Derecho de propiedad, un eje necesario en la era de las redes interactivas del agro

 Manuel Alvarado Ledesma

Por Manuel Alvarado Ledesma

Clarín 17 de Noviembre de 2020

La rentabilidad agrícola no está vinculada a la propiedad de la tierra, en los nuevos esquemas organizativos del campo, pero es un pilar clave para resguardar la inversión y la innovación.

La secuencia de ocupación ilegal de tierras y de propiedades en general tiene raíces profundas que se hunden en la historia reciente de nuestro país. El problema, ciertamente, debería dar vergüenza, en primer lugar al Gobierno. Pero, también, a todos.

La ciencia económica ha demostrado que los derechos de propiedad seguros generan los estímulos necesarios para la innovación y el desarrollo socioeconómico, limitando el uso predatorio de los bienes.

En el aspecto coyuntural, el Gobierno tiene la mayor responsabilidad en la violación del derecho de propiedad, consagrado por nuestra Constitución, puesto que hasta el momento el mensaje oficial ha sido ambiguo.

Como si quisiera conformar a una parte del electorado y deshacerse de su responsabilidad, termina adhiriéndose a una suerte de relato, sumamente alejado de la realidad. Cuánta razón tiene el historiador Yuval Noah Harari cuando afirma: “La verdad siempre es complicada, poco halagadora y difícil de manejar, en tanto que la ficción tiende a ser simple, fácil y halagadora pues permite echar la culpa de nuestros problemas a otros".

El presidente Alberto Fernández expone un diagnóstico erróneo sobre la problemática productiva y organizativa del agro. Resulta inaudito que valore la "idea base" del dirigente social Grabois de "buscar tierras fueras de los centros urbanos para que la gente se asiente y las explote".

En primer lugar, nadie debe explotar la tierra. Sí, se debe trabajar con la tierra. Y para hacerlo, no es imprescindible la posesión de tierras.

Por otro lado, la actividad agraria tiende a desarrollarse cada vez más sobre el esquema de red de contratos, donde hay múltiples oportunidades laborales para quien esté dispuesto a aprender y emprender. Y ello no exige la tenencia de tierras.

El problema central acá es que no hay una vocación en una parte considerable de los más humildes para el trabajo en la tierra. La razón es la escasa atracción para dejar los centros urbanos y dirigirse al campo, donde los problemas de infraestructura son enormes. A ello, debe agregarse la ausencia de capacitación en la gente que podría mudarse desde las ciudades; y la falta de enseñanza sobre la importancia del trabajo y el esfuerzo no solo como fuente de recursos sino también de dignidad. Todos estos elementos son responsabilidad del Estado.

En el mundo privado, a diferencia del Estado, los avances son sobresalientes. En el aspecto organizacional, el ámbito rural ha sido protagonista de una verdadera revolución que, a lo largo de las últimas décadas, ha modificado las estructuras productivas y comerciales. Pese a su importancia, las autoridades siguen sin comprender los cambios de los últimos años.

La organización de los servicios surgidos en torno al campo hoy se arma sobre a un esquema flexible de pequeñas empresas o de personas individuales, capaces de cubrir las necesidades de la demanda de servicios de toda naturaleza. La preparación de la tierra, las siembras, aplicaciones de pesticidas, sistemas de labranza, sistemas de cosecha, transporte, etc., son algunos de los ejemplos de servicios cada vez más externalizados. Para llevarlos a cabo, no es necesaria la propiedad de tierra. El bien de capital tierra es, probablemente, el de menor rentabilidad.

En tal contexto, el mercado de arrendamientos de tierras u otras formas de trabajo, mediante todo tipo de contratos es un proceso creciente con una enorme gama de posibilidades, de la mano de nuevas tecnologías y formas de organización, donde el ingenio prima. A este fenómeno, muy característico de nuestro país, lo defino como economía agrícola contractual.

El fenómeno de la tercerización crece día a día como una opción para la disminución de costos tanto de producción como de transacción y, más que nada, para concentrarse en sus competencias centrales, en lo que se puede llamar la estrategia de “zapatero a tus zapatos”.

El desarrollo de pequeñas empresas, muchas veces constituidas por una sola persona, depende de su flexibilidad en la toma de decisiones así como de su capacidad para brindar servicios relativamente especializados; aunque se trate de actividades muy sencillas.

El éxito económico depende de la capacidad individual de pequeñas firmas o individuos de formar parte de una red interactiva con relaciones interdependientes, que conduce a bajar los costos de producción y sobre todo de transacción, cuando el entorno institucional es favorable.

En este sentido, lo permanente son las personas que llevan adelante el proceso productivo. La inversión en su capacidad de coordinación y de comunicación es garantía de adaptación a los cambios del contexto económico. Desde esta posición, ellas pueden coordinarse dentro de la red de subcontratos, con actividades tercerizadas.

De esta forma el concepto de compañía central, propietaria y administradora de inmensos recursos, tiende a convertirse en una ficción. Los principales activos de las empresas de hoy son más bien aquellos ligados a lo intangible como la habilidad de encontrar soluciones en forma ágil para las particulares necesidades y deseos de la demanda.

Con las nuevas tecnologías de información y de comunicación, fácilmente al alcance de todos, se suele operar en red. Pero, para que este esquema funcione, sí es imprescindible que la gente cuente con un sistema de propiedad claramente asegurado.

El desarrollo responde a un marco institucional que establezca y haga cumplir los derechos de propiedad con extrema eficiencia. Es imprescindible reforzar las instituciones formales e informales que garanticen el respeto a la propiedad.

Por el bien de todos, los derechos de propiedad no solo deben estar asegurados sino que también deben ser comunicados con argumentos contundentes.

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Manuel Alvarado Ledesma

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