Ya se ha convertido en una imagen casi habitual la del piquete que obstruye la circulación en la ciudad luego de haberse declarado un día de paro y aún en casos de no existir tal declaración. Esta situación puede ser considerada como una violación de un contrato social que, aún de manera implícita y también hipotética, regula (o debería regular) la relaciones entre los habitantes de un país o de una ciudad. En el comportamiento que habitualmente siguen los llamados piqueteros se observa una evidente violación de principios que suelen ser aceptados como normas de convivencia ciudadana. En términos más precisos podemos decir que se trata de un quebrantamiento del “contrato social”. Para ello será necesario identificar sin ambigüedades que se entiende por contrato social y como el mismo sería reiteradamente vulnerado en las actividades de los piquetes. El principio de la vigencia de un “contrato social” es evitar la llamada “guerra de todos contra todos” y ceder para ello el monopolio de la fuerza al estado. La limitación de la libertad propia encontraría su contrapartida en la protección de todos sus miembros dentro de un marco de convivencia social, independiente de las respectivas ideas y creencias de los integrantes