Columna Perspectivas del mes de febrero 2019. Esta sección del Centro de Economía Aplicada (CEA) de la UCEMA provee un análisis de destacados economistas con orientaciones y enfoques diferentes respecto de los problemas económicos de nuestro país y el mundo.

La ley de coparticipación hoy vigente, sancionada en 1988, no cumple con ninguno de los requisitos de la Reforma Constitucional de 1994: no está basada en criterios objetivos, no es equitativa, ni es solidaria. A diferencia de la ley de coparticipación de 1973, basada en tres criterios objetivos (población, brecha de desarrollo, baja densidad poblacional), los coeficientes de la ley vigente son totalmente arbitrarios. Para ser equitativa, la ley debería seguir un criterio devolutivo, que implica que distritos con un ingreso similar al promedio del país reciban en proporción a lo que aportan: la Provincia de Buenos Aires, con un ingreso per cápita ligeramente por debajo del promedio nacional, tiene un coeficiente de coparticipación es del 21,7% a pesar de que aporta alrededor del 40% de los recursos (la ciudad de Buenos Aires directamente no recibe nada por coparticipación). Por último, no es solidaria porque no hay relación de la coparticipación con las necesidades básicas insatisfechas sino con la inversa de la población: las provincias más chicas (algunas de las cuáles son las más ricas del país) reciben más fondos per cápita. Esta distribución de recursos está positivamente ligada a la sobrerepresentación parlamentaria de los distritos chicos, algo a lo que enseguida volvemos.

A pesar de que a partir del 1 de enero de 1997 la ley de coparticipación se volvió inconstitucional, ha seguido rigiendo el reparto de fondos entre las provincias. Es más, la situación empeoró a partir de ese año ya que el parche más importante a la ley, el Fondo del Conurbano por el que se le dio una reparación histórica a la provincia de Buenos Aires en 1992 para subir su coparticipación del 21,7% al 28%, fue congelado en términos nominales en 1996. Esto llevó a una situación escandalosa donde la provincia de Buenos Aires pasó de recibir 100% del fondo en 1996 a recibir menos del 1% en 2016. Este disparate fue solucionado con la eliminación del fondo por el Congreso en 2017, ante la amenaza de María Eugenia Vidal de llevar el asunto a la Corte Suprema. Sin embargo, no solucionó el problema de fondo, la ley de coparticipación en sí.

Antes de considerar cualquier nueva ley de coparticipación, hay un problema previo: el Congreso de la Nación. Mientras que la Cámara de Senadores representa a las provincias, la de Diputados representa al pueblo de la Nación. Sin embargo, la representación en la Cámara de Diputados no se rige por la Constitución Nacional sino por una ley del Proceso de 1983 que sobrerepresenta a los distritos chicos y subrepresenta a los distritos grandes. La gran perdedora es la Provincia de Buenos Aires, pero también fueron perjudicadas sistemáticamente las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza desde 1983: tienen una mayoría de la población (60%) pero una minoría de los diputados (45%). Por tanto, en vez de tener una democracia de las mayorías, actualmente tenemos en el Congreso una democracia de las minorías, ya que en el Senado las cuatro provincias más grandes tienen solo el 17% de los representantes.

Salvo el malogrado Fondo del Conurbano que negoció Eduardo Duhalde con Carlos Menem en 1992, el Congreso no ha hecho nada para solucionar estos problemas desde 1983. Me parece que el único camino que le queda a la provincia de Buenos Aires para solucionar este problema es patear el tablero, reclamando incansablemente de toda forma legítima para recuperar una república que sea representativa y federal. Primero, la provincia de Buenos Aires tendría que requerir a la Corte Suprema que la representación en la Cámara de Diputados sea proporcional a la población, como estipula la Constitución Nacional. El último censo implica que la provincia de Buenos Aires tendría que tener 100 diputados, no los 77 que tiene ahora, es decir, un 39%, en lugar del 27%, de la Cámara.

Segundo, una vez solucionada la representación en la Cámara de Diputados, Buenos Aires tendría que reclamar la caducidad de la escandalosa ley de 1988, como ya hizo María Eugenia Vidal con el Fondo del Conurbano. Este es un tema arduo porque es un juego de suma cero: un mayor porcentaje para Buenos Aires implica un menor porcentaje para el resto. Podría presionar junto con las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza vía la no renovación de leyes que alimentan la coparticipación, como la ley de ganancias, junto con la eliminación de distorsiones como las retenciones que perjudican especialmente a estos mismos distritos productivos. Tampoco hay que descartar la Corte Suprema, dado el reclamo exitoso de las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe por los descuentos inconstitucionales que a partir de 2006 se les hicieron de la coparticipación.

En este régimen desquiciado, los ciudadanos que pagan impuestos no deciden ni cuánto se tributa ni cómo se gasta. Este sistema es ideal para financiar a elites políticas rentistas de provincias políticamente poco competitivas como Formosa, La Rioja o Santa Cruz, a costa del sacrificio de los sectores más productivos del país, que no cuentan con los incentivos, ni la infraestructura y los bienes públicos, que nos llevarían a ser más desarrollados.