Argentina atraviesa, sin lugar a dudas, una crisis en el mercado de trabajo. Entre el año 2012 y el 2023, el total de asalariados privados registrados aumentó en apenas un 4,9%. En comparación, la Población Económicamente Activa, que incluye a todos los argentinos que están empleados o buscan empleo creció un 21,1%, a razón de 2% anual.

Según los datos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), el número total de asalariados privados registrados ha oscilado de manera persistente entre un máximo de 6.400.000 y un mínimo de 5.800.000, equivalente a oscilaciones de +/-5% respecto al promedio 2011-2023. En ese período, solo en 7 años hubo un saldo positivo de creación de empleo privado registrado. Como resultado, el número de trabajadores asalariados registrados privados cada 100.000 habitantes cayó de 14.536 en el año 2012, a unos 13.641 a finales de 2023.

La consecuencia previsible ha sido que, frente al estancamiento del trabajo asalariado privado, los nuevos trabajadores que han ingresado al mercado laboral lo han hecho en el sector público, como independientes o en el mercado informal. Entre el año 2012 y el 2023, la cantidad de trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) aumentó en 35,9% y la de asalariados en el sector público lo hizo en 31,5%. Por su parte, la tasa de empleo no registrado se ha ubicado persistentemente entre el 35% y el 45%, afectando a más de 5 millones de personas.

La primera causa detrás de esta crisis es la inestabilidad macroeconómica que ha tenido el país, fruto de un modelo populista que, paradójicamente, decía defender al trabajador. Pero que, en cambio, al desincentivar el ahorro y la inversión productiva, perjudicaron la creación de empleo de calidad. Desde el año 2011 que Argentina se encuentra en estanflación; en 7 de los últimos 13 años el PBI cayó, y la inflación aumentó del 23% anual en 2011 al 211% en 2023. La segunda explicación la encontramos en las normas específicas que rigen el mercado laboral. Bajo la justificación de cuidar a los trabajadores, se ha desincentivado la contratación y, en consecuencia, excluido a aquellos que pretenden ingresar al mercado de trabajo formal.

El Congreso argentino está frente a una oportunidad de empezar a desanudar la crisis laboral argentina. El Proyecto de “Ley de bases y puntos de partida para la Libertad de los Argentinos” ataca los dos problemas principales que hacen a la rigidez del mercado laboral privado registrado: los elevados costos de entrada y de salida.

La Ley Bases es una oportunidad realista para mejorar la situación. En lugar de apostar por buenas intenciones, va directamente a modificar los incentivos sobre la contratación en blanco. Desde el punto de vista de los costos de entrada, la Ley Bases incorpora varios mecanismos que los reducen, facilitando e incentivando las nuevas contrataciones por parte de las empresas. El más importante es la ampliación de 3 a 6 meses del período de prueba de los empleados (que podrá extenderse hasta 1 año según el tamaño de la empresa). Del lado de los costos de salida, dispone la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, y la habilitación a que empresarios y sindicatos acuerden la modificación del régimen de indemnización por un Fondo de Cese Laboral.

Dicho esto, hay varias modificaciones pendientes que consideramos deberán abordarse en otros proyectos de Ley si es que se pretende dinamizar aún más la contratación. Estos incluyen privilegiar las negociaciones a nivel empresa por sobre las sectoriales, la eliminación de la ultraactividad de los convenios, y la baja de impuestos que permitan reducir los costos laborales no salariales.

Argentina tiene un enorme potencial para atraer inversiones productivas en el corto plazo, pero si el marco normativo no mejora, este no se convertirá en una genuina recuperación del empleo privado registrado. Las reglas laborales actuales son discriminatorias y regresivas, pues con la justificación de dar derechos a aquellos que ya están en el mercado laboral dejan afuera a los que quieren ingresar al mismo. En las últimas elecciones una mayoría de la sociedad votó por un cambio de rumbo y la Ley Bases es un instrumento concreto para empezar a implementarlo.

Economista UCEMA y Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso.