El programa con el FMI no garantiza crecimiento, sino que busca evitar una espiralización de la crisis. El FMI quiere garantizarse que el eje del programa siga intacto.

Recientemente, se decidió avanzar con el anuncio del bono de emergencia para jubilados, trabajadores informales y monotributistas A y B, a pesar de las escasas posibilidades de que el impuesto a la “renta inesperada” sea aprobado por el parlamento. Al unísono, se ratificó al ministro de Economía. La idea es darle oxígeno, de cara a la tarea clave que se viene en la gestión del acuerdo: la suba de tarifas de luz y gas en junio. Además, moderar la licuación de ingresos y de la propia base electoral donde se aplicarán los mayores ajustes tarifarios. Y enviar un mensaje conciliador dentro de la interna.

El plan expansivo, después de la derrota en septiembre de 2021, ahora se licuó y se financiará con recaudación extra que la inflación aportará este año al fisco. Con una inflación (corriendo arriba del 55% anual) que puede cerrar en el orden del 60%, la recaudación adicional treparía casi 1 punto del PBI (unos $700.000 millones), sobre lo estimado en el acuerdo con el FMI en base a un techo proyectado de inflación del 48%. Inflación es tributación sin legislación, decía Milton Friedman.

El costo fiscal total del bono de emergencia sería de unos $85.000 millones (0,26% del PBI) y alcanzaría en total a unos 12 millones de personas (5,4 millones de trabajadores informales, que recibirán $18.000 en dos cuotas, en mayo y junio, al igual que 680 mil monotributistas, y unas 470 mil personas en servicio doméstico).

Para el FMI, el bono de emergencia no es relevante en las cuentas del programa económico acordado, pero sí lo es continuar con el aumento de tarifas. Los subsidios a la energía y el transporte (en 2021 llegaron a 3 puntos del PBI, de los cuales 2,5% son energía) en los primeros 3 meses del año volvieron a desmadrarse. Cammesa ya consumió en el primer trimestre casi la mitad del presupuesto para todo el año. Con la disparada de los precios de la energía por la guerra, es difícil que este año se cumpla la meta de recorte del 0,6% del PBI en los subsidios. No obstante, el FMI exige avanzar con el descongelamiento de tarifas para fijarle un tope y encuadrar el programa en una tendencia de reducción del déficit fiscal.

Con el bono de emergencia no se ataca el problema de la distribución. El problema es macroeconómico. En otras palabras, cómo salir del escenario de crisis permanente y evitar que, en algún momento, se espiralice profundizando todos los problemas: pobreza, desigualdad y crisis política. Lo que deposita el Estado en un bolsillo de los sectores más vulnerables, se va cada vez más rápido, cuando hay que pagar los aumentos de precios, y de eso el Estado recauda una parte para poder financiar la próxima compensación. Que alcanzará para menos.

Desde que se aprobó la movilidad previsional, en 2009, cada aumento jubilatorio (2 veces al año, marzo y septiembre, hasta 2017) implicaba una suba del haber real en esos meses y luego un descenso por la erosión inflacionaria hasta el próximo aumento. Con una inflación del 25% (salvo los picos de 2014 y 2016), el “serrucho” funcionaba con cierta estabilidad. Pero, desde 2018, con la inflación acelerándose al 50%, el “serrucho” (con 4 ajustes en el año) se inclina y el poder adquisitivo de las jubilaciones cae. Con estos rangos de inflación, las subas de un mes son mayores, ya sea porque ajustaron por inflación pasada, como en diciembre de 2019, y/o porque se otorgan bonos de refuerzo y el ajuste del haber real, por la licuación inflacionaria, es cada vez más rápido (a lo sumo dos meses).

El programa con el FMI no garantiza crecimiento, sino que busca evitar una espiralización de la crisis. El FMI quiere garantizarse que el eje del programa siga intacto. Es decir, levantar anclas del dólar oficial, tarifas y combustibles, para no acumular atrasos que deriven en un estallido posterior, subir la tasa de interés (pese al roll-over de las Leliqs) para acumular reservas en el BCRA y contener la brecha y aplicar un ajuste fiscal y monetario. Todo esto como reaseguro. A menor certidumbre y confianza en la política económica, mayor ajuste vía licuación inflacionaria, tasa de interés y nivel de actividad.