Al permitir que regímenes abiertamente autoritarios dictaran cátedra sobre libertades desde sus estrados, las instituciones multilaterales desnaturalizaron su razón de ser.

La narrativa predominante suele presentar a Donald Trump como el arquitecto de la ruptura del orden global. Sin embargo, un análisis más riguroso sugiere que Trump es la consecuencia de un desorden internacional que se venía gestando desde las cenizas de la Guerra Fría. El sistema basado en la democracia liberal y la protección de los derechos humanos no colapsó tras la llegada de Trump a la Casa Blanca; se desmoronó por su propia incapacidad para frenar el avance autocrático y por la pérdida de su autoridad moral.

Este proceso de erosión encontró su punto de inflexión mucho antes. Quizás fue el 11 de septiembre de 2001 el momento en que el eje de la política exterior norteamericana dejó de ser la expansión de valores (o la expansión democrática, como en los años de Clinton) para convertirse en un ejercicio de supervivencia.

Mientras tanto, a partir de 2010, empezó a ganar fuerza en la ONU una interpretación retorcida de la soberanía nacional. Las autocracias (Rusia, China y varios bloques africanos y latinoamericanos) lograron imponer la idea de que los derechos humanos son "culturales" o "soberanos". Los organismos internacionales, en lugar de denunciar esto, lo aceptaron para evitar bloqueos internos, lo que resultó en el uso sesgado de los “derechos humanos”.

Lejos de ser principios universales e inalienables, estos se transformaron en herramientas de presión política utilizadas con un sesgo evidente: severas para los enemigos marginales, pero inexistentes para las autocracias estratégicas que supieron capturar los mecanismos de control internacional. El mejor ejemplo de esto lo constituye lo que hoy ocurre en Irán.

Los organismos multilaterales, diseñados para ser los guardianes de este orden, terminaron siendo víctimas de un vaciamiento institucional paulatino. Al permitir que regímenes abiertamente autoritarios dictaran cátedra sobre libertades desde sus estrados, las instituciones perdieron su razón de ser. Se convirtieron en foros donde la retórica democrática servía para encubrir la consolidación de modelos iliberales. En este escenario, la democracia no fue derrotada en una gran batalla, sino reemplazada lentamente por un pragmatismo autocrático que los organismos internacionales, por complicidad o impotencia, no quisieron detener.

En América Latina, esta desidia alcanzó niveles críticos. Durante las últimas dos décadas, la región fue testigo de un avance autocrático que las democracias vecinas observaron con una mirada condescendiente. La gestión de Barack Obama, lejos de corregir este rumbo, profundizó el problema: bajo el manto de una diplomacia de "guante de seda", se validaron regímenes como el cubano sin exigir a cambio el más mínimo respeto por las libertades fundamentales. El deshielo no pidió por los presos políticos. Nada, nadie. Esto no solo fortaleció a las dictadura cubana, sino que pavimentó el camino para que otros liderazgos regionales entendieran que el costo de erosionar la democracia era, en la práctica, nulo.

La llegada de Donald Trump simplemente descorrió el velo de esta hipocresía. Su política exterior no creó el desorden, sino que operó sobre él de manera abierta. Al despreciar el multilateralismo y priorizar el interés bilateral y transaccional, Trump solo estaba reconociendo una realidad que ya estaba instalada: que los organismos internacionales ya no eran árbitros legítimos y que el lenguaje de los derechos humanos había sido vaciado de contenido.

Trump no terminó con el orden liberal; simplemente dejó de pretender que ese orden todavía existía en un mundo donde las autocracias habían ganado la partida por abandono de las democracias consolidadas, como las europeas, que mientras esto ocurría discutían regulaciones a las tapitas de agua.

El caso de Venezuela representa el epitafio de esta arquitectura internacional fallida. La región y el mundo no solo fallaron por omisión, sino por una complicidad tejida de silencios y falsas promesas. El proceso de los Acuerdos de Barbados, que supuestamente debía garantizar una transición democrática, terminó siendo una puesta en escena cínica: el régimen incumplió sistemáticamente cada punto del acuerdo —desde la habilitación de candidatos hasta el cese de la persecución— ante la mirada impasible de la comunidad internacional. Ni los países garantes, como Noruega, ni los líderes regionales con peso específico como Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia, mostraron una voluntad real de exigir consecuencias.

Esta falta de firmeza confirmó la tesis del desorden: los acuerdos ya no son compromisos vinculantes, sino herramientas de propaganda para las autocracias que, sabiéndose impunes, utilizan la diplomacia para asfixiar a sus sociedades mientras el mundo, una vez más, elige no inmutarse.