Una política económica de precios bajo presión

Entrevista a Federico Vacalebre

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Pese al fuerte ajuste fiscal, la presión por expandir el gasto y la necesidad de financiamiento ponen un piso inflacionario.

El éxito tiene su precio. La paradoja para el ministro Martín Guzmán es que habiendo alcanzado y hasta sobre cumplido las metas fiscales del Presupuesto 2021 ahora le están empezando a llegar las facturas. La primera cuenta es, nuevamente, la tasa de inflación: durante el primer cuatrimestre del año, la inflación minorista promedio fue de 4,1% mensual, pese a la buena letra en el campo fiscal.

El gran reclamo desde la ortodoxia para el equipo económico fue que debía encarrilar cuanto antes el déficit fiscal primario (o sea antes de los servicios de la deuda) para no alimentar la emisión monetaria. La preocupación no era gratuita: en el año y medio desde su asunción, la administración de Alberto Fernández aumentó la cantidad de dinero en la economía a razón de 75% anual por la simultánea caída de la recaudación fiscal, el auxilio sanitario para la emergencia y el sostén de empleos a través de los programas ATP y Repro.

En rojo. El déficit fiscal de 2020 se calcula casi del 8% del PBI en un año con una caída de la actividad económica de 10% durante todo el año, que socavó la recaudación impositiva. Lo previsto era que, con la gradual apertura de las actividades, nuevos impuestos y algunas tareas con el gasto púbico realizadas con bajo perfil, los equilibrios se restaurarían rápidamente.  Para el economista Federico Vacalebre profesor de la UCEMA, “el ajuste fiscal fue notorio en los primeros cuatro meses de este año: los ingresos tributarios crecieron al 93% interanual contra sólo 14% que subió el gasto primario”. Esto sin contar lo que se va recaudando por el impuesto a la riqueza ni la proyección de mayores retenciones por el alza de precios en los productos de exportación. “Esto le permitió tener un colchón fiscal para aguantar un año electoral pero también vendrán las presiones para gastarlo”, explica.

Por su parte el profesor y consultor Ernesto O’Connor, de la UCA, detalla el esfuerzo fiscal que pasó por debajo del radar durante el primer cuatrimestre. “Al no tenerlos incluidos en el Presupuesto, hay un ahorro por no haber gastado en IFE y los programas ATP, que anualizados representan un 3% del PBI; paritarias de sueldos públicos que con el 35% anunciado quedarán debajo de la inflación, como también las jubilaciones y las transferencias a las provincias”, detalla. La sumatoria de todo eso arroja el resultado sorprendente que logró Guzmán.

Sin embargo, como es un año electoral, las presiones ya están rodeando la manzana del Ministerio de Economía. “Para que la inflación pueda bajar del piso del 4%, además del déficit fiscal controlado y una menor emisión monetaria se cuenta con la ayuda de un dólar que crece poco y tafias congeladas. Pero es un año electoral y las presiones para hacer crecer el gasto son inmensas”, aclara el economista Fernando Marengo, socio de Arriazu Macroanalistas. A su juicio, la dificultad para bajar los precios, aún con unas variables controladas, tiene que ver con la incidencia de los precios internacionales y las expectativas. “Con la incertidumbre, el productor no puede saber cuál es el costo de reposición y recurre al sobreprecio”, concluye.

Esta aparente incongruencia entre un cuadro fiscal ordenado y precios descontrolados, también tiene explicaciones. Para el economista Camilo Tiscornia, socio de C&T Asesores Económicos, se fueron generando expectativas que son difíciles de torcer. “En mayo, por ejemplo, el dólar oficial subió sólo 1,1%, frenándolo de manera llamativa, pero igual los precios mayoristas están aumentando más que el IPC y los de los alimentos más que el promedio. La inflación ya se metió en la cabeza de la gente”, sostiene.

A partir de la segunda ola del Covid que generó nuevos confinamientos, surgieron nuevas demandas por auxilios sociales y económicos. De no estar previstos, se abrió para este mes el registro de solicitudes del Repro II y se inscribieron 55.000 empresas para afrontar parte del pago de los salarios a sus empleados, el doble que en abril. Estarán involucrados 990 mil trabajadores y 145 mil autónomos.

Tampoco resultó una buena noticia la actualización de las tarifas: con el reajuste de un dígito sentenciado, los subsidios crecerán indefectiblemente. Sólo faltan más transferencias a las provincias con o sin el argumento de la pandemia, para que el colchón se desinfle por completo.

Dinero sin fin. El otro aspecto que también hay que mirar con detenimiento es el de la emisión monetaria, tanto en M1 (billetes y cuentas a la vista) como en la versión más amplia de M2 (que incluye pasivos y letras de corto plazo emitidas por el Banco Central). Dada la fuertísima emisión de 2020, algunos ven en la inflación rebelde de 2021 su consecuencia directa. “Hay parte de eso- continúa- y también pesan las expectativas de que se corte la renovación de Leliqs (Letras de Liquidez) o que los bancos que hoy pueden absorberlas un día se deshagan de ellas y se vuelquen al mercado como más emisión”.

Al respecto, Vacalebre hace una estimación: “se viene renovando el 80% de la deuda interna porque hay más opciones y en el Presupuesto 2021 se estableció la regla que el 60% del financiamiento del déficit iba a ser por emisión pura y el 40%, por nueva deuda. Pero si esto se dificulta, como está ocurriendo, el Gobierno deberá emitir más de lo proyectado y se volcaría a más inflación”, advierte.

El otro elemento a considerar es la brecha cambiaria, que también comenzó a generar políticas activas desde que el Gobierno empezó a controlar el gasto público. Con un dólar llamativamente estable en los últimos seis meses fruto del “rulo cambiario” (con los dólares de mayores exportaciones, interviene directamente en el dólar “financiero”) y de “pisar” las importaciones para quitarle presión al segmento oficial. Una política que no es sostenible: trae inconvenientes al circuito productivo y el BCRA tampoco puede acumular reservas, indispensables para encarar otro aspecto que no está presente todavía en este esquema: la negociación con el FMI.

Hasta ahora, el aumento del ingreso de divisas por la mejora de los precios internacionales (una muy buena noticia) se esterilizó en operaciones de compra venta de bonos para el control del mercado cambiario. La apuesta del Ministro era cerrar lo antes posible ese flanco y ofrecer a los agentes económicos una primera certidumbre, como sería un acuerdo a 10 años con la carga de realizar algunas reformas que se consideran impostergables para pagar algún día (sistema tributario, laboral y austeridad fiscal). Marengo recuerda que entre septiembre próximo y diciembre de 2022 hay que pagar US$ 22.000 millones al FMI, algo imposible sin un nuevo esquema de largo plazo. Claro, el calendario tiene su rigidez: el Gobierno debería cerrarlo antes de febrero próximo para que no sea un eje incómodo de la campaña electoral y no caer en default. El largo plazo, aún en Argentina, también llega.

Persona
Federico Vacalebre