Columna Perspectivas del mes de marzo 2022. Esta sección del Centro de Economía Aplicada (CEA) de la UCEMA provee un análisis de destacados economistas con orientaciones y enfoques diferentes respecto de los problemas económicos de nuestro país y el mundo.

Los desafíos que enfrenta la economía argentina son enormes. Pero básicamente se dividen en dos tipos de problemas, los financieros/monetarios y los puramente económicos. Entre los primeros, tenemos los típicos problemas argentinos, como el déficit fiscal, los vencimientos de deuda y la excesiva emisión monetaria. Entre los segundos, tenemos la caída en la productividad laboral, el estancamiento del crecimiento potencial hace una década, las distorsiones de precios relativos, la caída del salario, los bajos niveles de comercio internacional y el crecimiento de la pobreza. A esta altura de las circunstancias, estos problemas se deberán enfrentar con un programa estructural, sin embargo, por ahora lo que se logró es un acuerdo con el FMI que tiene como objetivo sostener a la economía hasta el final del actual mandato.

El nuevo programa está plagado de incertidumbres, por lo que su mayor valor radica en que aplaza el cronograma de pagos hasta 2026, despejando el panorama financiero. El otro objetivo es intentar que los problemas actuales, al menos en el frente fiscal y monetario, no se agraven. Idealmente, el tiempo ganado debería utilizarse para ordenar la macroeconomía y encarar una agenda de reformas, pero los cambios estructurales están ausentes.

En el frente fiscal, el nuevo programa apunta a reducir el déficit primario de 3% del PIB a 2,5%. En principio, los ingresos crecerían 0,2 puntos porcentuales del producto, mientras los gastos primarios se reducirían en 0,3 p.p. Sin embargo, hay poca claridad sobre cómo se logrará un objetivo por demás modesto.

Comenzando con el punto más polémico, Guzmán aclaró que se apunta a reducir el gasto en subsidios energéticos en 0,6 p.p., algo que luce bastante improbable en vista de los aumentos anunciados y de las restricciones derivadas del aumento del salario. Esto no es suficiente para conseguir una reducción importante del gasto del Estado ya que el 90% de los usuarios que reciben subsidios tendrán un incremento por debajo de la inflación, lo cual establecería el aumento mínimo de los costos de la energía en 2022, aunque es muy probable que el alza sea mucho más considerable. Lo que se espera es que la baja provenga de la finalización del tercer programa Gas plus. Aun así el objetivo oficial parecería bastante optimista. La otra gran baja del gasto vendría por la reducción de las erogaciones de la pandemia que, en 2021 fueron de 0,9% del PIB. Como contrapartida el Gobierno promete incrementar el gasto en obra pública en más de 1% del PIB.

Aun así, la meta podría cumplirse con relativa facilidad este año porque el gasto por Covid se reducirá y la obra pública podría demorarse. El mayor riesgo es la importación de gas licuado dado el aumento internacional del precio de este producto, que podría dañar las cuentas públicas si es que efectivamente se logra importar lo necesario.

Más complicado luce el cumplimiento de las metas para el año 2023 porque es un año electoral y difícilmente el Gobierno se juegue por un aumento fuerte de tarifas. Tampoco es muy probable que se cumpla el supuesto de inflación planteado en el acuerdo, que no sería mayor al 48%. Las proyecciones privadas actuales ubican a la inflación en el rango 55%-60% anual para el 2022. Eso genera una serie de dificultades adicionales; por caso, cuando se quiera establecer una tasa de interés nominal más alta de lo previsto de modo que la tasa real sea positiva.

Este no es un problema menor. Si la tasa de interés real permanece negativa, naturalmente existirá un estímulo para alejarse de los instrumentos en pesos. Pero, por otra parte, si la tasa de interés nominal resulta muy elevada, se incrementa el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que el año pasado habría terminado siendo del 3,5% del PIB. Una enormidad, teniendo en cuenta que el déficit fiscal primario fue 3%.

Para contener los problemas monetarios e inflacionarios, en el programa con el FMI se acordó una restricción al financiamiento monetario del déficit fiscal que en el 2022 no debería superar el 1% del PIB y debería ser cero en el 2024. Bajo el supuesto de que los intereses de la deuda que debe pagar el fisco logren financiarse con nueva deuda, el financiamiento monetario que permite el acuerdo es menos de la mitad del déficit primario estipulado para el 2022. Se espera que el financiamiento faltante venga de organismos internacionales (podrían financiar obra pública), pero esto no reduce el riesgo inflacionario porque si bien estos dólares que ingresarían del exterior reforzarían las reservas, lo cierto es que los pesos que emitiría el Banco Central para adquirir estas divisas no tendrían como contrapartida una demanda adicional de dinero, lo cual seguiría generando presiones inflacionarias. Pero al menos están respaldados y el Banco Central siempre puede vender dólares para absorber el exceso de pesos.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que el programa implícito en el acuerdo con el FMI no tiene como objetivo resolver ningún problema, sino más bien evitar un deterioro mayor de las variables financieras y monetarias.

Con respecto a la mejora del crecimiento potencial o el incremento de la productividad y el aumento de las exportaciones, no hay ningún un plan en vigencia. El Gobierno apuesta a que el rebote económico post pandemia le permita mostrar dos años de aumento del PIB antes de la finalización del actual mandato. Esto es relativamente posible siendo que a diciembre del 2021 el PBI estaba un 3,5% por debajo del máximo del 2017. Teniendo en cuenta que el arrastre estadístico del 2022 es superior al 2%, estos números permitirían mostrar una expansión del PBI del 3,5% en 2022 y aproximadamente un 2% en el 2023 hasta alcanzar la frontera de posibilidad de producción en la economía argentina.

No obstante existe la posibilidad de que no se puede alcanzar este objetivo por más pobre que sea debido a la falta de insumos o de energía. En efecto, las restricciones para importar por falta de dólares, falta de contenedores o la guerra en Ucrania están provocando algunos cuellos de botella que de no resolverse pueden frenar la recuperación económica.

En el mejor escenario para el Gobierno, que es el que sirve de base al acuerdo con el FMI, se logra una reducción gradual del déficit fiscal, la economía muestra un rebote, se ajustan muy parcialmente las tarifas de servicios públicos y se contiene un poco la emisión monetaria para que la inflación no se dispare hasta el 2023. Sin embargo, este es un programa para llegar a las elecciones y después de ellas deberán hacerse reformas si es que Argentina decide salir de un proceso de estanflación que lleva ya una década.