Los gastos tributarios son una estimación que hacen los gobiernos de la pérdida de ingresos que se produce porque las leyes impositivas tienen exenciones o tratamientos especiales. Han cobrado notoriedad recientemente porque el Ministro de Economía ha destacado que una reducción/eliminación de los mismos permitiría que el gobierno nacional alcance un superávit primario de 1% del PIB el año próximo.

En las planillas anexas al presupuesto 2024 se estima que los gastos tributarios generan una disminución en los ingresos fiscales del orden de 2.3% del PIB. Pero no está incluido en ese total la exención en el impuesto a los bienes personales de las propiedades rurales en el país y en el exterior que agregaría otro 0.4% del PIB al total.

Sin embargo, cuando se profundiza el análisis aparecen algunas limitaciones y contradicciones, al menos con decisiones recientes que ha adoptado el gobierno.

Por ejemplo, se incluye dentro de los gastos tributarios una estimación de la pérdida de ingresos por la tasa reducida en el IVA de 0.6% del PIB y de las exenciones en el impuesto de 0.5% del PIB. Algo más de la mitad del primer grupo se explica por Productos de panadería, carnes, frutas y verduras. No es claro que aún en un escenario en el cual se gravara a estos productos con la alícuota general del 21% se podría obtener esa recaudación adicional, porque es posible que la tasa de evasión sea mayor que la tasa promedio utilizada para hacer las estimaciones. Además, luce algo contradictorio aumentar la presión tributaria sobre el consumo de estos alimentos cuando hace pocas semanas el gobierno nacional decidió aumentar la cantidad de personas que pueden beneficiarse con la devolución del IVA precisamente en sus compras de alimentos.

Dentro de las exenciones en el IVA, el principal componente del gasto tributario son las exenciones de las prestaciones médicas a Obras Sociales y al PAMI (0.2% del PIB) y de los servicios educativos (0.1% del PIB). En el primer caso, el mayor costo resultaría en un mayor déficit de las obras sociales cuyos ingresos no dependen de facturas a usuarios a las que podrían cargarle el mayor costo del IVA que pasarían a pagar en algunas de sus compras. En el segundo, aumentaría el gasto del PAMI que debería afrontar el gobierno nacional mientras que la recaudación incremental del IVA la compartiría con las provincias. Y en el tercer caso aumentarían las cuotas que los colegios privados cobran a sus alumnos, medida que pasaría por alto la difícil coyuntura actual que enfrentan estos establecimientos.

En los regímenes sectoriales con un gasto tributario estimado de 0.6% del PIB se destacan Tierra del Fuego (0.3% del PIB), Economía del Conocimiento (0.04% del PIB) y fomento a las Pymes (0.15% del PIB). Curiosamente, el primero fue prorrogado por 15 años por el gobierno actual, el segundo también fue finalmente extendido por una década a comienzos de 2020 y el tercero ha sido considerado por el gobierno un instrumento adecuado para bajar la carga tributaria de las empresas de menor tamaño.

Esto no debe verse como una evaluación favorable de los regímenes de fomento sectoriales. En particular el de Tierra del Fuego, que está vigente desde 1972, ha promovido actividades con valor agregado muy bajo o incluso negativo al combinar la exención de impuestos a las importaciones con la liberación en el pago del IVA que se cobra a los consumidores, pero no se ingresa al fisco.

En general, la idea de acotar incentivos sectoriales no parece consistente con las propuestas del candidato del oficialismo de rebajar impuestos a las Pymes exportadoras y del interior del país. Aunque aquí aparece otra contradicción: en el debate presidencial se mencionó la idea de recrear el régimen del Dto. 814 de rebajas de contribuciones patronales; sin embargo, el mismo está vigente y con un costo estimado de 0.05% del PIB según el anexo incluido en el presupuesto del año 2024.

En el caso de la exención de las propiedades rurales en el impuesto a los bienes personales, el gobierno destaca los campos en el exterior. Pero difícilmente estas propiedades expliquen una parte significativa del gasto tributario. Y las propiedades en el país ya están “gravadas” con las retenciones y cupos a las exportaciones que deberían reducir el valor de la tierra de un modo similar a lo que ocurriría con un impuesto patrimonial.

En conclusión, la retórica oficial sobre los gastos tributarios parece más una excusa que una posibilidad cierta de reducir el déficit fiscal.


Daniel Artana
Economista jefe de FIEL