Columna Perspectivas del mes de junio 2019. Esta sección del Centro de Economía Aplicada (CEA) de la UCEMA provee un análisis de destacados economistas con orientaciones y enfoques diferentes respecto de los problemas económicos de nuestro país y el mundo.

Actualmente, los argentinos estamos viviendo momentos de angustia por el contexto que nos envuelve. Inflación, desempleo, pobreza y, al mismo tiempo, decidir quiénes nos gobernarán los próximos años. Mientras oficialismo y oposición están concentrados, los unos en disimular el contexto ante los votantes y los otros en aprovecharse señalándolos como si no hubieran tenido que ver en ellos.

En esta morbosa danza no se aprecia una sola propuesta para resolver los temas de largo plazo, que son las razones básicas que nos trajeron a esta crisis y que supuestamente debería comenzar a resolver el Gobierno que surja de las próximas elecciones. Entre esos temas se encuentra definir de una vez por todas el rol del Estado y la participación del capital privado en el sector de los servicios públicos y de infraestructura básica.

El actual Gobierno puso esperanzas en que su llegada, con una actitud más amistosa hacia los inversores privados, daría lugar al ingreso de inversión extranjera directa para poder resolver los graves problemas de infraestructura que provocaron los dislates de los gobiernos anteriores desde el fin del siglo pasado hasta a la fecha, dinamizar la economía y resolver el problema macroeconómico heredado.

Es probable que tal esperanza se haya basado en sobrestimar la propia habilidad de convencer a los inversores respecto de la potencialidad de nuestra economía, y principalmente confiar en la validez del viejo adagio del mundo empresario “codicia mata memoria”, que haría olvidar los disparates de política económica cometidos por los argentinos en el último siglo, con mayor énfasis aún desde comienzos del siglo XXI.

Las inversiones previstas no han llegado en la medida esperada y ello ha sido motivo de comentarios peyorativos y burlas de la oposición y de innumerables explicaciones causales por parte de funcionarios del Gobierno. Sin embargo, el sentido común indica que la explicación es bastante más simple: los argentinos olvidamos con facilidad nuestros propios desaguisados, pero los inversores que vendrían a enterrar capital, no.

Pagamos los desatinos que cometimos desde inicios del siglo XXI con menores inversiones, con una tasa de retorno cuatro o cinco veces mayor por lo poco que ingresa, a fin de compensar la incertidumbre que generamos con nuestros violentos cambios de humor respecto del capital privado, y con muy concretos desembolsos de divisas para hacer frente a las sanciones que nos aplican, esto con el fin de no aislarnos completamente del mundo.

Sintéticamente, esta historia se inicia en 1989 con la sanción de la Ley 23.697 que permitió, con un amplio consenso de la sociedad, la privatización o liquidación de la mayor parte de los activos y empresas en poder del Estado, la cual se realizó mayormente entre 1990 y 1995. En febrero de 2002, la Ley 25.561 congeló las tarifas de las empresas anteriormente privatizadas, lo cual de hecho implicaba una expropiación administrativa de dichas empresas.

Tal bravuconada no fue gratuita pues los inversores o empresas afectadas recurrieron al Tribunal de Resolución de Controversias sobre Inversiones (CIADI). En este tribunal, al que Argentina había adherido cuando acordó con más de 60 países tratados de protección de inversiones, se presentaron 55 demandas contra Argentina por estas expropiaciones (el nuestro es el país con más demandas en ese tribunal arbitral). Para la mayoría de las demandas los fallos fueron desfavorables; por esta razón, debemos pagar las indemnizaciones respectivas.

Algunas demostraciones adicionales de soberbia nacionalista fueron:

Diciembre de 2008, la Ley 26.466 estatizó las acciones, aún en manos privadas, de Aerolíneas Argentinas, cuyo patrimonio a ese momento era negativo. Recientemente, el CIADI falló en contra de Argentina y deberemos pagar más de u$s320 millones por una empresa que tenía valor negativo.

Noviembre de 2008, la Ley 26.425 estatizó el sistema de jubilaciones y pensiones que había sido privatizado parcialmente por la Ley 24.240, con lo cual no solo se expropiaron sin compensación alguna los ahorros de aquellos ciudadanos que confiaron que el Estado Argentino no rompería las reglas y permitiría tener un haber de retiro digno, sino también se expropiaron los recursos de argentinos y extranjeros que invirtieron para crear las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Hoy nos estamos enterando de que al menos dos socios de aquellas AFJP están presentando sus demandas en el CIADI, aparentemente por un monto de unos u$s1.000 millones.

Mayo de 2012, la Ley 26.741 estatizó el 51% de las acciones de Repsol S.A., la empresa más grande de la Argentina, que estaba en un sendero de quiebra por el congelamiento de los precios de venta de gas, petróleo y sus derivados por la Ley 25.561 de 2002. Debido al reclamo ante el CIADI de una parte de los accionistas de Repsol Internacional, el Estado Argentino pagó u$s6.000 millones. Actualmente, se tramita un juicio de otros accionistas en Estados Unidos que reclaman u$s3.300 millones más.

Esta descripción de dislates no necesariamente exhaustiva y que podría ampliarse a otros ámbitos de política económica como las imposición de las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) o la venta de dólares futuro a precio vil, solo tiene por objeto recurrir a la MEMORIA del ciudadano votante de las próximas elecciones para que no se deje seducir por propuestas supuestamente nacionalistas y demagógicas, pero que en general encierran intereses económicos de quienes las impulsan y que además nunca son gratuitas para el común del pueblo que es quien, en definitiva, termina pagándolas, ya sea con mayores impuestos, peores servicios y menos escuelas, caminos y hospitales.

Gustavo Kippes

Kippes es Magister en Economía de la UCEMA y

• Vicepresidente de Evaluadora Latinoamericana S.A. Calificadora de Riesgos.
• Ex Gerente General de Aguas Bonaerenses S.A. 
• Ex Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas de Servicios Públicos de Argentina (ADESPA).