Hay una discusión repetida en política económica sobre si tomar el punto de vista de corto o de largo plazo. Por caso, en contraste con Richard Nixon, que no escatimó ninguna acción que lo pudiera ayudar a ser reelegido (no solo medidas fiscales en beneficio de ciertos grupos de votantes, también Watergate), su sucesor, Gerald Ford, se negó a tomar el punto de vista de corto plazo para manipular la política económica cuando se avecinaban las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El cortoplacismo no es solo una tentación de los gobiernos de Estados Unidos, afecta a todas las democracias con elecciones competitivas por el hecho de que el partido gobernante debe revalidar periódicamente el apoyo de los votantes.  

El punto de vista de corto plazo genera el fenómeno del ciclo electoral en política económica. Este ciclo puede adoptar diversas formas. Una variante es el clásico political business cycle de Nordhaus, que con una política monetaria expansiva reduce las tasas de interés antes de las elecciones a fin de estimular la actividad económica. Esta ingeniería expansiva desde ya no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la Argentina ahora, donde las tasas de interés en los últimos meses se fueron a las nubes y la actividad económica se enfrió dramáticamente. El actual gobierno hizo foco en otra cosa, en la reducción de la inflación, sin tomar en cuenta los eventuales costos (los tradeoffs) en términos de actividad económica, incluso ahora que la inflación se ha reducido a niveles mucho más bajos.

Sin embargo, incluso si se tiene en cuenta que el gobierno prioriza controlar la inflación, y nada más que eso, surge otra inconsistencia ligada a otra variante de los ciclos electorales, lo que Rogoff y Sibert llamaron political budget cycles, donde los gobiernos se endeudan antes de las elecciones para bajar los impuestos o subir el gasto, para así intentar dar una señal de una mayor idoneidad del gobierno. Un caso específico de estos ciclos fiscales es la desagradable aritmética monetarista (unpleasant monetarist arithmetic) de Sargent y Wallace, donde los gobiernos usan el endeudamiento para bajar la emisión y la inflación hoy (la inflación es un impuesto no legislado) a costa de mayor emisión e inflación mañana. Si se hace esto antes de las elecciones, le otorga una lógica política a la desagradable aritmética monetarista, como planteamos con Ernesto Stein a propósito del Plan Primavera lanzado antes de las elecciones legislativas de 1987. Este plan motivó nuestro primer estudio sobre ciclos electorales en tipo de cambio en América Latina, donde la deuda y las reservas se pueden usar para sostener el tipo de cambio antes de las elecciones, postergando el ajuste hasta después.  

Un estudio más reciente que hice con Pablo Garofalo encuentra que estos ciclos electorales en el tipo de cambio son típicos de toda América Latina en el período 1980-1999, produciéndose específicamente en los países con regímenes de tipo de cambio fijo o preanunciado cuando se combinan con control de cambios. En este proceso se produce una apreciación paulatina de la moneda antes de las elecciones y luego sobreviene una depreciación brusca después de las elecciones. Este fenómeno prácticamente desapareció de América Latina en el período siguiente, entre 2000 y 2016, con una notable excepción: Argentina 2015. Si bien el control de cambios estranguló a la economía argentina y frenó las posibilidades de crecimiento durante todo el período entre 2012 y 2015, en el año anterior a las elecciones presidenciales de 2015 se produjo un fortísimo atraso cambiario y una brecha alarmante entre el dólar oficial y el paralelo, que se sostuvo con medidas adicionales al cepo como la venta de dólares futuros subsidiados.

El cepo se eliminó a fines de 2015, con la liberación del mercado cambiario, pero volvió en 2019, con las turbulencias por las elecciones presidenciales que se avecinaban ese año, después de atravesar una fase de atraso cambiario y la pérdida del acceso a los mercados privados de crédito, que no se subsanó con los fondos provistos por el Fondo Monetario Internacional. El cepo siguió en vigencia durante todo el gobierno siguiente (2019-2023), en el contexto de una economía estancada.

Aunque las reformas de fondo en política impositiva, laboral y de comercio exterior están pendientes por la falta de consenso político en el Congreso, desde fines de 2023 el actual gobierno nacional se embarcó en un ajuste fiscal descomunal para evitar que la inflación se desbocara. En este proceso, obtuvo un éxito rotundo. Por su parte, el control de cambios se empezó a desarmar en etapas, especialmente durante este año cuando se levantaron las restricciones de compra de dólares para los ciudadanos particulares y se instauró un sistema de bandas de flotación.

Lo preocupante es que el proceso de apreciación de la moneda en 2024, en línea con estabilizaciones previas por la mejora de los indicadores macro, ha mutado en este último tiempo en atraso cambiario. En el mercado cambiario todavía rigen restricciones para que operen las empresas y ahora se han sumado regulaciones muy detalladas para los bancos. En un contexto donde el país cuenta con pocas reservas y acceso limitado al crédito externo, no parece promisorio seguir una política que frene a toda costa la suba del tipo de cambio nominal mientras se eleva a niveles altísimos la tasa de interés, se venden dólares a futuro o se venden reservas como en la primera semana de septiembre. Tiene el riesgo de caer en la lógica de Sargent y Wallace de dilapidar recursos hoy, forzando un mayor ajuste futuro.

Una mayor flexibilidad cambiaria como la que se ha ensayado estos últimos días, o directamente un régimen de tipo de cambio flexible, podría funcionar como válvula de escape ante una situación política y económica tan volátil. Con un gobierno que logró mejores fundamentos macro a través de más orden fiscal, y con una inflación mucho más controlada y estable, no queda clara la ventaja de caer en una apuesta de todo o nada respecto del nivel del tipo de cambio nominal antes de las elecciones legislativas nacionales. Por un lado, se debería prestar atención a indicadores como el empleo y el nivel de actividad, que son muy importantes para los votantes, para evitar tradeoffs dañinos. Por otro lado, incluso si no nos interesara nada más que la inflación, habría que evitar caer en otro tradeoff perverso: la desagradable aritmética monetarista. 

Jorge M. Streb
Profesor e investigador full time, Ucema.