Columna Perspectivas del mes de noviembre. Esta sección del Centro de Economía Aplicada (CEA) de la UCEMA provee un análisis de destacados economistas con orientaciones y enfoques diferentes respecto de los problemas económicos de nuestro país y el mundo.

Resulta evidente que el Gobierno ha aumentado su capital político luego de las últimas elecciones. El triunfo brilla más aún por el estado opaco de un archipiélago opositor. Alumbra el cuarto ciclo político en nuestro país desde el retorno a la democracia en 1993. El discurso del Presidente del pasado 30 de octubre parecer ser el nacimiento de la fase de un gradualismo mas acelerado. Fue todo un panegírico de la importancia del reformismo en ejes como lo fiscal, el empleo, la inflación, la reforma del Estado y la calidad institucional. Ya el universo oficialista acuña la expresión “reformismo permanente” para encuadrar la impronta de gestión de esta segunda mitad del mandato de Macri.

Tomando el cariz más económico de los anuncios, se han conocido un conjunto de proyectos de reformas que abarcan la dimensión tributaria, laboral, fiscal con las provincias y previsional. Hay muchas razones para avanzar en estos frentes y poco espacio aquí para dedicarle al menudeo. Pero partiendo de la premisa de un Gobierno que se mueve en un espacio fiscal muy reducido para hacer reformas más ambiciosas, y no pretende apartarse del sendero de metas fiscales al 2019, pareciera que se busca incentivar la producción, la inversión y en empleo bajando la presión tributaria a las empresas. Se refuerza esto con un anhelado acuerdo con las provincias para adelgazar algo, al más bruto de los impuestos: ingresos brutos. Y a su vez comprometerlas a una regla de gasto público constante en términos reales. El punto es que esta mirada ofertista de la economía, por el momento, solo ofrece beneficios graduales cediendo gasto tributario a favor de las empresas, pero sin un marco regulatorio propicio para que los pretendidos objetivos se vayan cumpliendo (ej. la rebaja de aportes debería ser condicionada a la “efectiva” creación de empleos). El otro punto, que es típico de los dilemas de manta corta, es que para ceder estos recursos que al final del camino, luego de 2022, costarán mas de 3 puntos del PBI, Hacienda se ve obligada a “castigar” la demanda aumentando la carga para los consumidores y para los ahorristas. A los primeros se les encarecen bienes masivos vía aumento de impuestos internos y se les sube aportes personales; a los segundos (que también por supuesto consumen) se les introduce el impuesto a la renta financiera. De aquí esperan sacar alrededor de un punto y medio del PBI para que el neteo entre lo que se cede y lo que se colecta quede en aproximadamente 1,5 puntos del PBI a lo largo de 5 años. Gusto a poco para las empresas y sensación de shock para el que consume y ahorra. Habrá que ver el saldo neto en la confianza del consumidor y el nivel de actividad a corto plazo.

Acá viene el punto más relevante para leer estas reformas. El gobierno y este nuevo ciclo político necesita darle sustentabilidad a la incipiente mejora de la actividad económica e ir mas profundamente a reparar la situación social. En octubre sin duda logró sustentabilidad política, pero queda mucho para alcanzar esta últimas dos (económica y social). Puesto de otra forma, ¿alcanzan estas reformas de impronta más microeconómica, junto al compromiso de cumplir metas fiscales, para resolver las inconsistencias que tiene el plano macroeconómico? Da toda la impresión que no. La potencia que pueda tener el flujo de inversiones dependerá más de este último punto (más allá de las bondades indiscutibles de algunos puntos pro inversión de la reforma tributaria). Los inversores “reales” y no “financieros” seguirán con mucha atención la suerte que siga el laberinto macro en el que está metido Argentina. Y acá tenemos que hablar entre otros puntos de la interacción, simultaneidad y grados de dificultad que ha exhibido el Gobierno para hacer consistente el sendero de baja de inflación, con las metas fiscales, con la recomposición de las tarifas y con la evolución del tipo de cambio real.

Más allá de las reformas planteadas habrá que renovar la fe en los mercados financieros para que estén dispuestos a seguir financiando nuestras necesidades de los próximos años hasta que un día del 2021 declaremos la independencia del gasto primario del endeudamiento y solo acudamos allí para patear los vencimientos de capital. Es una apuesta (muy) audaz que requiere, además de prenderle velas al contexto internacional, analizar cÓmo sigue la relación entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de la República Argentina; Energía y Transporte. Metas de inflación con déficit por cuatro años más lleva a preguntar por el volumen de Lebacs y su administración. Solo la proyección a fines del año que viene aumenta la bola de nieve a 1,8 billones de pesos. Descansar en un horizonte tranquilo, para que no vuele la demanda de dinero de estos instrumentos, obliga a pensar en un tipo de cambio estructuralmente atrasado (que el público perciba sistemáticamente el dólar barato). A la vez, reducir subsidios alimenta la inflación que se pretende bajar. Más allá de las discusiones sobre la independencia o no de la autoridad monetaria, los responsables de las áreas arriba mencionadas debieran conversar más seguido y coordinar sus acciones. El tipo de cambio atrasado es el combustible de un turismo emisivo feroz y del rojo no más manso de la balanza comercial. El desbalance completo de nuestra cuenta corriente se aproxima a 5 puntos. Así como ya hay una luz amarilla interna por las Lebac, comenzará a titilar otra pero en los tableros del exterior, de quienes nos financian. Volviendo al punto de partida, la política, la pregunta es si no existe "demasiada confianza en la confianza" que genera el elenco oficial en el mundo financiero. No digo que la pinta sea lo de menos. Pero asumir que alcanza un horizonte de crecimiento anual del 2 y pico por ciento por muchos años, junto a un paquete de reformas de tenor más micro que macro, tiene gusto a poco para darle carnadura económica y social a este cuarto ciclo histórico-político. Hay tiempo para mejorar y complementar con más medidas e instrumentos la confianza abundante en el plano financiero con la más titubeante y movediza que se observa en el plano real. Ojalá así sea.

Sobre Gustavo Marangoni

Es politólogo y docente argentino, ex presidente del Banco Provincia (2011 – 2015). Peronista, adhiere al Partido Justicialista desde su adolescencia. En la actualidad es socio de M&R Asociados, donde desempeña su labor como asesor y consultor de entidades financieras y organismos nacionales y provinciales.