Tener una moneda estable es una condición necesaria para que una economía crezca en el largo plazo. En la Argentina ya hemos visto sistemáticamente desde hace décadas la forma en que la desvalorización de la moneda impacta negativamente en las decisiones de inversión y en el comercio. Nadie quiere hacer contratos en una moneda que pierde valor constantemente, o que puede perderlo en el futuro. Todavía hay mucha gente con chances de ser dirigente que no entiende, o no le conviene entender, que la inflación es causada por la emisión de dinero para financiar el gasto público, emisión no demandada por el sector privado. En Argentina somos campeones del impuesto inflacionario, y de los efectos negativos que tiene sobre la economía, pero a pesar de esta evidencia contundente sabemos que muy probablemente habrá gobiernos en el futuro que nuevamente recurrirán a la impresión de dinero para financiar su gasto causando inflación y distorsiones de precios relativos. 

En este momento tenemos una ventana temporal de oportunidad para intentar disminuir la probabilidad de que futuros gobiernos vuelvan a utilizar el impuesto inflacionario para financiar el gasto. Esto necesita una reconfiguración del régimen monetario argentino que evite o limite la manipulación discrecional del valor de la moneda por el gobierno de turno, y que esta restricción a la discrecionalidad sea creíble. A grandes rasgos, las alternativas propuestas para lograr esto son las siguientes: 1) dolarización formal y eliminación del peso, 2) adopción de una moneda supranacional con los países de la región, en especial Brasil, 3) creación de una nueva moneda nacional basada en una unidad de cuenta indexada (al estilo del Plan Real), 4) continuación del actual peso pero con un régimen monetario e institucional que haga más costoso el financiamiento monetario al Tesoro, 5) competencia de monedas. 

Cada una de estas propuestas tiene sus aspectos a favor y en contra. Repasemos los principales. La dolarización sería el camino para bajar más rápidamente la inflación y ordenar los precios relativos, más aún si opera junto con una apertura al comercio internacional de bienes y servicios; por otra parte, a mi entender sería el régimen más difícil de revertir, por lo que contaría con buena dosis de credibilidad de cara a pautar contratos a largo plazo. Los dos problemas principales que tiene asociados son la mayor inflexibilidad para corregir precios relativos ante fuertes shocks externos y la posible inestabilidad del sistema financiero dada la creación secundaria de dinero (dólares bancarios) y la ausencia de un prestamista de última instancia (salvo que se llegue a algún tipo de acuerdo con la Reserva Federal en este sentido, que por el momento pareciera poco probable). Estos problemas requerirían, en el primer caso, lograr la mayor flexibilización posible en todos los mercados y, en el segundo, la imposición de una gran disciplina y gestión de riesgos crediticios. 

La adopción de una moneda supranacional, suponiendo que tuviera un buen funcionamiento, tendría la ventaja de dificultar o eliminar la discrecionalidad de los gobiernos argentinos en su manejo, por lo que podría ser una moneda creíble, y podría servir mejor para ajustar los precios relativos ante shocks externos regionales (suponiendo nuevamente un buen manejo monetario, como el que se le puede acreditar al Banco Central de Brasil en las últimas décadas). Por el lado de las desventajas, dada la situación actual sería el régimen que mayor coordinación política internacional necesitaría y el que más tiempo demoraría para implementarse.

La propuesta de crear una nueva unidad de cuenta para luego transformarla en moneda transaccional (tomando como antecedente la experiencia exitosa del Plan Real) es una alternativa atractiva de cara a regenerar la confianza que el actual peso ha perdido como unidad de cuenta. El problema que a mi criterio no resuelve es el de la credibilidad en el buen funcionamiento futuro o en el mantenimiento de las reglas que definen esta nueva moneda, dado que nuevamente se estaría asumiendo un elevado riesgo de discrecionalidad de futuros gobiernos argentinos, que en cualquier momento podrían decidir devaluarla o depreciarla, como tantas veces en el pasado se hizo con las diferentes monedas y unidades de cuenta introducidas. Los intentos que se han hecho en estos últimos años por parte de varios grupos políticos e incluso de primeras instancias de la justicia argentina para romper contratos denominados en unidades de cuenta indexadas a la inflación (como los créditos hipotecarios UVA) claramente muestran la debilidad institucional que sigue existiendo en nuestro país con relación a la estabilidad de las unidades de cuenta en las que se denominan contratos a largo plazo. 

La continuidad del actual peso, obviamente sobre la base de que logra estabilizarse en el corto plazo y aumenta su demanda como medio de pago y unidad de cuenta (lo cual la evidencia de estos primeros meses pareciera dar lugar al optimismo), necesitaría, al igual que en el caso anterior, del establecimiento de un mecanismo institucional que garantice su valor futuro, es decir, de una ingeniería creíble de independencia del BCRA, de lo contrario no sería una moneda atractiva para denominar contratos más allá del corto plazo.

Por último, respecto de la competencia de monedas, los más entusiastas apuestan a que a partir de esta competencia, principalmente entre el curso legal del dólar y del peso, se disciplinaría el manejo de la política monetaria por parte del BCRA, y los menos entusiastas al menos rescatan el hecho de que el mercado podrá siempre elegir libremente en qué moneda pactar los contratos. Desde mi punto de vista, en Argentina esta competencia sería una fuente de inestabilidad permanente para los contratos denominados en pesos, y ante este riesgo, casi nadie querría realizar contratos en pesos por lo que naturalmente estaríamos en una dolarización de hecho. 

Mi opinión personal es que el régimen que mejor ordenaría la economía argentina sería la dolarización, teniendo en cuenta el tratamiento de los puntos desfavorables que se mencionaron para los que habría que diseñar una entidad de supervisión bancaria y lograr una mayor flexibilidad para el ajuste de los mercados laboral, de bienes y servicios.  

Manuel Calderón
Profesor de UCEMA y director del Banco de la Nación Argentina