Este paper examina cuánto pueden decidir las personas y las familias sobre la ayuda que reciben en algunas iniciativas recientes del Ministerio de Capital Humano. Sostiene que, con diferencias importantes, comienza a reconocerse un lugar propio a sus preferencias, sin que el Estado abandone sus responsabilidades de financiamiento, regulación y protección. La discusión parte de mis trabajos sobre filantropía no asistencialista, educación de adultos y libertad educativa. Considera la reducción de intermediarios, la capacitación mediante vouchers, el apoyo a una escuela previamente elegida y la selección de actividades en una modalidad de los Centros de Familia. El proyecto de Ley de Libertad Educativa propone extender esa discusión a las reglas del sistema escolar. La tesis no descansa en resultados de empleo o aprendizaje que todavía deban ser demostrados, sino en la posibilidad de ayudar sin sustituir decisiones que corresponden a sus destinatarios. Para ejercerlas hacen falta recursos, alternativas accesibles e información comprensible. En educación, la autonomía escolar permite desarrollar proyectos diferentes y la evaluación aporta elementos para conocerlos. Reconocer el derecho a elegir es un comienzo; la pregunta decisiva es si quienes necesitan ayuda cuentan con medios para hacerlo.