La evolución de la agricultura argentina en las últimas décadas constituye uno de los casos más interesantes de crecimiento productivo en la economía del país. A diferencia del resto de la economía argentina, y a pesar de operar durante años en un contexto macroeconómico inestable y bajo políticas sectoriales fuertemente distorsivas, el sector agropecuario logró sostener una expansión constante de su producción y una profunda transformación tecnológica en los últimos 30 años. Comprender esta trayectoria resulta fundamental para evaluar las perspectivas futuras del sector, particularmente en un contexto en el que la política económica experimenta un cambio relevante de orientación.

Desde una perspectiva de largo plazo, la agricultura argentina ha mostrado un crecimiento sostenido impulsado en gran medida por mejoras en productividad. Estimaciones recientes indican que entre 1961 y 2022 la producción agropecuaria creció en promedio alrededor de 2,6 % anual, mientras que la Productividad Total de los Factores (PTF) aumentó cerca de 1,8 % por año. Esto implica que una proporción importante del crecimiento no se explica simplemente por una expansión del uso de tierra, trabajo o capital, sino por mejoras tecnológicas y organizacionales que permitieron producir más con los mismos recursos.  

Este patrón es consistente con la experiencia de las agriculturas más dinámicas del mundo, donde el cambio tecnológico y la mejora de eficiencia son los principales determinantes del crecimiento. En el caso argentino, ese proceso de innovación estuvo asociado a la difusión de semillas mejoradas, la adopción masiva de la siembra directa, cambios organizacionales, uso más intensivo de fertilizantes y fitosanitarios, mecanización e incorporación de tecnologías de agricultura de precisión.

Sin embargo, el crecimiento no fue homogéneo dentro del propio sector. La producción de granos lideró la expansión productiva, con tasas de crecimiento cercanas al 3 % anual, mientras que la ganadería vacuna mostró un desempeño considerablemente más moderado, inferior al 1 % anual. Esta diferencia contribuyó a una transformación estructural significativa del sector. Mientras que en la década de 1960 el valor bruto de la producción agropecuaria estaba distribuido por mitades entre agricultura y ganadería, en la actualidad los cultivos representan aproximadamente el 70 % del valor total de la producción. En términos físicos, el cambio es aún más evidente: la producción de los principales granos pasó de alrededor de 40 millones de toneladas a comienzos de la década de 1990 a más de 140 millones de toneladas en la actualidad, mientras que la producción de carne vacuna se mantuvo relativamente estable en torno a los 3 millones de toneladas anuales.  

Más allá de esta tendencia de largo plazo, el análisis temporal del crecimiento de la producción y productividad muestra que el desempeño del sector ha estado influenciado por el contexto de políticas económicas. Durante el período 1990–2002, caracterizado por la liberalización comercial, la eliminación de retenciones y una mayor apertura de los mercados, la productividad agrícola creció a un ritmo superior al 3 % anual. Se trata del período de mayor dinamismo productivo del sector en las últimas décadas.  

En contraste, a partir de comienzos de los años 2000 el entorno de política cambió de manera significativa. La reintroducción de impuestos a las exportaciones, junto con restricciones comerciales y creciente inestabilidad macroeconómica, coincidió con una desaceleración en el crecimiento de la productividad. Entre 2003 y 2015 la TFP agrícola creció alrededor de 1,6 % anual, mientras que en el período más reciente (2016–2022) el crecimiento se redujo a aproximadamente 1 % anual. Si bien estos resultados no permiten establecer causalidad estricta entre políticas específicas y desempeño productivo, sí sugieren que el entorno institucional y macroeconómico influye de manera significativa en la capacidad del sector para sostener procesos de innovación, inversión y adopción tecnológica.

Otro elemento relevante surge del análisis de eficiencia productiva a nivel de empresas agropecuarias. Según recientes estimaciones de fronteras de producción estocásticas que realizamos utilizando microdatos del Censo Nacional Agropecuario 2018, el nivel promedio de eficiencia técnica en las explotaciones agrícolas pampeanas se encuentra en un 60% del potencial. Esto implica que, en promedio, los productores operan un 40% por debajo de la frontera productiva potencial, definida por la tecnología disponible. Este resultado sugiere que existe un margen importante para incrementar la productividad vía mejoras gerenciales y procesos decisorios que hagan un uso más eficiente de los recursos existentes. Factores como el acceso a asistencia técnica, la difusión de conocimiento, la adopción de mejores prácticas de manejo y el fortalecimiento de las capacidades empresariales pueden desempeñar un papel importante en la reducción de estas brechas de eficiencia.

En este contexto, el marco de política económica adquiere una relevancia central. Durante gran parte de las últimas décadas, el sector agropecuario argentino operó bajo un esquema caracterizado por elevados impuestos a las exportaciones, intervenciones en los mercados y una elevada incertidumbre macroeconómica. Estas políticas respondieron en muchos casos a objetivos fiscales, políticos o distributivos de corto plazo que implicaron distorsiones importantes en los incentivos a producir, invertir e innovar.

La discusión sobre la eliminación de los derechos de exportación constituye un ejemplo ilustrativo de esta dinámica. En reiteradas ocasiones distintos gobiernos anunciaron planes para reducir o eliminar las retenciones, pero estas iniciativas rara vez lograron sostenerse en el tiempo. En la mayoría de los casos, la necesidad de recursos fiscales o control político condujo a su restablecimiento.

El escenario actual presenta algunos elementos que podrían modificar esta dinámica. Desde diciembre de 2023 la política económica argentina se orienta hacia un enfoque que combina disciplina fiscal, apertura comercial y desregulación de mercados. Esta combinación constituye el principal fundamento de credibilidad para la promesa gubernamental de avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación.  

En los últimos dos años se eliminaron las restricciones cuantitativas al comercio exterior agropecuario, se unificó el mercado de cambios y se redujeron aranceles para insumos y bienes de capital. Asimismo, se implementaron reducciones parciales de los derechos de exportación en distintos productos, así como esquemas transitorios que redujeron la presión impositiva sobre el sector. Aunque estas medidas no implican aún una eliminación generalizada de las retenciones, sí constituyen señales en la dirección de una reducción de la carga tributaria sobre el sector. La credibilidad de este proceso depende, en última instancia, de su consistencia con el programa fiscal.  A diferencia del ciclo 2016–2019, y mucho más con el ciclo 2019-2023, hoy hay un ancla fiscal irreductible: la meta de déficit cero. En ese contexto, bajar tributos distorsivos deja de ser promesa voluntarista para convertirse en política fiscal creíble. Con disciplina fiscal, la reducción de retenciones puede convertirse en un cambio permanente y no en una concesión pasajera.

Existe otra diferencia sustantiva con el pasado en lo relativo a la política económica y el sector agropecuario. La política agropecuaria funcionó en Argentina como un mecanismo de control político y extracción de rentas: tipos de cambio múltiples, derechos de exportación elevados, prohibiciones y cupos se usan para transferir recursos desde el agro hacia otros sectores o hacia el propio Estado. Y también para disciplinar políticamente a un sector atomizado y heterogéneo. El enfoque actual rompe con ese modelo. No se trata de seleccionar sectores ganadores para direccionar las rentas del agro o de administrar discrecionalmente el comercio, sino de liberar al sector de los impuestos más distorsivos y de las regulaciones más costosas, en paralelo con una reducción genuina del gasto público.  

Desde una perspectiva de largo plazo, la experiencia histórica sugiere que el potencial productivo del agro argentino se expande significativamente cuando el sector opera en un entorno de estabilidad macroeconómica, apertura comercial y reglas de juego previsibles. Bajo estas condiciones, la inversión, la adopción tecnológica y la innovación tienden a acelerarse. La agricultura argentina ha demostrado una notable capacidad de adaptación e innovación incluso en contextos de políticas adversas. El desafío hacia adelante consiste en consolidar un marco económico e institucional que permita que ese potencial productivo se despliegue plenamente. Si las reformas actuales logran reducir las distorsiones que afectan al sector y mejorar la estabilidad macroeconómica, la agricultura argentina podría ingresar en una nueva etapa de crecimiento basada en aumentos sostenidos de productividad. 

Daniel Lema
Profesor de Economía y Director de la Maestría en Agronegocios, Ucema.