Muchas veces se argumenta que un sistema de vouchers educativos es fiscalmente insostenible. Esta nota ilustra lo erróneo de este preconcepto.

Muchas veces se argumenta que un sistema de vouchers educativos es fiscalmente insostenible. Esta nota ilustra lo erróneo de este preconcepto.

Comencemos por recordar como usualmente se define un sistema de estas características. El mismo fue originalmente propuesto por Milton Friedman en 1955. Su lógica es la siguiente, los padres de niños en edad escolar reciben un voucher por parte del gobierno el cual puede ser utilizado para pagar los gastos de matrícula de cualquier escuela que esté participando en el programa, ya sea pública o privada. De esta forma el Estado continuaría financiando a la educación, pero los fondos no se asignarían a las escuelas sino a los padres de los alumnos.

La diferencia no es menor. Un sistema de vouchers cambiaría la relación entre los padres y las escuelas. Al poder elegir a que escuela van a enviar a sus hijos, los padres comenzarían a percibir a las escuelas como proveedoras del servicio educación y estarían en una mejor posición para demandar la excelencia de este.

Es claro que, dado que hoy en nuestro país una importante cantidad de estudiantes ya concurre a escuelas de gestión privada, un sistema como el aquí descripto sería fiscalmente insostenible; más aún, sería impracticable, dado que la educación en la Argentina es de carácter federal. Sin embargo, ambos impedimentos no constituyen reales restricciones, si lo analizamos con mayor detenimiento.

Por ejemplo, el gobierno nacional puede fijar criterios específicos para asignar los vouchers como un subsidio, según las condiciones económicas de las familias. Una reciente ilustración de ello lo constituye el denominado Programa Vouchers Educativos establecido por el gobierno del presidente Milei en marzo pasado y prorrogado hasta diciembre, frente a la imposibilidad de muchas familias de clase media de continuar abonando las cuotas de colegios de gestión privada. Si bien el programa no constituye realmente un voucher educativo, sino un subsidio con fines específicos representa un adecuado ejemplo.

Retornemos a la disruptiva idea propuesta por Milton Friedman. Al respecto, Gary Becker, Premio Nobel de Economía 1992, consideraba que “el mejor sistema de vouchers se limita a las familias pobres. Esto se debe en parte a razones fiscales, pero principalmente a que el cuartil más pobre de la población es el que más necesita una mejor educación, y los pobres son los que tienen más probabilidades de beneficiarse de la competencia de las escuelas privadas”.

Becker fundaba su afirmación en el hecho que, en su criterio “el actual sistema funciona razonablemente bien para los estudiantes de clase media y alta, ya que sus padres ejercen un control considerable sobre la escolarización de sus hijos. Cuando estos padres no están satisfechos con las escuelas públicas, pueden tener medios para inscribir a sus hijos en escuelas privadas”, y agrega que: “este sistema no hace justicia a las demandas de escolarización de las familias más pobres que necesitan buenas escuelas para superar la débil formación y aprendizaje familiar. Las familias desfavorecidas no pueden permitirse la matrícula de una escuela privada. Por lo general, deben aceptar cualquier escuela pública que esté disponible para ellos, sin importar cuán malas sean”.

¿No es la foto de nuestra realidad? Un programa de vouchers educativos asignados a las familias más pobres de la sociedad para la educación de sus hijos representaría un importante apoyo para los niños y jóvenes que menos tienen y más necesitan. Es difícil imaginarse una mejor política social.

Edgardo Zablotsky es miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la Universidad del CEMA