Bienes públicos improductivos y fideicomisos productivos

Francisco María Pertierra Cánepa

Por Francisco María Pertierra Cánepa

Sorprende negativamente la iniciativa del Gobierno sobre expropiación de tierras y propiedad privada ya que, a pesar de las crisis y el retroceso económico, el Estado argentino sigue dilapidando recursos con bienes propios que en su mayoría son improductivos, están subexplotados o inmersos en conflictos judiciales. Estos, muchas veces no están correctamente registrados, no tienen valuaciones y presentan irregularidades como conflictos jurisdiccionales, ocupaciones, o contratos incompletos o vencidos, lo que implica un perjuicio económico permanente como es el caso de campos, depósitos, viviendas, rodados y lotes en zonas urbanas o ribereñas, casi todos de alto valor para el real state, agro e industria.

Por esto, resulta inoportuno abrir un debate sobre expropiaciones cuando esos bienes, que son patrimonio nacional, podrían incorporarse a la economía productiva con el riesgo del capital privado, llevando bienestar a todos los rincones del país a través de proyectos profesionales. Por eso es tan importante que el gobierno realice un relevamiento técnico de carácter integral y estratégico pues hay más de 80.000 inmuebles, incluyendo muchos en zonas estratégicas y de alto valor en el mercado.

Durante las últimas administraciones, se hicieron trabajos de inventario con suerte parcial ya que, lamentablemente y lejos de priorizar el foco productivo, fue con el objetivo de venderlos para generar ingresos o regularizarlos sin una política de explotación específicamente diseñada. Así, se postergó la propuesta de evaluarlos y recuperarlos para maximizar su potencial destinándolos a la economía real lo que evitaría, tal como la experiencia nos enseña, que los fondos líquidos bajo el poder del Príncipe sean condenados a perderse en el desconcierto, la ineficiencia y corrupción estatal; es decir, ni bienes ni fondos líquidos.

En consecuencia y dada esta visión arcaica sobre el rol de la política al servicio del progreso por medio de la inversión productiva, es que no se incorpora la cultura de estímulo a la producción articulando el riesgo privado y las políticas públicas en beneficio del interés común, lo cual podría ser potenciado dado el fuerte interés manifestado por el mercado de capitales y su regulador sobre los proyectos denominados “sostenibles” por su impacto social, ambiental y económico. Además, el Estado al poner en juego parte de sus bienes, queda asociado con el privado en el resultado de proyectos que son fondeados y gestionados por particulares idóneos cumpliendo todos los requisitos legales y de procedimientos establecidos ad-hoc en los contratos.

Es simplemente pensar como logramos que las “joyas de la abuela” no desaparezcan y se puedan transformar en riqueza con foco social y rentabilidad para todos los argentinos, que vivimos azotados por una pobreza mayor al 50 %.

Hubo casos donde el Estado intentó desarrollar negocios mixtos con fondeo privado que terminaron en fracasos dado que no tuvieron una estructura jurídica que les permitiera zafar del vicio letal del gobierno de turno manifestado a través del clientelismo, la cartelización y/o la corrupción. Esta debilidad, quedó obsoleta con la irrupción del fideicomiso y los fondos de inversión directa (FID), instrumento del derecho privado que puede ser “bien” utilizado por el Estado si cumple con la condición de construir equipos profesionales jerarquizados, con profundo conocimiento de la materia e idóneos en su aplicación práctica, dedicados a promover los proyectos de la economía real.

En este nuevo paradigma, es insustituible el valor del fideicomiso para garantizar que la voracidad del Estado no sabotee los proyectos mixtos dando seguridad jurídica y horizonte con el liderazgo del capital de riesgo privado, lo que sería un factor disruptivo para atraer inversiones que no se interesan si el cumplimiento depende del Estado.

Entonces, los bienes públicos afectados se apalancarían en fideicomisos que permiten unir en un plan de negocios a diferentes inversores y potenciarlos sobre proyectos atractivos y de duración acotada, bajando el riesgo argentino. Es decir, cada patrimonio fideicomitido gestionado por privados tendría una fuerte supervisión estatal del cumplimiento, respondiendo solo por sus obligaciones y con la garantía que sus bienes no pueden ser desviados del fin prestablecido. Además, estos FID pueden incorporar procedimientos exhaustivos de control, tanto del fiduciario como de auditores designados por el Estado generando la protección esperada, con la obligación de rendir cuentas regularmente a los inversores. Por ende, el riesgo queda acotado al diseño del proyecto, a su calidad y al gerenciamiento del mismo.

Dicho esto, y a modo de sugerencia práctica para un camino virtuoso, es vital que coordinadamente con todos los actores se construya un equipo idóneo y especializado en FID para promover proyectos que sinergicen la creatividad e impulso privado dando valor a los inmuebles públicos mal utilizados, generando trabajo y desarrollo local y evitando así la pérdida del patrimonio nacional, muchas veces mal utilizado para cubrir el abismal déficit público producto de un estado torpe y sobredimensionado.

Pero para no fracasar otra vez, se debe priorizar e impulsar el desafío por medio del mix de “bienes improductivos del Estado, proyectos clase A con riesgo privado, y fideicomisos”. Argentina necesitará recuperar su economía pospandémica y debe contar con un plan estratégico integral que promueva las inversiones productivas de calidad, recuperando bienes desaprovechados que sumado al fondeo privado, con tecnología y conocimiento, puedan transformar rápidamente la realidad de todo el país. Entonces, podremos revertir la crisis potenciando desde el Estado iniciativas de riesgo que desarrollen las cadenas productivas que hoy sufren la falta de management y financiamiento, que utilizando su capital humano y expertise, podrían invertir para crear valor social.

En definitiva, evitemos innecesariamente preocupar a la sociedad con temas sensibles como la expropiación y pongamos el esfuerzo en los bienes desaprovechados que los argentinos tenemos diseminados por todo el país, planificando Fondos de Inversión Directa en las regiones productivas apalancados por la garantía y seguridad de fideicomisos mixtos, que exigen un management idóneo quedando a resguardo de la ineficiencia del Estado, condición fundamental para que los inversores puedan creer y apoyar la producción y el trabajo real en nuestro país. --

Persona
Francisco Pertierra Cánepa

Proximos Seminarios

Publicaciones

Programas relacionados