Columna Perspectivas del mes de  noviembre2021. Esta sección del Centro de Economía Aplicada (CEA) de la UCEMA provee un análisis de destacados economistas con orientaciones y enfoques diferentes respecto de los problemas económicos de nuestro país y el mundo

En Argentina el costo del capital es extremadamente elevado. El persistente déficit fiscal no permite que la reciente reestructuración de deuda tenga algún resultado positivo y las condiciones de financiación al Estado son cada vez más limitadas. Hay una notable "represión financiera" que se manifiesta en múltiples restricciones, cepos, y otras regulaciones que afectan al mercado de capitales y al sistema financiero, cuyo corolario es la falta de acceso al crédito aun cuando sea muy oneroso. Dado ese elevado costo de capital, sumado a la incertidumbre generalizada sobre las medidas que inevitablemente deberán tomarse ante la falta de financiación, las nuevas inversiones son poco atractivas. Claramente esto afecta las posibilidades de crecimiento de empresas y, en definitiva, del país.

Hay un efecto aún más pernicioso para las empresas que es la falta de capital de trabajo que dificulta no ya su posibilidad de invertir, sino de mantener su nivel de actividad. Independientemente del ciclo de cada producto, la estructura impositiva afecta seriamente y limita la capacidad de producción y generación de empleo.

Los impuestos deberían aplicarse minimizando el impacto distorsivo en la asignación de recursos, de allí la importancia del impuesto a las ganancias. Si fuera excesivamente alto podría desincentivar el trabajo y la inversión, pero no causaría distorsiones entre actividades o en la forma de llevarlas a cabo. En el caso argentino, al costo propiamente dicho del impuesto a las ganancias suman dos grandes grupos de distorsiones: la derivada del cobro de elevados impuestos sobre otras bases imponibles y la derivada de la forma en que se cobran esos impuestos.

Las otras bases imponibles son extremadamente variadas y amplias. Se cobra para trabajar, por trabajar y por haber trabajado. Tenemos impuestos que gravan la actividad (IVA, IIBB, una miríada de tasas), aportes y cargas sociales, e impuestos al capital en sus distintas formas (activos, bienes personales, etc.). Esto lleva a distorsiones ya que la empresa debe maximizar ganancias modificando lo que hubiera sido su modo de producción si no se gravara de esa manera. Afecta particularmente a las PYMES en una cadena de valor ya que en cada eslabón se cobran estos impuestos. Si no existieran, podría haber un mucho mayor nivel de especialización con más participantes que tal vez serían más eficientes dada su escala y especificidad.

También afecta la dotación de personal, su capacitación, forma de trabajar y acceso a capital (maquinarias y equipos, y muy especialmente capital humano). Por último, lo que haya sido el resultado de la empresa o la capacidad de ahorro de las personas también estará gravada, incentivando el consumo y no el ahorro, con lo que se afecta la capacidad de crecimiento futura.

Tal vez más relevante en una situación de alto costo del capital y dificultades de acceso al crédito sea el segundo grupo de distorsiones, aunque sea menos reconocido. Los impuestos se cobran de una forma muy distorsiva, en gran parte por adelantado a través de retenciones, percepciones y anticipos. De esa manera, se requiere más capital o financiación del necesario para la actividad propiamente dicha, ya que muchas veces se pagan impuestos antes del propio hecho imponible, basándose en datos del año anterior o inclusive sobre una factura que no se sabe si será cobrada en el futuro. En un contexto inflacionario, esta debilidad de nuestro sistema impositivo se hace particularmente notable. Cuando se determine el monto efectivamente a pagar, los pagos anticipados se habrán licuado por inflación o, lo que es lo mismo, se habrá consumido capital.

Este segundo grupo de distorsiones genera en las empresas una necesidad de capital de trabajo mucho mayor que la que tendrían si no se pagara por anticipado.

Un tema no financiero pero también de gran importancia es el costo administrativo que significa para las empresas la administración de sus propios impuestos, más la responsabilidad que se les impone de retener a sus proveedores o aplicar percepciones a sus clientes. Como se mencionó, por aquellos impuestos pagados por anticipados, o por los créditos fiscales que se generan por diferentes alícuotas o por pagos entre provincias no hay ningún tipo de compensación por el efecto de inflación. Se aplica una tasa por demoras en los pagos pero no hay ninguna retribución por pagos anticipados que sufren la erosión del valor de la moneda.

La estructura fiscal actual está indudablemente muy alejada de criterios de eficiencia y equidad, al mismo tiempo que introduce distorsiones en un sistema federal. Esos temas son muy difíciles de resolver ya que requieren tratamiento parlamentario y en algunos casos mayorías agravadas. Sin embargo, los referidos efectos sobre el capital de trabajo suelen ser solamente resoluciones de los organismos tributarios nacional y provincial. El alivio financiero que significaría para las empresas poder resolverlos sería notable.