Un Frente de Todos que nació débil y que profundiza sus problemas internos entre el Presidente y el kirchnerismo. Las experiencias que no dieron resultado.

La gestión de Alberto Fernández, está sostenida principalmente por una coalición conformada por el kirchnerismo, sectores del peronismo federal y la fracción liderada por el presidente de la Cámara de Diputados, Segio Massa. La renuncia de Matías Kulfas al Ministerio de Desarrollo Productivo el pasado lunes se presenta como una nueva maniobra para salvar gobiernos de coalición. Por desgracia, la ciencia política y la experiencia histórica revelan que bajo el sistema presidencialista luego de alcanzar mayorías electorales, las coaliciones en el poder se desgastan y quiebran con bastante rapidez.

Basta con recordar que en menos de dos años en la alianza entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso pasó de ser una esperanza de eficiencia y transparencia en 1999 a un conjunto de figuras políticas que se consumían en peleas internas hacia finales de 2001. Las coaliciones de gobierno en la Argentina se han mostrado eminentemente frágiles porque respondiendo a la necesidad electoral de contar con votos para llegar al poder se ven luego erosionadas y paulatinamente desgarradas por la puja interna entre sus propios integrantes cuando enfrentan el desgaste diario de el gobernar, la administración pública y las constantes situaciones de negociación que ello implica.

En el escenario político actual, se observa una vez más esta dinámica de comportamiento. La facción correspondiente al kirchnerismo quiere despegarse de los problemas del gobierno y de las acusaciones de corrupción y malversación de fondos presentadas por el ahora ex ministro, buscando quedar mejor posicionada de cara a las elecciones presidenciales y provinciales de 2023.

Los problemas existentes al interior de la Casa Rosada expresan la eclosión de los inconvenientes constitutivos de una alianza electoral por conveniencia. Además de las dificultades propias de un gobierno en coalición, se le suma el hecho inédito en la historia nacional en el que una vicepresidente tiene más poder que el presidente en ejercicio, y puede de esa manera influenciar la toma de ciertas políticas y decisiones ejecutivas, incluyendo el despedir a miembros del gabinete, descolocando continuamente al primer mandatario frente a la sociedad.

Es también esperable que ante una gestión ineficiente y con pobres resultados, a sus responsables siempre les sería más conveniente presentarse como críticos y ajenos a la misma, aun cuando continúen participando íntimamente de ella como componentes de la coalición del gobierno. Por lo tanto, en el inicio de la preparación para los próximos comicios, no debería sorprender ver cómo aquellos que deberían estar alrededor del timón de mando, tratando de encauzar el rumbo, en realidad se muestren preocupados por abandonar el barco.

Ante la situación económica asolada por la falta crónica de divisas es grave observar que los cambios se producen con una rapidez que parece responder más a ajustes de cuentas internos entre los sectores de la coalición gobernante que a la búsqueda de un mejor gobierno. De este modo, no se brindan certezas ante el sector productivo y potenciales inversores tanto nacionales o internacionales sobre la previsibilidad y la estabilidad política y macroeconómica de nuestro país en el corto y mediano plazo.

Faltan aproximadamente 500 días para las elecciones presidenciales de 2023 y es una pena que los cambios actuales muestran que el gobierno continúa careciendo de planes concretos para reactivar fehacientemente la economía, combatir la inflación, generar empleo genuino y ampliar las oportunidades e incentivos para la inversión productiva.

Es claro que estas desavenencias y contradicciones llevan a una parálisis en la toma de decisiones presidenciales que tiene un impacto pernicioso directo en la calidad y la celeridad con la cual se deberían idear, adoptar e implementar las políticas públicas que son necesarias para nuestro país, en especial en el terreno socioeconómico. Pero lo que no está totalmente claro es si esta división existente es real o es simplemente una puesta en escena para apartar la atención de la platea de las preocupantes dificultades reales presentes.

La Argentina arrastra agudos problemas generados por inconvenientes estructurales de larga data que necesitan ser resueltos. Al mismo tiempo, estos se ven potenciados por las disputas entre el kirchnerismo y los sectores del peronismo gobernante. Se cambian personas, pero no las políticas que llevan a la declinación. La atención de los gobernantes esta puesta en otro resultado lo que parece ratificar la conocida “ley de hierro de la oligarquía.” Según la cual los intereses de quienes conquistan el poder están abocados a mantenerse en el mismo a toda costa, aún en detrimento del bienestar de la sociedad que los puso en ese lugar.