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La
reciente propuesta de reestructuración de deuda argentina por poco mas de
u$s94.000 M implica una quita de aproximadamente 75%, es decir, por cada
cien invertidos se reconocerían veinticinco.
Del monto total, casi
u$s36.000 M se encuentran en manos argentinas, afectando a más de 8.500.000
afiliados a las AFJP (el default no afecta “al FMI”; el FMI se aseguró cobrar
sin quitas).
Justamente este último punto es relevante. Las AFJP, juntamente con los fondos
comunes de inversión y las compañías de seguros, representan lo que en el
mercado de capitales se conoce como inversores institucionales, quienes tienen
una participación cada vez más significativa en el contexto internacional
canalizando ahorros hacia inversión y proporcionando liquidez al mismo.
En la Argentina lamentablemente este cometido no se ha cumplido de la manera
más eficiente y en beneficio de los ahorristas y de la inversión real, ya
que un análisis de la cartera de inversiones nos dice que la mayor parte
ha ido a financiar al Estado y a depósitos en los bancos, quienes a su vez
financiaban en gran medida al Estado.
El portafolio predefault de los inversores institucionales hacia fines del
tercer trimestre del 2001 puede verse en el cuadro adjunto. Allí se observa
la alta exposición de los inversores institucionales hacia dos instrumentos:
títulos públicos y depósitos en bancos, a la vez que se ve que los bancos
tenían gran parte de esos depósitos colocados en préstamos al Gobierno, y
los fondos comunes de inversión eran canalizadores de ahorros de AFJP hacia
bancos, que a su vez los prestaban al Gobierno.
Evidentemente, la situación en cuanto a diversificación de ahorros para el
ahorrista común no era la más apropiada, más aún cuando los inversores institucionales
cobraban una comisión para defender los ahorros de sus aportantes e invertirlos
de manera eficiente.
Problema de captación
No cabe ninguna duda de que uno
de los mayores problemas que ha tenido recurrentemente la Argentina ha sido
la fenomenal capacidad del Gobierno para extraer ahorros que financien su
gasto, de manera directa o compulsiva.
El sistema de inversores institucionales
apuntaba a crear colchones que permitiesen a la economía aguantar shocks
y darle liquidez al mercado de capitales que incentivasen el financiamiento
de inversiones reales; evidentemente ha sido perverso y mal utilizado por
todos sus integrantes, incluyendo el Gobierno, ya que toda la ingeniería
de finanzas y sus incentivos estaban dirigidos a seguir financiando su déficit.
Esto no significa que el sistema de reparto manejado por el propio Estado
sea el más apropiado. Este ya demostró que ha fracasado de la misma manera
y de manera consistente durante muchos años (en ese caso el Estado no le
rinde explicaciones a nadie cuando se apropia de los fondos).
Sin inversores institucionales es prácticamente imposible desarrollar mercados
de capitales (que canalice ahorros de los privados fluyan hacia inversiones
reales), pero deben darse los instrumentos, marco regulatorio y profesionalismo
que les permitan diversificar los ahorros, para no exponer a los privados
de la forma en que lo estábamos en el 2001.
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