Para consolidar el nuevo escenario se debe acelerar al máximo posible la promoción de las inversiones productivas, que son las aseguran la permanencia de las reformas creando una nueva cultura.

Luego de 80 años de crisis y decadencia iniciamos al cambio paradigmático esperado, aunque vemos con preocupación la resistencia de sectores prebendarios que siguen poniendo trabas a las indispensables reformas como la laboral, previsional y penal entre otras, que demoran la reactivación económica, la generación de empleo y la seguridad. Por eso postulamos que para consolidar el nuevo escenario se debe acelerar al máximo posible la promoción de las inversiones productivas, que son las aseguran la permanencia de las reformas creando una nueva cultura.

Además, el nuevo paradigma impone olvidar la cómoda parálisis provincial a la espera del soporte del gobierno nacional y entender que la revolución productiva tiene que ocurrir proactivamente desde las economías regionales, ya que significa desarrollo económico descentralizado y equilibrado, a partir de diseñar las provincias sus propios planes estratégicos de largo plazo.

Estas economías son clave para el crecimiento y la diversificación produciendo beneficios y oportunidades con base en la productividad y la innovación, reduciendo la asimetría entre lo urbano y lo rural. También fortaleciendo la producción local y regional sobre las cadenas de valor que generan empleo interno, reteniendo el talento y evitando la migración. Para ello, también es necesario planificar la inversión en rutas, puertos, servicios y comunicaciones para potenciar el desarrollo económico sostenible.

En esta línea, el aprovechamiento de las tierras fiscales improductivas de las provincias puede tener un impacto significativo acelerando las inversiones productivas en sectores como el agroganadero, inmobiliario, minero, forestal, industrial, turístico, ictícola, etc, lo que lleva al aumento del comercio de bienes y servicios en la región, pues atrae inversores nacionales e internacionales que estimulan el crecimiento. La puesta en juego de tierras improductivas abre oportunidades para diversificar la matriz de una región haciéndola resiliente a los cambios del mercado y generando mayores ingresos fiscales. Pero en esto, también es fundamental asegurar la explotación en modo sostenible, protegiendo los ecosistemas locales, previniendo la degradación del medio ambiente y adhiriendo a las comunidades locales para que compartan la visión y sean aliados, como parte de un proceso estratégico responsable, creíble y respetado.

Además, el desarrollo de las tierras improductivas implica inversiones iniciales significativas, lo que necesita del acceso al financiamiento, a la capacitación y el desarrollo de proveedores para poder avanzar con los nuevos proyectos. Para esto, es indispensable contar con un adecuado marco legal y regulatorio que promueva el riesgo del capital privado pero respetando la propiedad, el impacto ambiental, el desarrollo comunitario y los permisos para uso del agua y los recursos locales, y donde no fallen los controles técnicos preventivos.

Conscientes de la necesidad de acelerar estas inversiones que permitan consolidar rápidamente el cambio en marcha, es la conveniencia del uso como instrumento potenciador, del fideicomiso para canalizarlas de forma eficiente y segura, especialmente en los proyectos que involucran el uso de tierras fiscales, que son aquellas de propiedad pública bajo la órbita del Estado, pudiendo incluir edificios, galpones, campos, lotes urbanos, bosques, etc.

Así como venimos proponiendo a la soporífera AABE desde hace años el estudio y confección de un inventario integral de los bienes del Estado Nacional que calculamos en más de 80.000, para volcarlos a proyectos mixtos de la Economía Real, ahora enfatizamos con que el apoyo al cambio tiene que venir del interior, y por eso los estados provinciales y municipales deben diseñar sus planes para poner a producir, a través del motor que es la iniciativa privada, las tierras fiscales con proyectos que produzcan beneficios económicos con impacto en el interés público.

De esta manera, el trabajo integrado del Estado, las universidades, las instituciones técnicas y el capital privado podrían diseñar una batería de fideicomisos de administración, inversión y garantía para proyectos específicos, donde los fiduciarios privados y los sociales en su condición de titulares, son responsables de la gestión del proyecto sobre tierras fiscales no aprovechadas.

Obviamente, el trabajo de estos fiduciarios idóneos aportaría valor al sistema por una mayor eficiencia, supervisión y control, optimizando recursos y riesgos, con la seguridad jurídica que aporta el fideicomiso para proteger los intereses de todos los participantes. Por eso las ventajas son inigualables ya que permiten atraer rápidamente al capital inversor institucional e individual lo que facilita el financiamiento. Pero también dada su flexibilidad, permite diseñar acuerdos a medida de los proyectos con una mayor transparencia, garantías y las rendiciones de cuentas necesarias, especialmente cuando involucran bienes públicos. En definitiva, los proyectos, adecuados a la realidad local y protegidos por fideicomisos deben responder a una visión de futuro con estrategias sólidas, gestión idónea y manejo de riesgos para proteger a los inversionistas y garantizar la viabilidad de cada uno.

En definitiva, se trata de apoyar, acelerar y consolidar el cambio decidido por los argentinos, para que los históricos beneficiarios del negocio de la pobreza y la mediocridad cultural no puedan impedirlo ni demorarlo. Por eso proponemos una “tríada sinérgica”, donde la revolución productiva desde las economías regionales es un componente esencial para acelerar y fortalecer el desarrollo económico y social de forma sostenible, priorizando recursos capacitados locales, fomentando la innovación y promoviendo políticas descentralizadas.

El aprovechamiento de las tierras fiscales improductivas es el segundo componente clave por el rápido impacto económico positivo, generando empleo, atrayendo inversiones y diversificando la base económica. Pero es vital evaluar los desafíos asociados con una planificación estratégica que considere la sostenibilidad ambiental y social para evitar conflictos y disminuir riesgos; si se aborda de manera adecuada, esta estrategia puede ser una herramienta poderosa para acelerar el desarrollo económico y social en las economías regionales.

Finalmente, la tercera pata de esta tríada creadora de valor son los fideicomisos, herramienta flexible de valor indiscutible para gestionar y financiar proyectos en este tipo de tierras, al ofrecer una estructura legal sólida, transparente y de mayor garantía, convirtiéndose en una opción expeditiva para desarrollar la economía real a nivel federal.

Sin embargo, es fundamental ser muy prudentes al abordar los desafíos asociados a la implementación de estos proyectos, diseñando de manera cuidadosa para garantizar su éxito y sostenibilidad a largo plazo, evitando las defraudaciones que hemos conocido a través de los experimentos realizados con los fondos fiduciarios.—

Doctor en Dirección de Empresas. MBA. Presidente de la AAFyFID. Profesor Titular de UCEMA