De no mediar un ordenamiento integral del Estado, seguirá prevaleciendo la intrínseca propensión a gastar por encima de los ingresos y no será útil ningún cambio de régimen.

Queda claro que un cambio en el régimen monetario no alcanza para forzar la eliminación del déficit fiscal. La solución son reformas estructurales que contemplen el ordenamiento integral del Estado. Eliminar solapamientos entre nación, provincias y municipios es fundamental.

Más allá de cuál es el mejor régimen monetario y cambiario, el problema es el déficit fiscal. Una mayor rigidez monetaria y cambiaria no alcanza para exigir que se equilibren las finanzas públicas. No considerar los crónicos déficits fiscales es un error dado que es una característica intrínseca del Estado derivado de su ineficiente organización. Y la mala gestión, en materia de fondos públicos, está dada en la superposición de funciones entre niveles de gobierno.

En todo aquello que refiere a educación, salud, asistencia social, vivienda y urbanismo, la nación dispone de estructuras administrativas que ejecutan acciones que son responsabilidad de las provincias y de sus municipios. De esta forma, se solapan burocracias difíciles de coordinar, siendo que se centraliza la toma de decisiones sobre cuestiones de carácter local. Y ciertamente lo negativo es que se diluyen las responsabilidades. El responsable de los malos resultados queda disgregado.

¿Cómo es la estructura del gasto público?

Para poder visualizar el problema, resulta pertinente observar la estructura del gasto público nacional. Y, según el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, para el 2021 se registra que el gasto nacional, en funciones estrictamente nacionales, es de aproximadamente 15,8% del PBI. Mientras que el gasto en subsidios a la energía y al transporte asciende a 3% del PBI.

Por su parte, el gasto nacional en funciones sociales, que son responsabilidad de las provincias y sus municipios, asciende a 2,5% del PBI. Claramente, si la nación dejará de intervenir en funciones que corresponden a las provincias y sus municipios, no tendría déficit.

En lo que refiere a los subsidios, se debería ir hacia tarifas que reflejen los costos de producir y fortalecer los regímenes de tarifa social que, como el resto de los programas asistenciales, están a cargo de las provincias y sus municipios. El apartamiento no solo significaría ahorrar recursos públicos, sino también facilitar la gestión provincial y municipal.

El traspaso del gasto de Nación a la provincias

Resulta apropiado aclarar que cerrar los programas nacionales en áreas sociales no implica aumentar el gasto de las provincias. En muchos casos implicará dejar construir o expandir escuelas u hospitales que las provincias no pueden ni quieren ponerle docentes o médicos y enfermeras, comprar medicamentos que se vencen antes de que se usen, etc. Este tipo de acciones la mayoría de las veces implican derroches de recursos públicos que entorpecen la gestión.

En tal aspecto, un buen ejemplo también es lo que sucede con el gasto asistencial. Desde nación, se otorga la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta alimentaria y el plan Potenciar Trabajo. A esas mismas personas, desde las provincias y los municipios, se les ofrece planes alimentarios, de materiales para la vivienda y de transferencias de dinero, entre otros. Esto genera una desproporcionada incidencia de gastos administrativos y baja focalización del propio gasto asistencial.

De no mediar un ordenamiento integral del Estado, seguirá prevaleciendo la intrínseca propensión a gastar por encima de los ingresos y no será útil ningún cambio de régimen. Eliminando las intromisiones sobre funciones provinciales, se podrá bajar el gasto público y mejorar la eficiencia. Eliminar el déficit fiscal, permite tener un BCRA que deje de emitir sin respaldo.