Deuda pública, una película con muchos finales; casi todos de terror | CEA Perspectivas

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Por Aldo M. Abram

Licenciado (UBA) y Master en Economía (CEMA) y director de la Fundación “Libertad y Progreso”

CEA | Perspectivas, octubre de 2019

Hoy la gran pregunta es si la Argentina está en condiciones de evitar una reestructuración agresiva de su deuda pública. Si bien técnicamente estamos en una cesación de pagos selectiva de las Letras “re-perfiladas”, no cabe duda de que el conjunto de los pasivos del Estado Nacional es ya impagable en los plazos estipulados. Para analizar este tema, tendremos que suponer que se pueden superar los comicios sin una profundización de la crisis y que quien resulte electo logra encarar una negociación con los acreedores; lo cual hoy dista de ser algo seguro.

Sin el crédito voluntario ni el desembolso de los recursos del FMI, la caja del gobierno vuelve a ser el Banco Central (BCRA); lo que no es sustentable en el tiempo. Significa diluir su capacidad para defender el valor del peso y los ahorros de la gente en el sistema financiero, cuando ya su situación es de gran debilidad. O sea, seguimos bordeando el precipicio de una nueva crisis monetaria y haciendo amagues de saltar.

Sea quien sea el que esté en la Casa Rosada el 10 de diciembre se encontrará con una situación complicada para 2020. Suponiendo que el futuro gobierno cumpla el superávit primario que se comprometa con el FMI y se logre refinanciar lo de los organismos internacionales, lo del propio sector público e, incluso, los vencimientos de REPO con bancos, las necesidades de financiamiento totales (pesos y dólares) serán de alrededor de US$48.000 millones y, de ellos, más de US$36.000 se acumularán en el primer semestre.

Se habla de una solución “a la uruguaya”, que implique postergar los vencimientos de capital de los bonos en alrededor de 5 años, sin quita, y pagando los intereses originalmente comprometidos durante todo el período hasta su cancelación. Para que sea viable, habría que recuperar credibilidad, es decir, el crédito, ya que aun así habría que cubrir más de US$24.000 millones en 2020, entre los intereses de la deuda y el capital de las deudas re-perfiladas.

Para lograr el aumento necesario de la confianza sería imprescindible: a) llegar a un acuerdo de Facilidades Extendidas que permita postergar entre 7 y 10 años los vencimientos de los pagos al Fondo, que se vuelven pesados a partir de mediados de 2021, pero particularmente en 2022 y 2023, lo que hace más factible devolver lo adeudado al sector privado; b) esto podría liberar algún nuevo financiamiento del propio organismo o de países desarrollados; c) el cumplimiento de las metas de superávit primario haría más creíble que se puedan ir bajando los pasivos; y d) que se empiece a dar rápidos pasos en las reformas estructurales acordadas alimentaría la expectativa de un mayor crecimiento futuro de la economía, además de aumentarse, por el ingreso de capitales, el valor en dólares de la producción argentina.

A nuestro juicio, la simple postergación de los vencimientos de capital no hace financieramente viable a la Argentina. Aun siendo optimistas, una solución “a la uruguaya” que no cumpla las condiciones anteriormente planteadas generaría un pobre crecimiento. En tal contexto, cabría esperar una nueva crisis no más allá de 2021. Habría quedado en evidencia que la Argentina no puede sobrellevar el lastre de los problemas de fondo, con posibilidad de terminar en una crisis muy profunda, quizá peor que la de 2002. En ese marco, se volvería a reestructurar la deuda y, esta vez, con fuertes quitas.

Es bueno aclarar que cuanto más agresiva sea la propuesta que el gobierno electo le haga a los acreedores cuando asuma, mayor es la probabilidad de que tengamos una profundización de la crisis, que se adelante a los primeros meses de su gestión. Lo mismo se puede decir respecto de la relación que se establezca con el FMI, cuanto más se extienda y más hostil sea la negociación para alcanzar un nuevo acuerdo. Otro factor que agranda las posibilidades de una pronta crisis es el abuso del BCRA como financiador, pues el nuevo Gobierno podría intentar no sólo que “le saque las papas del fuego” sino que le dé impulso a la actividad económica por medio de la expansión del crédito interno. Obviamente, ambos escenarios también derivarán necesariamente en una reestructuración agresiva de la deuda.

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