Columna Perspectivas del mes de febrero 2022. Esta sección del Centro de Economía Aplicada (CEA) de la UCEMA provee un análisis de destacados economistas con orientaciones y enfoques diferentes respecto de los problemas económicos de nuestro país y el mundo.

La Argentina está atrapada en un proceso de decadencia que lleva ya varias décadas, en el cual hubo algunos esfuerzos de corrección bien orientados pero claramente imperfectos e insuficientes. La política económica, dentro del conjunto de políticas públicas en seguridad, educación, justicia, etc., es parte causante y consecuencia de este proceso. Los consensos técnicos y políticos que se obtienen -sobre cuál es el sentido general de reformas estructurales necesarias para un crecimiento sostenido e integral- resultan efímeros y por lo tanto sesgados hacia evaluaciones de corto plazo que alimentan la decadencia: el gobierno que encare una solución duradera con reformas de largo plazo, si tuviera el apoyo político a tal fin, difícilmente logre obtener resultados palpables, rápidos y suficientemente robustos que le permitan mantener ese apoyo en el tiempo. Las interpretaciones sobre los motivos del fracaso de esos esfuerzos son múltiples -insuficiente velocidad, falta de consistencia macroeconómica, omisión o exceso de elementos de amortiguación, etc. Por otro lado, aún si existiera un acuerdo sobre los lineamientos centrales de la sociedad a la que se aspira -un supuesto más cuestionable hoy que medio siglo atrás-, idealmente basada en la búsqueda de un contexto suficientemente dinámico y equitativo que promueva la mayor integración social y cultural posibles, las divergencias sobre cuál camino conduce en tal dirección pueden ser igualmente mayúsculas.

La coyuntura económica dentro de ese proceso mantiene características estables: hay múltiples distorsiones (déficit fiscal excesivo que cierra el acceso al mercado de crédito voluntario y conduce a un financiamiento monetario excesivo, elevada inflación, atraso cambiario, control de cambios, fuga de capitales, pérdida de reservas, etc.; legislación laboral rígida que alienta litigios y trabajo informal; régimen previsional mal concebido, injusto e insostenible por su débil correspondencia entre aportes y prestaciones; estructuras tarifarias de servicios públicos distorsionadas que -junto a otras prácticas defectuosas- dan lugar a mayores costos, menores inversiones, menor cobertura y peor calidad de los servicios; restricciones a la exportaciones de carnes y granos que atentan especial y no solamente contra el desarrollo del interior del país; etc.), que no pueden resolverse en el corto plazo (por falta de consenso político, de capacidad y/o de credibilidad del gobierno de turno), por lo cual hay que reaccionar ante las nuevas explosiones (ej., aumento de la brecha entre el dólar paralelo y el oficial) sin quitar las bombas del campo minado. El círculo vicioso entre, por un lado una organización económica inviable para alentar inversiones y decisiones descentralizadas eficientes y compatibles con una mayor productividad y crecimiento, y por otro lado una reacción coyuntural que en vez de corregir de fondo dicho marco se limita a “emparchar hasta la próxima vez”, conduce a una sociedad en conjunto cada vez más pobre, cuya dirigencia política se enfoca en distribuir la pobreza y minimizar los costos sociales inmediatos de los ajustes (fiscales o no) sucesivos, lo cual alimenta la pobreza, deteriora la calidad del proceso político, acentúa los riesgos de nuevos impuestos confiscatorios, etc.

Así, por ejemplo, respecto de los aumentos tarifarios en la provisión de energía domiciliaria por redes (electricidad y gas natural), luego de prácticamente 3 años de cuasi-congelamiento nominal (pese a una inflación acumulada superior al 150% desde el segundo trimestre de 2019, cuando las tarifas de gas y electricidad tampoco permitían cubrir el costo pleno de ambos servicios y además contenían injustificables discriminaciones según niveles de consumo -tarifa social aparte), la coyuntura convoca a discutir la importancia y razonabilidad de un plan oficial de segmentación de tarifas diseñado con un criterio puramente político: mantener el deterioro tarifario real para un amplio conjunto de la población (inicialmente el 90% al menos), aplicando a éste un aumento uniforme de hasta 20% entre marzo y diciembre de 2022, y eliminando los subsidios fiscales (aplicables al precio de la generación eléctrica y al precio del gas natural pagado por los usuarios residenciales en todo el territorio nacional) a algunos usuarios de más alto poder adquisitivo en el AMBA (definidos según zonas geográficas -barrios con alto valor inmobiliario, countries, etc.), que según fuentes oficiales representan cerca del 10% del total de usuarios residenciales en esta región.

Un punto relevante en el análisis coyuntural es si estos aumentos en las tarifas (todavía indefinidas en cuanto a su composición o destino para remunerar costos mayoristas del recurso energético propiamente o actualizar parcialmente los márgenes de transporte y/o distribución de las empresas reguladas -por lo cual abajo supongo una aplicación uniforme) pueden lograr contener el aumento del subsidio energético (fiscal), que en 2021 rondó los US$ 11 mil millones, aproximadamente 2,5% del PBI. Al respecto, como los aumentos adicionales y focalizados del precio mayorista del gas y la electricidad al retirar los subsidios no podrán resultar en valores que superen los costos mayoristas del gas natural y la generación eléctrica para no introducir subsidios cruzados (prohibidos por la legislación), y partiendo de una situación donde los subsidios fiscales representan alrededor del 70% del costo de producción e importación del gas natural y de la generación eléctrica, tales aumentos de precios pueden rondar como máximo 230%; por ello, aun suponiendo que los usuarios del AMBA alcanzados por el retiro de subsidios -menos del 5% del total de los usuarios residenciales en todo el país- duplican el nivel de consumo residencial promedio en cada caso, y notando que también pagarán el aumento del 20% aplicado universalmente, ello implica que como máximo será posible actualizar los precios mayoristas incluidos en las tarifas residenciales en hasta un 43% en promedio. Es decir, el plan de ajuste tarifario segmentado que el gobierno ha anunciado representa una suba promedio de los precios de la energía -gas natural y electricidad- incluidos en las tarifas que pagan los usuarios no mayor al 43%%, una actualización menor a la inflación prevista para este año.

Obviamente, aunque en 2022 puede haber cambios en el valor real del dólar oficial y en los costos mayoristas de la energía (por ejemplo, por la importación de un volumen mayor de GNL cuyo precio en este momento triplica en dólares el pagado en 2021), entre otros, si los costos de la energía suben según la inflación proyectada (50% como mínimo) y los precios que los usuarios pagan por la energía mayorista suben en promedio cerca del 43%, el subsidio energético deberá aumentar bastante más del 50% (esto es, crecerá en términos reales), tal vez incluso aumentando como porcentaje del PBI pese a que éste seguramente será mayor en 2022 que en 2021. Reducir el subsidio del 2,5% al 1,7% del PBI entre 2021 y 2022 en base a este plan, aún si el PBI lograra aumentar 10% en términos reales, luce imposible. 

Así, además de las múltiples distorsiones en las señales de precios profundizadas con este plan, de su insuficiencia agregada para iniciar una fase de reducción de subsidios fiscales y económicos (recomponiendo aunque sea parcialmente los márgenes de transporte y distribución de las empresas afectadas) y de los errores de focalización (subsidiando usuarios de ingresos medios y altos fuera de las zonas pudientes apuntadas), es claro que se trata de un primer movimiento en una secuencia más compleja, en la cual asistiremos primero a una extensión del criterio de quita de subsidios aplicado en el AMBA hacia usuarios de muy altos ingresos en el resto del país y luego al retiro o fuerte reducción de subsidios al resto de los usuarios de ingresos medios y altos que no puedan (o teman) demostrar que no están en condiciones de afrontar el costo pleno de estos servicios. Cuando esta estrategia de “quitar subsidios dividiendo a los afectados” se complete, la litigiosidad, la falta de transparencia, la incertidumbre, la opacidad, los desincentivos y las distorsiones serán máximos. Con mayores costos y menores inversiones como consecuencia de lo anterior, la coyuntura entonces será más compleja que la actual. Porque, obviamente, con o sin acuerdo con el FMI y cualquiera sea la exigencia que éste contenga respecto de la normalización tarifaria y la reducción de subsidios a la energía, toda postergación en retornar a una situación razonable donde los precios y las tarifas reflejen suficientemente los costos eficientes de los servicios recibidos, aplicando una tarifa social que compense sumas fijas para reducir el monto total de la factura de energía a una población focalizada, conlleva costos crecientes para la sociedad en su conjunto -y especialmente para los pobres que jamás podrán superar tal situación.

En ese contexto, para quienes comparten el diagnóstico general inicial -la coyuntura crítica actual es insoluble sin ser enmarcada en reformas de fondo que permitan restablecer un contexto mínimo necesario para el crecimiento-, la pregunta más relevante es cuál es el conjunto de reformas que pueden convocar suficiente apoyo político y mantenerlo pese a la ausencia de satisfacciones inmediatas. Definir tales reformas, buscando tanto su efectividad como sostenibilidad política -aceptando los trade-offs implicados- es el desafío central, tal vez el único relevante, frente a la coyuntura.

* Economista jefe de FIEL y profesor de Economía y Regulación de los Servicios Públicos en la Universidad Nacional de La Plata.