Tener ministerios nacionales que se entrometen en funciones locales es una desviación del federalismo que contribuye a una deficiente gestión pública.

Considerando tanto los datos de pobreza como los resultados de las pruebas APRENDER, se concluye que un tercio de los niños son pobres y no acceden a educación básica de calidad. A las claras esto los condena de por vida a la pobreza. La solución no es más gasto social, sino un ordenamiento integral del Estado. El gasto público social persigue dos objetivos:

Destinando fondos públicos a educación y asistencia social, además de vivienda, agua, cloacas y salud pública, se busca evitar la pobreza y equilibrar la distribución de oportunidades. Ahora bien, a comienzos del siglo XXI, el gasto público social (excluyendo el gasto previsional y universidades) en nuestro país era de 12% del PBI. Hoy, se ubica alrededor del 15% del PBI. La Constitución Nacional establece que la Nación solo se encarga de funciones taxativamente enumeradas y las que las provincias le hayan delegado expresamente.

Como las funciones sociales no fueron asignadas a la Nación, ni tampoco delegadas, las provincias con sus municipios son los responsables de gestionar los servicios sociales. Aunque, la Nación concentra recursos impositivos y se impone en estas funciones que no le competen. A comienzos del siglo XXI, la Nación invertía un 3% del PBI en estas funciones y actualmente un 5% del PBI (a través de transferencias a las provincias y gastos administrados centralizadamente).

¿Qué resultados se alcanzaron con estas intervenciones?

Considerado la información brindada por las pruebas APRENDER y del INDEC, vemos que el 50% de los niños menores de 14 años forman parte de los hogares pobres, el 70% de los niños pobres tienen bajo desempeño en lengua y matemática y esto implica que el 35% de los niños en Argentina son pobres con dificultades para leer, escribir, sumar y restar. En pocas palabras, estos datos muestran el fracaso de las intromisiones de la Nación en funciones provinciales. Siendo que 1 de cada 3 niños termine siendo pobre y le falte educación, significa que una tercera parte de la población ya está condenada de por vida a la pobreza. De adultos, sin educación, el daño social es irreversible. Por esto, no es exagerado afirmar que la informalidad y el asistencialismo vinieron para quedarse.

La solución pasa por mejorar la gestión del gasto y no incrementarlo. Por eso resulta importante replantearse los roles entre jurisdicciones. La Nación debe dejar de superponerse interfiriendo en el financiamiento y la gestión de funciones provinciales y municipales. Esto solo implica concentrar esfuerzos en medir y hacer públicos los resultados de las provincias para que las dirigencias locales sientan la presión de dar respuesta. Esta es la mejor contribución que la Nación puede hacer al desarrollo social. Aunque parece un cambio muy disruptivo, es la forma en que operan países con excelentes resultados sociales, como Canadá y Australia.

Canadá tiene uno de los mejores sistemas de educación del mundo y no tiene ministerio de educación nacional. También es muy valorado el sistema de salud de Canadá. En este caso, hay un ministerio de salud nacional, pero no se dedica a ayudar a las provincias en el financiamiento y la gestión de los hospitales públicos provinciales, sino a coordinar lineamientos de políticas, investigación, medición de resultados sanitarios e información a la población.

En síntesis, tener ministerios nacionales que se entrometen en funciones locales es una desviación del federalismo que contribuye a una deficiente gestión pública. Con una crisis económica que se agudiza aumentan las presiones para un ajuste fiscal. El ajuste puede morigerar el desequilibrio macroeconómico en el corto, pero a costa de profundizar el mal funcionamiento del Estado. Para salir de este sendero, se necesita un ordenamiento integral del Estado que lleve al equilibrio fiscal junto con una sustancial mejora en la calidad de la gestión pública.