dimensión política deberá lidiar con cuestiones aún más difíciles: acceso y distribución. ¿Quiénes deben recibir la vacuna? ¿Tiene privilegios el país donde se desarrolla una vacuna? ¿En qué medida los países más ricos desplazarán a los más pobres? ¿Será el mercado el que determine el acceso? ¿O será la geopolítica, favoreciendo a amigos y aliados en detrimento de adversarios y enemigos?

Mariano Turzi es profesor UCEMA

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