La política de libertad educativa, que lleva décadas en construcción en el seno del Partido Republicano, finalmente podría consolidarse.

En diciembre de 2016 escribí en este mismo espacio una nota motivada por el inesperado triunfo de Donald Trump. Treinta años después de que Ronald Reagan lamentara no haber logrado una legislación que otorgase a las familias de bajos ingresos el derecho a decidir sobre la escolaridad de sus hijos, Trump llegaba a la presidencia retomando esta agenda y con el objetivo de hacerla realidad.

Hoy Trump es nuevamente presidente electo de los Estados Unidos, y este hecho podría marcar un antes y un después en el sistema educativo norteamericano. La política de libertad educativa, que lleva décadas en construcción en el seno del Partido Republicano, finalmente podría consolidarse.

Desde los años ‘80, figuras como Reagan, Mitt Romney y Jeb Bush defendieron la idea de que los padres deben poder elegir las escuelas a las que concurran sus hijos. Sus esfuerzos enfrentaron una oposición implacable que frenó el avance de la propuesta. Trump, a diferencia de sus predecesores, ha sabido capitalizar el creciente descontento de las familias, convirtiendo la libertad educativa en una bandera que hoy cuenta con un apoyo social sin precedentes.

Durante su primer mandato, impulsó esta política con el nombramiento de Betsy DeVos como secretaria de Educación, lo cual desafió directamente el poder del sindicato docente. DeVos, respaldada por la American Federation for Children, trabajó para que los fondos educativos siguieran a los estudiantes en lugar de a las escuelas, generando programas que permitiesen a las familias elegir la mejor opción educativa para sus hijos.

Esta visión encontró la feroz resistencia del sindicato docente y del establishment educativo, quienes reconocen en la libertad educativa una amenaza a su poder monopólico y, por cierto, no tan sólo en los Estados Unidos; sino pensemos en las reacciones que la sola mención del tema genera en nuestro país.

El nuevo triunfo de Donald Trump provee un formidable impulso a esta política, y no sólo desde el ámbito del poder ejecutivo. La libertad educativa obtuvo un fuerte respaldo social durante las elecciones de medio término de 2022, cuando se convirtió en un tema clave para el electorado.

Este fenómeno no surgió de la nada. La pandemia de Covid-19, con sus prolongados cierres de escuelas y la ineficiencia de muchas instituciones para responder al desafío educativo, hizo que las familias vieran de cerca las limitaciones de un sistema público que no pudo adaptarse a las necesidades de los estudiantes.

Para millones de familias de bajos ingresos no había otra opción que permanecer en un sistema que fallaba en proveer una educación adecuada. A partir de la pandemia la libertad educativa pasó de ser una idea minoritaria a una demanda cada vez más visible.

La ola está en marcha y el triunfo de Trump podría convertirla en un tsunami que marque el inicio de una revolución educativa. ¿Y por casa, cómo andamos?

Hoy, por primera vez en Argentina, un gobierno no considera la libertad educativa como un tabú, sino como una posibilidad concreta que otorgaría a las familias el poder de decidir. La libertad educativa daría voz a aquellas familias que hasta ahora no han tenido opción alguna, atrapadas en un sistema que, muchas veces, no responde a sus necesidades o a sus valores.

Que esta nueva realidad en EE. UU. nos inspire a avanzar hacia una educación basada en la libertad de elección, donde el derecho de decidir qué es lo mejor para sus propios hijos no sea un privilegio de pocos, sino un derecho para todos.