La República de El Salvador, caracterizada por patrones culturales autoritarios, gobiernos de corte oligárquico de sucesión familiar (Siglo XIX), dictaduras militares unipersonales (1931 – 1944) y de conformación partidaria (1950 – 1979), gobiernos civiles de contención comunista (1984 – 1989), administraciones neoconservadoras en lo político – ideológico y de liberalización en lo económico (1989 – 2009); así como gobiernos discursivamente socialistas y administrativamente pragmáticos (2009 – 2019); dibujan el panorama previo a la irrupción de la administración Bukele, cuyo principal signo distintivo ante los ojos atentos de políticos, analistas y ciudadanos de la región centroamericana; es su enorme popularidad construida a base de decisiones radicales en materia de seguridad, gobernabilidad, gestión del territorio y relaciones exteriores.

En fechas recientes, el Presidente Nayib Bukele en el contexto de su discurso relativo al cuarto año de mandato presidencial en el recinto de la Asamblea Legislativa – quedando uno para finalizar – anunció en primicia la reforma electoral en materia municipal y parlamentaria de cara a los comicios a celebrarse el año dos mil veinticuatro, que en lo sustantivo reduce el número de Diputados y Diputadas de ochenta y cuatro a sesenta, así como una merma significativa del número de Municipios en el país. El denominador común de ambas reformas, en la lógica del mandatario - aunque en estas líneas se hará referencia estrictamente a la reforma electoral legislativa - se orienta a una responsable adecuación del número de legisladores respecto a la población, un uso adecuado de recursos públicos en lo que a remuneración se refiere, así como atacar la lógica que está a la base de la distribución de escaños bajo la fórmula electoral de cocientes y residuos (Hare – restos mayores), la cuál garantizaba espacios de negociación, privilegios y perpetuidad a políticos sin adecuada representatividad.